Expertos plantearon sus dudas, desde la transparencia a la reparación del daño causado, respecto del proyecto de ley enviado por el gobierno que introduce compensaciones económicas para las comunidades que se verían afectadas en su medio ambiente por la realización de proyectos energéticos.
El ingreso de un proyecto de ley, por parte del Ejecutivo, que articula las compensaciones ambientales para aquellas comunas donde se emplacen centrales de generación de energía, causa preocupación entre organizaciones y expertos.
Una ley que obligaría a las centrales hidroeléctricas cuya capacidad instalada sea igual o superior a los 200 mega watts a pagar por el impacto ambiental, lo que se traduciría en un impuesto específico de beneficio municipal. Éste ascendería a 270 unidades tributarias mensuales por cada megawatt de potencia que tenga cada unidad de generación.
Un escenario que no responde a los intereses integrales de una comunidad afectada, manifestó Roberto Román, académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile en el programa A Fondo de Radio Universidad de Chile.
"En otras partes se hace directamente como porcentaje que ingresa a la comunidad y se maneja. En el caso de HidroAysén la preocupación de la comunidad va mucho más allá del dinero. Hace poco tiempo estuve en Coyhaique y en Cerro Castillo y la gente nos informó que Endesa, Colbún y otras empresas tienen pedidos el 98 por ciento de los derechos de agua no consultivos, inscribiendo derechos a destajo, sin respetar en lo más mínimo los derechos de la gente que vive en el sector, por lo tanto, el dinero sería una fracción mínima del daño ya causado en la práctica", argumentó el académico.
Surgen dudas ante los verdaderos objetivos de esta iniciativa que lideró el ministro de Energía, Marcelo Tokman y que, por otra parte, sorprende que la propia ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, confesara no conocer el proyecto.
Juan Pablo Orrego, coordinador internacional del Consejo de Defensa de la Patagonia, dijo que la cantidad de recursos que están en juego pondrán en problemas a los municipios y a quienes estén a cargo.
"Si estos dineros llegan a las arcas de los municipios, el tema sería la eficiencia, la transparencia, la honestidad. Porque cómo se garantiza que los recursos lleguen y beneficien a toda la comunidad, son mecanismos muy complejos. El tema es cómo se hacen las evaluaciones de impacto ambiental, con qué nivel de participación de la comunidad afectada, con qué visión respecto al área de influencia de un proyecto, ya que en general la visión de las empresas es muy reduccionista", destacó el experto.
Una situación para Orrego que llama más la atención cuando se observa que serán recursos para comunas que tienen hoy presupuestos muy reducidos.
Es el caso de Cochrane y Villa O´Higgins que recibirían 50 millones de dólares.
Algunos de los impactos que originan atención ante los numerosos proyectos de centrales generadoras que existen a lo largo del país se refieren, por ejemplo, a la alteración de los ecosistemas terrestres y de la biodiversidad, cambios en el régimen del río y alteración del paisaje, impactos en comunidades indígenas, socioeconómicos y arqueológicos.
Expertos plantearon sus dudas, desde la transparencia a la reparación del daño causado, respecto del proyecto de ley enviado por el gobierno que introduce compensaciones económicas para las comunidades que se verían afectadas en su medio ambiente por la realización de proyectos energéticos.
El ingreso de un proyecto de ley, por parte del Ejecutivo, que articula las compensaciones ambientales para aquellas comunas donde se emplacen centrales de generación de energía, causa preocupación entre organizaciones y expertos.
Una ley que obligaría a las centrales hidroeléctricas cuya capacidad instalada sea igual o superior a los 200 mega watts a pagar por el impacto ambiental, lo que se traduciría en un impuesto específico de beneficio municipal. Éste ascendería a 270 unidades tributarias mensuales por cada megawatt de potencia que tenga cada unidad de generación.
Un escenario que no responde a los intereses integrales de una comunidad afectada, manifestó Roberto Román, académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile en el programa A Fondo de Radio Universidad de Chile.
"En otras partes se hace directamente como porcentaje que ingresa a la comunidad y se maneja. En el caso de HidroAysén la preocupación de la comunidad va mucho más allá del dinero. Hace poco tiempo estuve en Coyhaique y en Cerro Castillo y la gente nos informó que Endesa, Colbún y otras empresas tienen pedidos el 98 por ciento de los derechos de agua no consultivos, inscribiendo derechos a destajo, sin respetar en lo más mínimo los derechos de la gente que vive en el sector, por lo tanto, el dinero sería una fracción mínima del daño ya causado en la práctica", argumentó el académico.
Surgen dudas ante los verdaderos objetivos de esta iniciativa que lideró el ministro de Energía, Marcelo Tokman y que, por otra parte, sorprende que la propia ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, confesara no conocer el proyecto.
Juan Pablo Orrego, coordinador internacional del Consejo de Defensa de la Patagonia, dijo que la cantidad de recursos que están en juego pondrán en problemas a los municipios y a quienes estén a cargo.
"Si estos dineros llegan a las arcas de los municipios, el tema sería la eficiencia, la transparencia, la honestidad. Porque cómo se garantiza que los recursos lleguen y beneficien a toda la comunidad, son mecanismos muy complejos. El tema es cómo se hacen las evaluaciones de impacto ambiental, con qué nivel de participación de la comunidad afectada, con qué visión respecto al área de influencia de un proyecto, ya que en general la visión de las empresas es muy reduccionista", destacó el experto.
Una situación para Orrego que llama más la atención cuando se observa que serán recursos para comunas que tienen hoy presupuestos muy reducidos.
Es el caso de Cochrane y Villa O´Higgins que recibirían 50 millones de dólares.
Algunos de los impactos que originan atención ante los numerosos proyectos de centrales generadoras que existen a lo largo del país se refieren, por ejemplo, a la alteración de los ecosistemas terrestres y de la biodiversidad, cambios en el régimen del río y alteración del paisaje, impactos en comunidades indígenas, socioeconómicos y arqueológicos.
Expertos plantearon sus dudas, desde la transparencia a la reparación del daño causado, respecto del proyecto de ley enviado por el gobierno que introduce compensaciones económicas para las comunidades que se verían afectadas en su medio ambiente por la realización de proyectos energéticos.
El ingreso de un proyecto de ley, por parte del Ejecutivo, que articula las compensaciones ambientales para aquellas comunas donde se emplacen centrales de generación de energía, causa preocupación entre organizaciones y expertos.
Una ley que obligaría a las centrales hidroeléctricas cuya capacidad instalada sea igual o superior a los 200 mega watts a pagar por el impacto ambiental, lo que se traduciría en un impuesto específico de beneficio municipal. Éste ascendería a 270 unidades tributarias mensuales por cada megawatt de potencia que tenga cada unidad de generación.
Un escenario que no responde a los intereses integrales de una comunidad afectada, manifestó Roberto Román, académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile en el programa A Fondo de Radio Universidad de Chile.
"En otras partes se hace directamente como porcentaje que ingresa a la comunidad y se maneja. En el caso de HidroAysén la preocupación de la comunidad va mucho más allá del dinero. Hace poco tiempo estuve en Coyhaique y en Cerro Castillo y la gente nos informó que Endesa, Colbún y otras empresas tienen pedidos el 98 por ciento de los derechos de agua no consultivos, inscribiendo derechos a destajo, sin respetar en lo más mínimo los derechos de la gente que vive en el sector, por lo tanto, el dinero sería una fracción mínima del daño ya causado en la práctica", argumentó el académico.
Surgen dudas ante los verdaderos objetivos de esta iniciativa que lideró el ministro de Energía, Marcelo Tokman y que, por otra parte, sorprende que la propia ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, confesara no conocer el proyecto.
Juan Pablo Orrego, coordinador internacional del Consejo de Defensa de la Patagonia, dijo que la cantidad de recursos que están en juego pondrán en problemas a los municipios y a quienes estén a cargo.
"Si estos dineros llegan a las arcas de los municipios, el tema sería la eficiencia, la transparencia, la honestidad. Porque cómo se garantiza que los recursos lleguen y beneficien a toda la comunidad, son mecanismos muy complejos. El tema es cómo se hacen las evaluaciones de impacto ambiental, con qué nivel de participación de la comunidad afectada, con qué visión respecto al área de influencia de un proyecto, ya que en general la visión de las empresas es muy reduccionista", destacó el experto.
Una situación para Orrego que llama más la atención cuando se observa que serán recursos para comunas que tienen hoy presupuestos muy reducidos.
Es el caso de Cochrane y Villa O´Higgins que recibirían 50 millones de dólares.
Algunos de los impactos que originan atención ante los numerosos proyectos de centrales generadoras que existen a lo largo del país se refieren, por ejemplo, a la alteración de los ecosistemas terrestres y de la biodiversidad, cambios en el régimen del río y alteración del paisaje, impactos en comunidades indígenas, socioeconómicos y arqueológicos.
