La autoridad señaló que el Gobierno no considera necesario ir sumando “querella tras querella”, sino que utilizarán herramientas más eficaces como aportar los antecedentes a una denuncia ya realizada durante el 2001.
Los legisladores de la Araucanía Jorge Rathgeb y Miguel Mellado saludaron la decisión del Ejecutivo dada a conocer por la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega. “Ya era hora que el gobierno despertara”, puntualizó Mellado.
La acusación busca determinar las responsabilidades por el hecho ocurrido el 1 de Mayo recién pasado en Estación Central e incluye al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
Al concluir su visita a Coquimbo, el mandatario indicó que para nadie es un misterio su actitud frente al proceso. Esto mientras parlamentarios de oposición exigen fijar límites a la intervención del Ejecutivo ante el plebiscito de salida.
Gobernador regional, Gonzalo Rivas, sostuvo que no se puede dialogar con grupos que buscan aterrorizar a la zona y ponen en riesgo la vida de los habitantes y quienes transitan por el lugar.
“Espero que toda esta situación se aclare y para ello, como siempre, estaré dispuesto a cooperar en todo lo que requiera el Ministerio Público y los organismos pertinentes”, expresó la autoridad mediante un comunicado.
El gobernador consideró curioso que la acción judicial que realizó en su contra el ex ministro de Agricultura, Antonio Walker Prieto se enmarque en el arduo trabajo que la gobernación está llevando adelante para enfrentar las inequidades de la zona y las graves afecciones de la crisis hídrica. Esto sin perjuicio que es la justica quién deberá dirimir el caso, señaló.
Para el abogado patrocinante de la demanda, Luis Mariano Rendón, se debe esclarecer la eventual intencionalidad de las autoridades del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, así como las responsabilidades y la negligencia que cabría en el caso de la titular de esa repartición pública, Gloria Hutt.
El hecho ocurrió en 2015 cuando Luciano Debrott recibió el disparo de una bomba lacrimógena a 15 metros de distancia provocándole heridas y graves secuelas. Uno de los querellantes, el abogado Cristián Cruz, criticó la labor de la Fiscalía que prefirió desistir de la acción penal contra el oficial responsable del ataque.
Cristóbal Eyzaguirre, representante de las compañías, indicó que de aprobarse la iniciativa en el Congreso, los legisladores podrían ser acusados de daños y perjuicios. Una de las impulsoras de la propuesta, la diputada Alejandra Sepúlveda, calificó el hecho como un chantaje.
A través de una campaña, organizaciones de Colombia y Chile se unen para demandar a compañías que han convertido territorios en zonas de sacrificio privilegiando la actividad extractivista por la vida de las comunidades.
Las autoridades de la comuna puerto acordaron iniciar una auditoría respecto de los recursos faltantes, a lo que se suma la querella presentada esta semana por el actual alcalde Alí Manouchehri en contra de su antecesor, el DC Marcelo Pereira Peralta.
