Miembros de la comisión de Salud de ambas Cámaras le manifestaron al superintendente de Seguridad Social, Álvaro Elizalde, su preocupación por la falsificación de licencias médicas y su rechazo a que el proyecto de licencias electrónicas quede en manos privadas. Los legisladores responsabilizan al Ejecutivo de no tramitar, en dos años, un proyecto de ley que aumenta las sanciones penales.

Hasta la oficina del superintendente de Seguridad Social, llegaron los parlamentarios Marco Antonio Núñez, Enrique Acorssi y el senador Guido Girardi, todos miembros de las comisiones de Salud de la Cámara alta y baja, para conocer los nuevos antecedentes de médicos que estarían cometiendo irregularidades la emisión de licencias médicas.

Los parlamentarios pidieron que se aumenten las penas para médicos y pacientes que incurran estas prácticas, ya que actualmente sólo pueden acceder a penas de tres años de presidio remitido. También se solicitó más regularización por parte de la Comisión Médica Preventiva y de  Invalidez (Compin), organismo estatal que regula las licencias en el sistema público, debido a que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en estos momentos no puede realizar una fiscalización adecuada por falta de personal y material técnico.

Los parlamentarios también señalaron la necesidad de fortalecer la tuición ética de los Colegios Profesionales, proyecto de ley que se encuentra en el Congreso, y que ampliaría el tipo de sanciones que el Colegio Médico puede aplicar en contra de estos profesionales inescrupulosos.

El diputado PPD, Marco Antonio Núñez, señaló que si bien están de acuerdo con la propuesta de implementar un sistema de licencias médicas electrónicas, rechazan que sea una empresa privada la que realice su administración, puesto que se trata de documentos que tienen información confidencial. Esto en relación a la información de los últimos días, donde ha surgido el nombre de la empresa IMED, que es la que actualmente administra las licencias médicas en el sistema privado y que también se vislumbra como una alternativa para ofrecerlas en el sistema público.

“Respecto de la licencia medica electrónica, a nosotros nos parece un avance, pero rechazamos la posibilidad que sea una empresa denominada IMED, controlada por las isapres Consalud,  Banmédica y la empresa computacional Sonda, porque es un actor comprometido con el sistema y no puede tener toda la información confidencial al manejar el sistema electrónico de licencias”.

El diputado también puso énfasis al decir que desde el año 2001 se vienen presentando proyectos de ley para regular  la relación entre médicos y pacientes, a través de las licencias médicas, pero no han tenido éxito en el Congreso. De la misma manera declaró que este proyecto de ley ha sido enviado  por el Ejecutivo sin la urgencia necesaria para ser debatido en un corto período de tiempo.

Enrique Accorsi, por su parte, destacó el hecho de no poner en manos de privados la regularización del tema de las licencias médicas, debido a que la luz de los últimos casos de colusión entre Isapres y farmacias, se ha visto que la información confidencial de los pacientes es manipulada con otros intereses.
“Es momento en que la información confidencial de la salud de los chilenos no esté en manos privadas. Hemos visto la colusión que hay hoy entre Cruz Verde y la Isapre Banmédica para traspasar información que tiene que ver con los seguros, porque las personas que tienen ciertas enfermedades les van a hacer un deducible mayor, en el fondo, y le van a pasar la información a la gente del retail, de los seguros. Por eso es que en ninguna parte del mundo, esta información confidencial está en manos de privados”.
 
La pregunta ahora es qué va a pasar con este tema, quién se haría cargo de las licencias médicas electrónicas en caso de que este proyecto tenga éxito. Al respecto, los parlamentarios señalaron que la idea es que sean administradas por un organismo público, como la misma Superintendencia de Seguridad Social; a lo que el superintendente, Álvaro Elizalde respondió que no era competencia de esta institución, sí de fiscalizar  a quienes lo hagan, pero en este caso manifestó que deben ser empresas privadas con la competencia técnica y legal, que garanticen que los datos de los pacientes se van a mantener confidenciales, tal como estipula la ley.

En relación al mismo tema, el ministro de Salud, Álvaro Erazo, señaló que es el ministerio de Salud quien debe decidir esta situación y dio un plazo de un mes para que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley sobre licencias médicas electrónicas que asegure la privacidad de los datos de los pacientes.