Hace ya 15 años, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas acordaron establecer una agenda de desarrollo, la cual consistía en 8 objetivos básicos a cumplir por los Estados, especialmente en los países con mayores desigualdades y atrasos en sus políticas sociales. Entre estos Guatemala, con elevadísimos niveles de desnutrición crónica infantil, falta de acceso a la educación, mortalidad materna, mortalidad infantil por enfermedades prevenibles, acceso al agua y otros servicios básicos, además de problemas asociados.
El viaje de Michelle Bachelet a la 70° Asamblea General de la ONU en Nueva York, está cruzada por el fallo de La Haya sobre las objeciones preliminares que presentó Chile frente a la demanda marítima de Bolivia. La Mandataria se adelantó al descartar un encuentro con su par Evo Morales aunque sí lo hará con el agente chileno en el tribunal internacional, Felipe Bulnes, todo en medio de una ajustada agenda.
En su discurso ante la Asamblea General en Nueva York, el Pontífice desafió a los líderes mundiales a enfrentar “un afán egoísta de poder y de bienestar material”, así como “la ambición por el lucro”, cuestionando, por ejemplo, “los sistemas crediticios que someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia”.
La presencia de asesores militares rusos en territorio sirio y de modernas armas fabricadas por el gigante euroasiático, ha gatillado la alerta de los países occidentales y una oleada de titulares alarmistas, además de la condena de Estados Unidos.
El Canciller argentino, Héctor Timerman, ha sostenido, en una opinión compartida por países como Bolivia y Venezuela que “lo que realmente debería estar haciendo la Asamblea General de las Naciones Unidas es votar para que Palestina sea un miembro de pleno derecho en una organización que indudablemente necesita reformas”. En cambio Washington, a través de Samantha Power, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, votó en contra y señaló que “esta decisión de izar la bandera palestina en la sede de la ONU no es una alternativa ni un aporte a las negociaciones de paz entre palestinos e israelíes y no acercará las partes a la paz”.
Mientras el país helénico trata de hacer frente al aflujo masivo de refugiados en la isla de Kos, unos cuarenta migrantes murieron, probablemente asfixiados, en las bodegas de una embarcación en el Mediterráneo.
Expertos de las Naciones Unidas recomendaron a Chile fortalecer el marco institucional para proteger los derechos sociales. La observación fue hecha en el marco de la exposición del país ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en Ginebra, Suiza.
Chile rinde examen sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En la presentación responde a las preguntas efectuadas por el Comité de Naciones Unidas al informe que presentó el año 2011.
Chile carece de una ley integral que proteja los derechos de los niños, niñas y adolescentes que viven en el país. La situación, que genera críticas internacionales, sería solucionado en agosto, cuando el Consejo liderado por Estela Ortíz presente el documento que, entre otras cosas, incluirá la figura de un defensor de la infancia.
Cada día las cifras de víctimas por el terremoto de Nepal aumentan. Este domingo se encontraron más de 50 cuerpos en la zona de montañismo de Langtang, donde se teme que otros 100 turistas extranjeros sigan atrapados.
En conversación exclusiva con el programa Feria de Compras Públicas de Radio Universidad de Chile, la contralora (s) Patricia Arriagada Villouta, expuso que desde que asumió, de manera interina como reemplazante del ex titular del organismo Ramiro Mendoza, todos los días han sido intensos al mando de la institución fiscalizadora. Patricia Arriagada además fue enfática al señalar que el rol de la Contraloría “no es beneficiar ni perjudicar a ningún gobierno”.
Este año, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer coincide con uno de los debates más polémicos de la administración de Michelle Bachelet: la despenalización parcial de la interrupción voluntaria del embarazo. Mientras grupos conservadores se han negado sistemáticamente a revertir la criminalización absoluta de esta práctica, organismos internacionales instan a poner fin a la vulneración de derechos que ello conlleva y la sociedad civil exige una legislación acorde a la realidad.
