Waleska Ureta criticó la perspectiva de seguridad en la que se ha basado la gestión del Gobierno sobre la migración. “Pensábamos que iba a haber una estrategia más integral”, afirmó,
“Se observaron mayores niveles de personas migrantes sin acceso a sistema previsional en el norte grande y en quienes carecen de redes institucionales”, señaló el jefe de Estudios de la institución, Pablo Roessler.
Mientras que la agresión sufrida por una pareja de Carabineros desencadenó el malestar de la ciudadanía iquiqueña que hoy realizó una jornada de protestas por el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria en el norte del país, ya aparecen voces que señalan que la actual situación es un reflejo del abandono por parte del Estado.
A inicios de esta semana, la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga se abrió a la posibilidad de implementar un permiso especial para que las personas inmigrantes puedan trabajar regularmente en Chile por un lapso determinado. Analizamos el tema junto a empresarios y abogadas especializadas en migración y derechos humanos de los trabajadores.
Las personas que han ingresado a Chile por paso no habilitado sólo desde enero a julio del 2021 ascienden a 23.673, según los datos entregados por la PDI al Servicio Jesuita a Migrantes a través de solicitud de Transparencia. Este aumento, se presenta en el contexto de medidas administrativas que restringen el acceso regular.
La ciudad situada en la frontera con Bolivia en la II Región, sigue siendo el epicentro de la crisis humanitaria generada por la presión migratoria y que revela la incapacidad del Estado para buscar soluciones, tal como señalan expertos quienes predicen un escenario cada día más complejo.
En medio de la crisis que se vive en Arica y, en específico, en el Paso Fronterizo Chacalluta, el Gobierno volvió a defender los requisitos de ingreso para los ciudadanos venezolanos. Por su parte, en conversación con Radio Universidad de Chile, el director de Incidencia del Servicio Jesuita a Migrantes pidió que se aúnen y coordinen esfuerzos a nivel regional para enfrentar la evidente crisis migratoria.
A pocos días de concretarse el encuentro futbolístico, ambas instituciones llaman a sumarse con el hashtag #ChileHaitiVSRacismo para concientizar sobre comportamientos racistas incorporados en la sociedad. También realizarán un minuto de silencio por las últimas muertes de ciudadanos haitanos en el país.
El Director Nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Pablo Valenzuela, dijo que la medida estudiada por el venidero gobierno de Sebastián Piñera no haría más que perder el control sobre el ingreso de inmigrantes al territorio. Por su parte, Eduardo Thayer, Presidente del Consejo Consultivo de Migraciones, tildó la iniciativa como irresponsable.
Rindieron la PSU y fueron aceptadas en universidades, pero no recibirán becas o beneficios por no tener residencia definitiva y no podrán matricularse en las carreras que querían. “Es arbitrario e ilegal”, dice el Servicio Jesuita a Migrantes, que las apoya en el recurso.
Mientras parlamentarios de más de cien países debaten en Ginebra sobre el tema, en Chile algunos legisladores exigen que se otorgue urgencia al proyecto del Gobierno que moderniza las normas en el área migratoria. Agrupaciones sociales, por su parte, apuntan a la revisión de las políticas públicas.
El Gobierno anunció que este año ingresará la reforma a la ley de migración al Congreso, no obstante, organizaciones sociales que trabajan con extranjeros advirtieron que se deberán inyectar recursos para mejorar también problemas habitacionales.
