La iniciativa de los diputados Camila Musante y Jaime Sáez, busca dotar de nuevas herramientas de fiscalización y de medidas que obliguen a las compañías a una mayor responsabilidad con el medio.
El rechazo de Dominga volvió a abrir el debate. Aunque en 2010 se creó un ministerio, tribunales e instancias fiscalizadoras, no existe obligación de acoger las observaciones de la ciudadanía ante los proyectos que se instalan en diferentes zonas. Además, el Sistema de Evaluación Ambiental no tiene mucha autonomía, ya que depende verticalmente del Ejecutivo.
En el marco de la demanda ambiental por daño irreparable a glaciares debido al proyecto minero Pascua Lama, Lucio Cuenca, Director de OLCA, testificó a favor de los agricultores y líderes de comunidades diaguitas de la zona. El experto presentó nuevos antecedentes de la empresa que dan cuenta de intervenciones directas a los glaciares.
A paso muy lento sigue avanzando la instalación de los Tribunales Ambientales, ya que con seis meses de retraso respecto de su plazo original se puso en marcha el segundo de éstos, en Valdivia. Aún falta la sala que se encargue de las reclamaciones y apelaciones para la zona norte del país y sus tropiezos constantes profundizan las críticas de las organizaciones ambientales hacia la nueva institucionalidad.
El Senado aprobó la nómina de profesionales del Tribunal Ambiental de Valdivia, con lo que dio luz verde a la implementación del segundo de los tres organismos que se contemplan en la instalación de la nueva institucionalidad. Parlamentarios y ambientalistas calificaron de “interesante” el proceso, pero presentaron una serie de reparos.
El Segundo Tribunal Ambiental declaró admisible una denuncia presentada por organizaciones de la región de Arica y Parinacota por contaminación del agua con metales pesados como el arsénico. Este no es el primer caso de este tipo que llega a la Justica, ya hay antecedentes desde el extremo norte del país a la Quinta Región, en una verdadera judicialización de las comunidades del norte lo que, según sus abogados, se debe a la falta de respuesta de las autoridades.
La entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales, de los cuales hay uno en funcionamiento y en junio serán dos, podría despejar a la justicia de tener que resolver sobre temas medioambientales, pero su ubicación geográfica podría ser un impedimento para el acceso de muchas comunidades. Expertos coinciden en que, para evitar la judicialización de los procesos, lo principal es la prevención, apuntando a una mayor rigurosidad en la aprobación de proyectos que intervengan en el ecosistema.
