El director de la Fundación Ciudadanía Inteligente y querellante en el caso de financiamiento ilegal de la política, explicó los motivos por los que Pablo Longueira y Marco Enriquez-Ominami están siendo juzgados.
Si bien organizaciones como Chile Transparente y Ciudadano Inteligente valoraron los nuevos formatos de las declaraciones de patrimonio e intereses emitidas por los más de 60 mil funcionarios públicos que debían realizar este procedimiento, urgieron al Parlamento a aprobar la ley que regula la ‘puerta giratoria’ entre el mundo público y privado para que el sistema de probidad sea realmente efectivo.
Así lo confirman las cifras del Observatorio Anticorrupción de las fundaciones Espacio Público y Ciudadano Inteligente, las cuales si bien muestran algunos avances en la Agenda de Probidad y Transparencia impulsada por el Gobierno, aún se está al debe en la institucionalidad y normativas que apuntan a evitar los actos de corrupción en la administración pública.
Con el despacho de la Ley de Probidad en la Función Pública, los funcionarios de los tres poderes del Estado deberán transparentar sus patrimonios y la participación en sociedades que les pudieran reportar conflictos de interés de manera obligatoria. Parlamentarios y analistas valoraron esta iniciativa, sin embargo, hicieron hincapié en algunas áreas en las que se debe mejorar.
