En entrevista con nuestro medio, Ana Piquer advirtió que desde Amnistía Internacional “no descartan” la existencia de presos políticos en Chile, explicando que como organismo han definido dos principios que debiese garantizar cualquier Estado y que, en varios casos, éstos se estarían pasando a llevar.
“Quienes cometieron delitos comunes deben responder ante la ley, no puede haber un trato preferencial, especialmente si estamos hablando de delitos graves”, señaló José Miguel Vivanco.
Los sucesos ocurrieron principalmente entre las estaciones de Metro Los Héroes y Universidad de Chile.
El senador Juan Ignacio Latorre y la diputada Emilia Nuyado se reunieron con diversas organizaciones para abordar no solo el estado de salud y reclusión de los presos, sino también las posibilidades de buscar una salida política ante estos casos.
Desde el frontis del Palacio de Tribunales, decenas de familias hicieron un llamado a las autoridades para que se dé curso a una ley que absuelva y deje en libertad a quienes hoy son sindicados por el Gobierno y el Ministerio Público como autores de desórdenes en el contexto del estallido social.
El 7mo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago desestimó las pruebas de la Fiscalía Oriente y ordenó la liberación inmediata de Daniel Morales (35) y su sobrino de 16 años, quienes estuvieron más de 10 meses en prisión preventiva acusados del incendio ocurrido el 18 de octubre de 2019.
“Cuando se habla de que hay una distancia entre la elite política y empresarial con la ciudadanía, es porque gran parte vive en esos barrios”, sostuvo el director de América Solidaria.
“¿Por qué la justicia es tan blanda con algunos empresarios y tan dura con estos chiquillos? ¿Será porque son pobres?”, se preguntó el sacerdote en entrevista con El Mercurio de Antofagasta. “Con la misma fuerza que dije que la violencia no era la solución (…) con esa misma fuerza digo que es injusto que estos jóvenes estén presos hoy en la cárcel”, sentenció el jesuita.
En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el abogado y ex fiscal, Carlos Gajardo, abordó el debate en torno a las extensas y desproporcionadas medidas cautelares que se le han aplicado a jóvenes que fueron detenidos por desórdenes públicos en el contexto del estallido de octubre pasado.
