Nadie podría haber dimensionado los alcances que tendría la dictadura militar en Chile cuando aún resonaban en el aire de Santiago las turbinas de los aviones caza de la Fuerza Aérea, y el sonido sordo de los bombazos cayendo sobre La Moneda.
A 36 años del 11 de septiembre de 1973, la verdad y la justicia aún no son completas. Las violaciones a los derechos humanos cometidas siguen siendo uno de los temas pendientes de nuestra democracia, pese a ser reconocidos por el Estado en los informes Rettig y Valech.
Uno de los temas que más profunda molestia genera al interior de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos es la reiterada aplicación de la medida prescripción, es decir, la rebaja de condenas por delitos contra los derechos humanos. Para ellos, aunque se juzga y condena a quienes cometieron estos crímenes, las condenas son tan bajas que, incluso, son beneficiados con libertad.
Un ejemplo de esto es el caso del ex líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Jeckar Neghme, o del periodista José Carrasco Tapia, donde la figura jurídica fue aplicada sin tener en cuenta que se trataba de delitos contra la humanidad.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, hay una deuda de este gobierno, en especial, porque se esperaba que por el paso de la Presidenta Michelle Bachelet por centros de detención y tortura, tuviera una especial sensibilidad con este tema.
“Ha estimulado comunicacionalmente los museos, los memoriales. Pero en términos de algo que es básico para nosotros, como es el artículo 93 del código penal, donde los jueces no podrían aplicar la prescripción ni la media prescripción, hoy sigue durmiendo en el Congreso. Esa es la base para que haya justicia”, precisó.
A ello se suma el que el Ejército recontratara a ex agentes de los organismos represivos de la dictadura para realizar trabajos “en base a sus conocimientos”, aún cuando aparecen involucrados en procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.
Aunque hay hechos que pueden considerarse como avances importantes, como fue la semana recién pasada la decisión del ministro en visita, Víctor Montiglio, quien procesó a 129 ex agentes de la DINA.
Pero para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se necesita resultados concretos.“La evaluación es que en el poder judicial se vive en un permanente clima de impunidad. Saludamos la decisión del juez Víctor Montiglio, y esperamos que esa determinación traiga consigo condenas y encarcelamientos para los involucrados en estas prácticas de desaparición forzada”, afirmó.
Según el abogado Eduardo Contreras, quien presentó la primera querella criminal en contra de Augusto Pinochet, sí hay avances que se reflejan en las condenas contra ex agentes y también uniformados como Manuel Contreras y Manuel Krassnoff. Aún así, para el jurista es necesario observar lo que ocurre al interior de las instituciones castrenses.
“No veo en los gobiernos de la Concertación ninguna voluntad política de meter mano, de preocuparse y ver qué pasa en los institutos armados, por lo cual nunca habrá democracia verdadera. Nadie está preocupado de la reorientación educativa e ideológica con la que se forma a los militares, nadie esta preocupado de la depuración fascista de sus filas. Así, las cosas no cambian”, aseveró.
Muchos otros fueron los delitos que se cometieron al amparo del régimen de facto, como la corrupción y el fraude que queda al descubierto con los casos Riggs o el de las compras de tanques cuando aún Augusto Pinochet era comandante en Jefe del Ejército. De esta forma, el balance que puede hacerse es que falta revisar las políticas y la doctrina al interior de las Fuerzas Armadas, insistió Contreras.
Nadie podría haber dimensionado los alcances que tendría la dictadura militar en Chile cuando aún resonaban en el aire de Santiago las turbinas de los aviones caza de la Fuerza Aérea, y el sonido sordo de los bombazos cayendo sobre La Moneda.
A 36 años del 11 de septiembre de 1973, la verdad y la justicia aún no son completas. Las violaciones a los derechos humanos cometidas siguen siendo uno de los temas pendientes de nuestra democracia, pese a ser reconocidos por el Estado en los informes Rettig y Valech.
Uno de los temas que más profunda molestia genera al interior de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos es la reiterada aplicación de la medida prescripción, es decir, la rebaja de condenas por delitos contra los derechos humanos. Para ellos, aunque se juzga y condena a quienes cometieron estos crímenes, las condenas son tan bajas que, incluso, son beneficiados con libertad.
Un ejemplo de esto es el caso del ex líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Jeckar Neghme, o del periodista José Carrasco Tapia, donde la figura jurídica fue aplicada sin tener en cuenta que se trataba de delitos contra la humanidad.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, hay una deuda de este gobierno, en especial, porque se esperaba que por el paso de la Presidenta Michelle Bachelet por centros de detención y tortura, tuviera una especial sensibilidad con este tema.
“Ha estimulado comunicacionalmente los museos, los memoriales. Pero en términos de algo que es básico para nosotros, como es el artículo 93 del código penal, donde los jueces no podrían aplicar la prescripción ni la media prescripción, hoy sigue durmiendo en el Congreso. Esa es la base para que haya justicia”, precisó.
A ello se suma el que el Ejército recontratara a ex agentes de los organismos represivos de la dictadura para realizar trabajos “en base a sus conocimientos”, aún cuando aparecen involucrados en procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.
Aunque hay hechos que pueden considerarse como avances importantes, como fue la semana recién pasada la decisión del ministro en visita, Víctor Montiglio, quien procesó a 129 ex agentes de la DINA.
Pero para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se necesita resultados concretos.“La evaluación es que en el poder judicial se vive en un permanente clima de impunidad. Saludamos la decisión del juez Víctor Montiglio, y esperamos que esa determinación traiga consigo condenas y encarcelamientos para los involucrados en estas prácticas de desaparición forzada”, afirmó.
Según el abogado Eduardo Contreras, quien presentó la primera querella criminal en contra de Augusto Pinochet, sí hay avances que se reflejan en las condenas contra ex agentes y también uniformados como Manuel Contreras y Manuel Krassnoff. Aún así, para el jurista es necesario observar lo que ocurre al interior de las instituciones castrenses.
“No veo en los gobiernos de la Concertación ninguna voluntad política de meter mano, de preocuparse y ver qué pasa en los institutos armados, por lo cual nunca habrá democracia verdadera. Nadie está preocupado de la reorientación educativa e ideológica con la que se forma a los militares, nadie esta preocupado de la depuración fascista de sus filas. Así, las cosas no cambian”, aseveró.
Muchos otros fueron los delitos que se cometieron al amparo del régimen de facto, como la corrupción y el fraude que queda al descubierto con los casos Riggs o el de las compras de tanques cuando aún Augusto Pinochet era comandante en Jefe del Ejército. De esta forma, el balance que puede hacerse es que falta revisar las políticas y la doctrina al interior de las Fuerzas Armadas, insistió Contreras.
Nadie podría haber dimensionado los alcances que tendría la dictadura militar en Chile cuando aún resonaban en el aire de Santiago las turbinas de los aviones caza de la Fuerza Aérea, y el sonido sordo de los bombazos cayendo sobre La Moneda.
A 36 años del 11 de septiembre de 1973, la verdad y la justicia aún no son completas. Las violaciones a los derechos humanos cometidas siguen siendo uno de los temas pendientes de nuestra democracia, pese a ser reconocidos por el Estado en los informes Rettig y Valech.
Uno de los temas que más profunda molestia genera al interior de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos es la reiterada aplicación de la medida prescripción, es decir, la rebaja de condenas por delitos contra los derechos humanos. Para ellos, aunque se juzga y condena a quienes cometieron estos crímenes, las condenas son tan bajas que, incluso, son beneficiados con libertad.
Un ejemplo de esto es el caso del ex líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Jeckar Neghme, o del periodista José Carrasco Tapia, donde la figura jurídica fue aplicada sin tener en cuenta que se trataba de delitos contra la humanidad.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, hay una deuda de este gobierno, en especial, porque se esperaba que por el paso de la Presidenta Michelle Bachelet por centros de detención y tortura, tuviera una especial sensibilidad con este tema.
“Ha estimulado comunicacionalmente los museos, los memoriales. Pero en términos de algo que es básico para nosotros, como es el artículo 93 del código penal, donde los jueces no podrían aplicar la prescripción ni la media prescripción, hoy sigue durmiendo en el Congreso. Esa es la base para que haya justicia”, precisó.
A ello se suma el que el Ejército recontratara a ex agentes de los organismos represivos de la dictadura para realizar trabajos “en base a sus conocimientos”, aún cuando aparecen involucrados en procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos.
Aunque hay hechos que pueden considerarse como avances importantes, como fue la semana recién pasada la decisión del ministro en visita, Víctor Montiglio, quien procesó a 129 ex agentes de la DINA.
Pero para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, se necesita resultados concretos.“La evaluación es que en el poder judicial se vive en un permanente clima de impunidad. Saludamos la decisión del juez Víctor Montiglio, y esperamos que esa determinación traiga consigo condenas y encarcelamientos para los involucrados en estas prácticas de desaparición forzada”, afirmó.
Según el abogado Eduardo Contreras, quien presentó la primera querella criminal en contra de Augusto Pinochet, sí hay avances que se reflejan en las condenas contra ex agentes y también uniformados como Manuel Contreras y Manuel Krassnoff. Aún así, para el jurista es necesario observar lo que ocurre al interior de las instituciones castrenses.
“No veo en los gobiernos de la Concertación ninguna voluntad política de meter mano, de preocuparse y ver qué pasa en los institutos armados, por lo cual nunca habrá democracia verdadera. Nadie está preocupado de la reorientación educativa e ideológica con la que se forma a los militares, nadie esta preocupado de la depuración fascista de sus filas. Así, las cosas no cambian”, aseveró.
Muchos otros fueron los delitos que se cometieron al amparo del régimen de facto, como la corrupción y el fraude que queda al descubierto con los casos Riggs o el de las compras de tanques cuando aún Augusto Pinochet era comandante en Jefe del Ejército. De esta forma, el balance que puede hacerse es que falta revisar las políticas y la doctrina al interior de las Fuerzas Armadas, insistió Contreras.
