De acuerdo al abogado constitucionalista Patricio Zapata, el Ejecutivo comete un “error jurídico” con esa interpretación. “Han usado ese argumento para impedirle al Congreso Nacional evaluar una fórmula posible. Es un acto de poder”, opinó.
El profesor y abogado cuestionó a consejeros republicanos de preferir “hablarle a su barra brava” en la discusión por zanjar una nueva propuesta y reparó en los dichos del senador Chahuán de cerrar el debate en caso rechazarse el texto en diciembre.
El abogado constitucionalista abordó las distintas críticas al sistema político que contempla el texto Constitucional y aclaró que la Convención no innovó porque mantuvo el mismo sistema presidencialista que existe desde 1925.
El abogado constitucionalista dijo que es absolutamente legítimo que el Presiente reclame cuando sienta que sus atribuciones están siendo interferidas. Sin embargo, recalcó que el remedio no debe venir unilateralmente desde el Ejecutivo.
Diputadas y diputados de la denominada “Bancada transversal por las 40 horas” se reunieron con el abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien será el encargado de defender el proyecto ante una eventual ofensiva oficialista en el Tribunal Constitucional, para preparar la estrategia con que buscarán evitar que la reducción de jornada laboral a 40 horas sea declarada inconstitucional.
La demanda de la Asamblea Constituyente perdió su novedad y quedó relegada a un espacio –a veces mayor, a veces menor– en los programas de los candidatos presidenciales de centro-izquierda e izquierda. Una situación que contrasta con lo ocurrido durante los anteriores comicios presidenciales, en donde miles de personas marcaron en su voto la “AC”.
Así se desprende del documento elaborado por Patricio Zapata que aprobó el Consejo Nacional. Solo se prohibiría participar a los condenados, sin hacer mención a los investigados que buscan un cupo del partido liderado por Goic.
Como “un despropósito” calificaron desde Marca AC el anuncio hecho por el oficialismo de postergar la reforma que busca generar una nueva Constitución, para priorizar aspectos legislativos que conciten mayor consenso en la Nueva Mayoría. “Nos parece una falta de respeto el que los gobernantes no estén cumpliendo con los compromisos adquiridos programáticamente frente a la ciudadanía”, aseguran.
De las nueve mil actas de los encuentros autoconvocados que han sido recepcionadas por el Gobierno, mil 200 fueron objetadas por errores en los requisitos exigidos. Desde el Consejo Ciudadano de Observadores aseguraron que los documentos serán evaluados caso a caso porque no debe existir ningún tipo de censura en la información presentada en esta etapa.
Integrantes del Consejo de Observadores reconocen descoordinación y molestia con el Gobierno por cómo se ha llevado adelante el proceso constituyente y advierten que pueden surgir nuevos desencuentros, por lo que llamaron al Ejecutivo a hacer un esfuerzo y mejorar los canales de comunicación.
Mientras figuras de la Nueva Mayoría cuestionaron el proceso que desarrolla el Gobierno, especialistas y organizaciones sociales sostienen que hay sectores del oficialismo que “no quieren una nueva Constitución” y “no están dispuestos a cambiar nada de fondo en la actual institucionalidad”.
Mientras los 216 facilitadores del proceso constituyente fueron capacitados para asegurar la transparencia de sus distintas instancias, desde la oposición continúan las críticas al Gobierno, esta vez por el “docurreality” que el Ejecutivo llevará a cabo para incentivar la participación de la población en el proceso.
