La parlamentaria dijo que “existe un consenso casi transversal que esta es una medida necesaria para ayudar los que tienen menos”. Mientras, diputados Cuello y Ramírez piden investigar posible colusión de supermercados.
En el documento emanado del Gobierno se señalan una serie de artículos considerados fundamentales para la subsistencia, el funcionamiento del hogar, para el tele trabajo o educación remota.
Los representantes de los supermercados llamaron a una rápida solución del conflicto pues esta movilización ya ha llevado a la pérdida de alimentos perecibles como frutas, verduras y lácteos.
El ministro de Economía, José Ramón Valente, sostuvo que la colusión es intolerable, destacando que el Ejecutivo busca fomentar la libre competencia y los mercados abiertos.
El Comité Nacional para la Prevención y Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en el País, como instancia multidisciplinaria abordará la creación de políticas públicas para mitigar la pérdida de productos por parte de la sociedad y la industria. Según plantea parte del comité, los empresarios han cercado la información, puesto que no quieren revelar las cantidades ni los lugares dónde se generan estos desperdicios.
El cierre de más de treinta supermercados pequeños en sectores periféricos de la capital ha sido justificado por algunos empresarios con motivo de la delincuencia. Sin embargo, la fidelidad a los almacenes de barrio y la evolución de las formas de consumo dan cuenta de que la retirada obedecería a una estrategia comercial diseñada para capitalizar estas dinámicas y aplicarlas en nuevos formatos.
Conadecus valoró el nuevo llamado a no comprar en supermercados. Toda vez que éste, es el único camino de los consumidores para construir un nuevo sistema de comercio, fortaleciendo el entramado social en desmedro de los grandes poderes económicos.
Stefan Larenas, miembro de la Odecus, consideró que la denuncia sólo es un impacto mediático sin tener ninguna trascendencia debido que no existe retroactividad en la ley porque no se puede hacer justicia de algo que se promulgará en el futuro.
En una democracia digna y verdadera, los señores Paulmann, Ibañez y sus cadenas de gerentes ya estarían al menos, ¡muy al menos!, bajo arresto domiciliario, y sus grandes negocios en manos de interventores que contribuyan a la acción rápida de la justicia.
El miércoles en Comisión Mixta se revisará el proyecto de ley que regula la venta de medicamentos sin receta, luego de que el Senado repusiera indicaciones que no comparte el Ministerio de Salud. Los pequeños farmacéuticos insisten en rechazar que esos se vendan en supermercados.
Polémica causaron los dichos del dueño de Cencosud, Horst Paulmann, quien calificó como “un sueño” la petición del gobierno a las grandes cadenas del comercio de pagar a 30 días a sus proveedores. Estas declaraciones, sin embargo, destaparon una serie de conductas abusivas de los grandes conglomerados empresariales hacia las Pyme. Todo en medio de un mercado absolutamente desregulado.
El Ejecutivo repuso en la discusión de la venta de medicamentos en góndolas a través de indicaciones en la Ley de Fármacos, luego de que el proyecto de ley exclusivo sobre comercialización fuera rechazado en la comisión de Salud de la Cámara Baja, y mostrara además objeciones desde Renovación Nacional. La gestión del Palacio de La Moneda en esta discusión, está siendo considerada como “majadera”, por sectores involucrados en el debate legislativo y surgen cuestionamientos sobre los verdaderos beneficiarios de esta posibilidad comercial.
