Un nuevo capítulo se abrió en el llamado caso Caval. Esta vez, la empresa Silca, del empresario Hugo Silva, que compró los terrenos de Machalí a la empresa Caval, de la cual es dueña en un 50% Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Bachelet, presentó una querella por estafa aduciendo que el cambio del Plan Regulador que permitiría que los terrenos se valorizaran, no será alterado en el corto plazo debido al escándalo desatado desde que se conoció que Compagnon junto a su marido Sebastián Dávalos, pidieron un crédito de 6 mil 500 millones de pesos al Banco de Chile, en una reunión en la que estuvo presente Andrónico Luksic
De forma voluntaria ambos decidieron dar fin a su militancia en el Partido Socialista. La noticia fue confirmada por el presidente de la colectividad Osvaldo Andrade.
Uno de los debate abiertos a partir de las revelaciones conocidas sobre el llamado caso Caval, tiene que ver con la eventual necesidad de que nuestro país se dote de una legislación que permita que el Estado, cuando se producen los cambios de uso de suelo, producto de la modificación de un plano regulador, por ejemplo, pueda acceder a una parte de la plusvalía que se genera en un determinado terreno, y que no sólo sea ganancia para los privados.
La empresa Exportadora y de Gestión Caval Ltda. concretó la venta de los terrenos en Machalí por un total de 9 mil 500 millones de pesos a la empresa Silca Servicios Ltda. de la cual es representante legal el empresario Hugo Silva. La empresa de la cual una de sus dueñas es Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Bachelet, canceló el polémico préstamo de 6 mil 500 millones al Banco de Chile. Ahora el caso seguirá los procesos políticos y judiciales respectivos.
Al ya polémico préstamo que Banco de Chile concediera a Caval luego de reunirse con Sebastián Dávalos y su esposa, se suman las declaraciones de Sergio Bustos, trabajador que demandó laboralmente a la empresa. Según su relato, los abogados de la firma le habrían ofrecido dinero a cambio de silencio.
A través de una declaración interna, el vicepresidente de Banco de Chile asegura sentir no haber previsto las consecuencias de un encuentro “aceptado con la sola intención de actuar con deferencia”.
Las revelaciones sobre el llamado caso Penta, así como el millonario crédito otorgado por el Banco de Chile a la empresa Caval, de propiedad de la nuera de la Presidenta Bachelet, o el mal uso de las asignaciones parlamentarias que se investiga en el caso de los senadores (Ind.) Carlos Bianchi y (PPD) Eugenio Tuma, han abierto el debate sobre las consecuencias a nivel político y social que estos pueden tener a mediano y largo plazo. Analistas proyectan los escenarios que se abren tras estos escándalos.
El Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS 9 de Carabineros allanó, durante esta tarde y en el marco del caso Caval, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda en la región de O’Higgins y las dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo MINVU en Santiago, que involucra a la compra de unos terrenos en la comuna de Machalí por la empresa de la nuera de la Presidenta Bachelet
El superintendente Eric Parrado descartó la presencia de “irregularidades” en la transacción. Desde la Alianza surgieron las primeras reacciones en contra de la investigación realizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF).
En medio de los cuestionamientos que ha generado el otorgamiento de un crédito por 6.500 millones de pesos a la empresa de Natalia Compagnon, nuera de Michelle Bachelet, se ha abierto el debate en torno del rol y atribuciones del cargo de Primera Dama o Primer Marido, que actualmente ejerce Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta. Mientras algunos señalan que esta institución debería eliminarse de la Administración Pública, otros postulan una regulación efectiva de sus funciones para evitar posibles conflictos de intereses.
La reciente publicación del otorgamiento de un crédito para la empresa Caval, de la cual la nuera de la Presidenta Bachelet es dueña en un 50%, ha abierto el debate sobre las formas en las que los planes reguladores son modificados y los beneficios económicos que de ello obtienen privados y no el Estado. Patricio Herman presidente de la fundación Defendamos la Ciudad hace hincapié en la necesidad de promulgar una ley que permita al Estado capturar parte de esos beneficios. Por su parte autoridades de Rancagua y Machalí anunciaron que de cumplir las condiciones interpuestas por los municipios, aprobarán la modificación al Plan Regulador.
El diputado (RN) José Manuel Edwards anunció que la Alianza investigará si hubo “tráfico de influencias” en el otorgamiento de un crédito bancario a la empresa Caval propiedad de Natalia Campagnon, quien aparece como la dueña del 50% de la compañía que recibió un préstamo por 6 mil 500 millones de pesos, de parte del Banco de Chile.
