Una declaración jurada del representante de la empresa ante el Servicio de Evaluación Ambiental permite a las constructoras visar los proyectos, pese a que para su ejecución deberían ser sometidos a un Estudio de Impacto Ambiental en el que se integre la participación ciudadana con un plan de mitigaciones.
El derecho a la vivienda no está garantizado en la Constitución y ve su más crudo reflejo en un déficit habitacional que alcanza los 400 mil hogares. Un nuevo catastro de campamentos, una actualización de los planos reguladores y una regulación del mercado inmobiliario asoman como las principales prioridades a abordar por Sebastián Piñera y Cristián Monckeberg, el ministro de la cartera, para sus primeros meses en La Moneda.
