Quien fuera condenado a diez años de presidio por el “caso Torres de San Borja” fue captado en un vídeo dado a conocer póstumamente y en el que anuncia el lanzamiento de un libro en el que cuenta la “verdad” sobre los detenidos desaparecidos.
La presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos conversó con nuestro noticiero sobre las especulaciones de cierre del penal Punta Peuco y calificó la situación actual como un “docu reality” en el no se considera el problema de fondo: la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.
En entrevista con nuestra emisora, el profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, criticó duramente el anuncio de la Reforma Constitucional promovido por la Presidenta Bachelet a días de dejar el gobierno y lo califica como “una pose para una foto”, lo que se condice, en su opinión, con la forma en que se elaboró el programa de gobierno: una lista de supermercado con distintas demandas sociales destinado a obtener los votos necesarios para quedarse nuevamente con la presidencia.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos apuntó a Michelle Bachelet por no haber tomado una decisión en el tema, más cuando tenía el poder de decidir sobre el futuro del penal. Respecto de la llegada de Sebastián Piñera, la situación no tiene mejor futuro. “Todo lo que este gobierno dejó durmiendo, ahora lo pretenden enterrar”, dice, aunque agrega que aquello “nosotros no lo vamos a permitir”.
El presidente de la Corte Suprema expresó que no le encuentra “mucho sentido” a una decisión así, aunque aclaró que es una decisión que depende del Poder Ejecutivo y que ellos procederán a cumplirla en caso de que se concrete.
Según el abogado de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Francisco Jara, los 33 responsables de crímenes de lesa humanidad serán trasladados a Colina 1 en pasillos distintos a la población penal común. En este sentido, el jurista exigió que se debe avanzar en el cierre de “cárceles de lujo”.
A partir del próximo 1 de octubre las visitas de los militares internos deberán someterse a un régimen de control. Familiares reaccionaron denunciando que estas nuevas reglas son más estrictas que las del resto de los recintos penales del país.
Por cada peso que el Estado gasta en un recluso de una cárcel común, invierte más de 3 en la mantención de un interno del penal de Punta Peuco y más de 5 por cada preso del Penal Cordillera, donde en conjunto están los 55 condenados por causas de Derechos Humanos. La información, entregada por Gendarmería a través de la Ley de Transparencia, revela una serie de otros tratos preferenciales, como el derecho a visita diaria de familiares, entre las 10 y las 17 horas.
