El ex general director podría ser procesado por torturas con resultado de muerte. Así lo solicitan instituciones de DD.HH., ya que habría estado al mando del grupo de uniformados que dio muerte al estudiante en 1985, mientras se encontraba realizando trabajos voluntarios en San Felipe.
Tres miembros de la comunidad de Temucuicui denunciaron haber sido agredidos por funcionarios de Carabineros. Entre ellos se encontraba el adolescente M.A.P.C., el mismo que estaba junto a Camilo Catrillanca el día de su muerte en noviembre pasado.
El organismo actuó como observador en las diligencias investigativas posteriores a los hechos. En la querella se señala que el joven comunero mapuche habría muerto producto de un impacto de bala en la nuca perteneciente a la munición denominada con “encamisado de plomo” utilizada por carabineros.
“Creemos que en este caso es imperativo que el Estado funcione rápido y eficiente, para esclarecer los hechos y establecer verdad y justicia”, dijo Consuelo Contreras, directora del INDH.
Para el abogado querellante, Juan Pablo Hermosilla, la institución eclesiástica ha dilatado artificialmente el proceso por encubrimiento y no ha cooperado en el esclarecimiento de los casos de abuso sexual.
En conversación con nuestro medio, el abogado de los apoderados y estudiantes explicó que la querella fue interpuesta contra quien resulte responsable en calidad de autor, cómplice o encubridor de los hechos.
La información fue confirmada por el ministro Hernán Larraín, quien señaló: “El Gobierno va agotar todos los medios para que se haga la mayor justicia”.
La Tercera publicó este martes el documento en el que el Consejo de Defensa del Estado acusa a Alex Smith, el “profesor” y a Manuel Antonio Riquelme, funcionario del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, por entregar antecedentes falsos en el informe pericial.
La escultura deberá someterse a un proceso de restauración que ya avalúan en 300 millones de pesos aproximadamente. Desde la Fórmula E aseguraron que se harán cargo de los daños.
La adquisición fue cuestionada por eventuales irregularidades en el proceso de licitación y posible sobreprecio.
La acción judicial establece que durante la campaña del senador se criminalizó a los extranjeros en Iquique. Según el documento, esto se reforzó luego de que el parlamentario fuera agredido el pasado 15 de noviembre.
La acción presentada por el abogado Roberto Ávila fue interpuesta en contra de todos quienes resulten responsables por el delito de fraude al fisco.
