La solicitud del general, para que sus carabineros no sean cuestionados por el Ministerio Público, ha generado molestia. Esto porque Yáñez aún no declara en una investigación en contra de los altos mandos de la institución.
Erika Guevara valoró la posición del Presidente Boric en este tema. “Fue el primer mandatario de la región en salir a denunciar y condenar los hechos, y luego, tibiamente, han salido un par de otros gobiernos”, expresó.
La fiscal Ximena Chong no persistirá en la indagatoria donde se buscaba determinar si hubo atraso doloso en el Tribunal Constitucional respecto de la tramitación de causas de violaciones a los DD.HH.
La abogada experta en Derechos Humanos explicó parte de las razones que motivan el caso Vega González contra Chile, que tuvo su audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos este miércoles.
En una audiencia de la CIDH, representantes de nuestro país reconocieron la responsabilidad del Estado en la rebaja de condenas a violadores de derechos humanos.
“La querella no sólo representa el sentir mayoritario de la sociedad chilena y sus organizaciones sino porque sus fundamentos jurídicos y éticos se ajustan a la normativa tanto nacional e internacional”, señalaron.
“Nunca escuchamos a políticos como Ricardo Lagos Weber exigirle al gobierno de Piñera y a la institución de Carabineros que pidieran perdón por el daño que habían provocado”, dijo la dirigenta.
El abogado valoró el retiro de la estatua de Merino de la Escuela Naval, pero criticó que en forma “vergonzosa” las ministras de Defensa y Justicia hayan “validado estos homenajes, diciendo que era un asunto de decisión exclusiva de la Armada”
Son 25 tomos con los testimonios de 235 personas que recibieron atención psicológica luego de haber sufrido serios atropellos por agentes del Estado posterior al 18 de octubre de 2019.
A casi 50 años del golpe de Estado, las autoridades anunciaron un Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos. La diputada Lorena Pizarro (PC) afirma que las “voluntades políticas expresadas se tienen que materializar en acciones”.
La Corte, al acoger un recurso, indicó que Merino “participó y dirigió las fuerzas navales en contra del gobierno de la época, legítimamente constituido y que, a contar del 11 de septiembre de 1973, se instauró en el país un régimen de facto”.
El abogado de la Defensoría Popular catalogó como una “desazón” la resolución de la entidad de no perseverar en su querella por delitos de lesa humanidad. Por lo que consideró que el nuevo gobierno “debería incidir”.
