El impacto físico y las consecuencias en la vida cotidiana de los afectados fueron evidenciados por docentes de la U. de Chile, quienes apuntan a la revisión de protocolos policiales como parte de las ineludibles medidas pendientes.
A pesar de las deficiencias del proceso liderado por el Ministerio del Interior y el INDH, la vicepresidenta ejecutiva de las comisiones Valech cree que no están las condiciones para acreditar las violaciones de DDHH ocurridas en el 2019.
De todas maneras, el consejero del organismo reconoció que la calidad de los antecedentes aportados debe ser revisada. “Eso es lo que hay que determinar a través de la investigación sumaria que solicitó Contraloría”, indicó.
Consultados por Radio y Diario Universidad de Chile, dirigentes y expertos en derechos humanos criticaron la ausencia de una reparación integral y también las limitaciones de programas en curso, como el Plan PACTO.
En el informe “Vidas detenidas” el organismo detalla que en la actualidad existen cerca de 300 personas privadas de libertad, cuyas detenciones tienen el fin de “neutralizar cualquier percepción de amenaza en contra del gobierno de Nicolás Maduro”.
El expresidente dijo que “el año 73 fue una derrota de la democracia, pero también fue una derrota de toda una generación de políticos que no supo o no pudo defender la democracia”.
Represión y desmantelamiento de la institucionalidad fue lo que caracterizó a la dictadura de civiles y militares. Así coinciden una serie de voces desde la academia, la historia y la política consultadas por Radio y Diario Universidad de Chile.
El académico analizó el papel del sector durante esta semana en el Parlamento, señalando que “hay un error político de Chile Vamos el no haber marcado la diferencia” con el Partido Republicano.
El jefe de la bancada del PS analizó el clima que se vive en la Cámara en el marco de los 50 años del golpe de Estado, los grados de negacionismo y la inexistencia de una “derecha democrática”.
Según señalaron, sólo el 23,2% de las causas sobre personas reconocidas por el Estado como desaparecidas o ejecutadas cuentan con una sentencia definitiva ejecutoriada. “En el país no se pueden seguir negando los hechos que ocurrieron”, expresaron.
La justicia estadounidense revocó la ciudadanía de Pedro Barrientos por considerar que fue adquirida ilegalmente. Frente a ello, el abogado de la familia Jara, Nelson Caucoto, aseguró que “indudablemente viene a facilitar el proceso de extradición”.
El presidente de la CCHDH valoró la investigación de la fiscal Ximena Chong por los crímenes durante el estallido social. En el parlamento, la oposición cuestionó la parcialidad de la fiscal en el desarrollo de las diligencias.
