La medida presentada por cuatro organizaciones chilenas busca que Suez sea sancionada por el incumplimiento de la ley de “deber de vigilancia” y aplique correcciones que eviten un nuevo episodio como el ocurrido en 2019.
“SUEZ debe asegurar a las comunidades en que sus empresas filiales operan, como ESSAL en Chile, un acceso adecuado y seguro al agua potable y de saneamiento”, sostuvo José Aylwin del Observatorio Ciudadano.
