El exdirector de Seguridad Pública cuestionó la efectividad del proyecto aprobado en la Cámara y la idea de avanzar en medidas “parche”. En ello, consideró que “el general director ha presionado para detener e inmovilizar la reforma a Carabineros”.
El alcalde de La Florida emplazó al mandatario luego que la entidad humanitaria cuestionara la permanencia del general director de la policía uniformada al frente de la institución.
Con obras que constituyen una inversión de 3.756 millones de pesos, el recinto se reincorpora a los 7 módulos con los que se cuenta a lo largo del país, con una capacidad para recibir a 296 personas. 29 personas han ingresado a la fecha.
Gendarmería descubrió que una de las planchas de terciado que estaban siendo ingresadas por una mujer y por el funcionario policial contenía en su interior marihuana, pasta base y pastillas ilícitas.
Profesionales y parlamentarios cuestionaron el efecto disuasivo del aumento de las penas mientras no se fortalezca el trabajo policial. En ese sentido pusieron el foco en las condiciones que permitan ampliar la captura de delincuentes.
El director ejecutivo de Amnistía Internacional, también se refirió a los proyectos de seguridad que se discuten en el Congreso: “Si se sigue avanzando en esa materia, lo que tendríamos es que la policía queda al margen de la ley”, dijo.
“Iremos definiendo en conjunto cuáles son las mejores maneras de participar activamente en esto de manera seria, responsable, sin show, sino con el objetivo que Carabineros sienta que tiene el respaldo de parte de nuestro Gobierno”, precisó.
Ambas iniciativas son parte de un paquete consistente en siete proyectos de ley que la Cámara busca agilizar esta semana, tras el asesinato de la sargento Rita Olivares.
Mayores facultades para los inspectores municipales y el aumento de recursos para las labores de seguridad son las prioridades de las y los jefes comunales respecto a un proyecto de ley que está contemplado en la agenda de seguridad del Gobierno.
Apuntando a una presunta arremetida contra la derecha, la titular de Interior aseguró que “no costaría nada de que nosotros, desde La Moneda, demos vuelta la discusión”. No obstante, exhortó a privilegiar los acuerdos en materia de seguridad.
El hombre había sido condenado a cinco años de prisión en 2016 por el delito de robo con intimidación y violencia. Durante la emergencia sanitaria por Covid-19 fue uno de los beneficiarios de la Ley de Indulto General Conmutativo.
Desde Renovación Nacional señalaron que de no impulsar proyecto de ley “Sargento Retamal”, no habrá intercambio con el Ejecutivo. Desde el oficialismo condenaron el crimen de la suboficial ocurrida esta madrugada.
