Mientras la Dirección General de Aguas constató, a través de un estudio, una reducción de estas masas de hielo del 8 por ciento desde 2014, el Gobierno pretende flexibilizar el proyecto de ley que se discute en el Senado y así responder al lobby minero, que según especialistas, está detrás de la iniciativa oficial.
Como una vulneración a los derechos humanos calificaron organizaciones ambientalistas la reciente aprobación de la Ley de Glaciares, la cual no aseguraría el acceso al agua potable tanto para el consumo humano como para el cultivo.
