A través de la Ley de Presupuestos, el Gobierno destinó casi tres mil millones de pesos para la implementación del postergado proceso constituyente, bajo la glosa “Estudio para una nueva Constitución”. Sin embargo, además de mantenerse la incertidumbre respecto del proceso, las exigencias apuntan a que sin participación ciudadana vinculante, los recursos serían inútiles.
