Javiera Calisto subrayó que desde un comienzo Andes Iron no cumplió con los estándares exigidos para el desarrollo de la minera cerca de un área de alto valor natural. Además, pidió a la empresa no seguir dividiendo a la comunidad.
Diversos organismos públicos entregaron informes negativos a la instancia que preside la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, dado el impacto que provocará el proyecto minero en la Reserva Nacional Pingüino Humboldt.
Una de las razones de por qué se está registrando un aumento en la ocurrencia de este ilícito es, de acuerdo al último estudio publicado por Oceana, la creciente demanda internacional y el incremento en el precio del recurso.
En el documento presentado, la ONG pidió verificar la ilegalidad de los procedimientos que aumentaron artificialmente las cuotas de captura de merluza común, merluza austral y congrio dorado durante la administración anterior.
“El mayor problema que hay ahí, es que nunca se ha establecido la protección final de la zona de la Higuera” afirmó la directora de la ONG Oceana, Liesbeth Van Der Meer.
Ad portas de que el Comité de Ministros se reúna a votar la iniciativa de Andes Iron, la organización de conservación marina publicó un reporte con todas las irregularidades detectadas tanto en la evaluación ambiental como en la etapa judicial.
El proyecto minero valorado en 2.500 millones de dólares, propiedad de la familia del empresario Carlos Alberto Délano y la familia Garcés, continua en disputa por la realización de la obra en la Región de Coquimbo.
Parlamentarios junto a organismos medioambientales plantearon que acudirán a todas las instancias para detener el proyecto que pretende instalarse en la Región de Coquimbo colocando en riesgo la Reserva Natural Pingüino de Humboldt.
La directora ejecutiva de Oceana Chile se refirió a la aprobación del proyecto Dominga, por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo y de las irregularidades que se han visto durante su tramitación.
En lo detectado está que la acumulación de descargas de varias embarcaciones artesanales en los pozos de almacenamiento afecta el seguimiento de la línea de producción, impactando además los estándares ambientales de las comunidades locales por la emanación de malos olores que ya ha sido denunciada tanto en Coronel como en Talcahuano.
El puerto, un proyecto de la empresa CAP Minería, ingresó al proceso de evaluación ambiental en 2012 y obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) el 30 de enero de 2015. Tras ello, diversas organizaciones locales y nacionales presentaron reclamaciones.
La reciente denuncia sobre el falseamiento de la cantidad de peces muertos en un centro de cultivo de la compañía noruega encendió las alarmas sobre si la práctica u otro tipo de ilegalidades es frecuente en las empresas del rubro. Organizaciones ecologistas llaman a intensificar las fiscalizaciones por parte de los organismos estatales.
