En medio del debate por la Reforma Laboral, el vocero de Gobierno Marcelo Díaz insistió en conocer los detalles del fallo del Tribunal Constitucional, aunque la presentación del veto tiene como fecha tope el próximo 7 de mayo. Mientras, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional le “quita tiempo y energía al gobierno” pero no retrasaría su programa político.
La ministra del Trabajo, Ximena Rincón, anunció que el Gobierno ha decidido vetar el proyecto de Reforma Laboral, el que fuera parcialmente objetado por el Tribunal Constitucional, no obstante resta por determinar de qué tipo será, si supresivo, sustitutivo o aditivo. “No puede ser que la Reforma le entregue más derechos a los empresarios”, señalaron desde la CUT.
La resolución del Tribunal Constitucional echó por tierra uno de los pocos aspectos del proyecto que era valorado por los trabajadores: La titularidad sindical. La opción del veto presidencial obligaría a retomar la discusión en el Parlamento, con el riesgo que la iniciativa sea impugnada, nuevamente, ante el TC.
Cabe señalar que todo este proceso es inédito, ya que es la primera vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre las atribuciones del Mandatario, por lo que esta decisión sienta un precedente sobre los límites del veto presidencial y por tanto, del modelo presidencialista en el país.
En el marco del proyecto de Televisión Digital, este martes se revisó el requerimiento que objeta el rechazo al veto presidencial. Los integrantes del Tribunal Constitucional deberán debatir si es que las indicaciones ingresadas por Sebastián Piñera modifican o no las “ideas matrices” de la iniciativa.
El Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el recurso presentado por parlamentarios de la Alianza en contra de la decisión de la Cámara de Diputados de declarar inadmisibles algunos de los puntos del veto presidencial interpuesto por el ex Presidente Sebastián Piñera al proyecto de Ley de Televisión Digital. La decisión del organismo es clave, porque apunta directamente a definir el alcance de las atribuciones del Presidente y del Congreso Nacional en el marco de un proceso de tramitación inédita en nuestro país y que se ha extendido por más de cinco años.
El veto presidencial impuesto al proyecto de ley de TV Digital entrampó su discusión en el Senado, donde la oposición aprobó algunas observaciones, postergando la promulgación hasta ser gobierno. Las últimas sesiones estuvieron marcadas por la arremetida de legisladores defendiendo la pluralidad y derecho colectivo sobre el espectro radioeléctrico del medio de comunicación público.
La Cámara aprobó parcialmente el veto presidencial al proyecto de ley sobre Televisión Digital del Gobierno, luego de que sectores de la Nueva Mayoría expresaran que al menos 10 puntos podrían ser motivo de acuerdo. Organizaciones de trabajadores de la televisión expresaron un “moderado entusiasmo”, considerando el largo proceso de tramitación de la iniciativa.
Luego de un acuerdo entre la oposición y el oficialismo, la Cámara de Diputados declaró inadmisibles 11 de los 28 puntos del veto presidencial presentado contra la ley de Televisión digital. “Las cuestiones esenciales, donde nosotros veíamos que podía haber un cambio radical y negativo a través del uso abusivo de la facultad presidencial del veto, han quedado atrás con esta decisión”, explicó el diputado socialista Marcelo Díaz.
En entrevista con Felipe Pozo, el diputado socialista Marcelo Díaz se refirió a los 28 vetos presidenciales presentados contra la ley de televisión digital. El parlamentario criticó la medida del Ejecutivo, quien en un primer momento apoyó la nueva normativa. “Este es un veto aditivo, supresivo e inaceptable”, agregó.
A pesar de haber sido rechazo en las comisiones unidas de Constitución y Obras Públicas, el veto presidencial sobre el proyecto de ley de televisión digital terrestre será votado nuevamente, esta vez, en la Cámara de Diputados.
La presidenta de este organismo, Esperanza Silva, refuta la decisión del Ejecutivo por otorgar un veto a este proyecto de ley, incluso luego de que el recurso de inconstitucionalidad presentado por la UDI fuera rechazado. A su juicio, esto termina con cinco años de tramitación parlamentaria que incluye a distintas organizaciones del área audiovisual.
