“Los gobierno democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena”. Así de enfático fue el embajador chileno ante la ONU, Carlos Portales frente a las 71 recomendaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos a Chile, entre las que se encontraba la utilización de este recurso legal.  

El pasado 8 de mayo, en Ginebra, Chile rindió su primer Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual dio cuenta de sus avances y desafíos en el cumplimiento de los estándares internacionales en esta materia. Del total de “peros” que puso el organismo, el gobierno rechazó dos y postergó su decisión en otras cuatro, entre las que se encontraba la ley antiterrorista.

Pero para la abogada experta en temas indígenas, Nancy Yánez esta respuesta es rebatible.  “Si se circunscribiera la situación de conflictividad al territorio mapuche, las prácticas adoptadas por Carabineros, que constituyen uso legítimo de la fuerza, por particulares que cuentan con custodia especial de la policía, y que están premunidos además con armas de fuego de grueso calibre para cautelar sus intereses, que son de los propietarios y empresariales de la zona, no han recibido el mismo tratamiento que las comunidades indígenas”, aseguró.

Para el director del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, Chile no ha cumplido con los estándares internacionales.  “(…) Un conjunto de órganos y tratados de los que Chile es parte han manifestado una seria preocupación por la situación de los derechos humanos en Chile. En agosto pasado el comité de eliminación para todas las formas de discriminación racial en agosto subrayó al existencia de situaciones de desprotección jurídica y también violación garantías fundamentales”, señaló.

Las otras postergaciones a las que Chile debía contestar se relacionan con la ratificación de la convención internacional sobre mercenarios, la protección de la familia como grupo fundamental de la sociedad, y la investigación de casos de detención y deportaciones de periodistas y cineastas que trabajan con pueblos originarios.

Para sorpresa de muchas organizaciones ciudadanas no hubo ningún pronunciamiento respecto de los mercenarios. Sin embargo, respecto al otro punto pendiente el embajador Carlos Portales  aseguró que en Chile se asegura la libertad en materia familiar y libertad de expresión.

Según la experta en derechos humanos de la Corporación Humanas, Paula Salvo, esta aseveración del diplomático que es reflejo de la realidad. “En Chile no se encuentran reguladas las uniones de hecho. No es cierto que las uniones de personas de igual sexo tengan los mismos derechos que los matrimonios  entre hombres y mujeres, por lo tanto, consideramos que en Chile no se está protegiendo a la familia. Además, se le había hecho una recomendación respecto investigar el arresto y la deportación de periodistas y cineastas, como es el caso de Elena Varela, lo que hace patente que estos profesionales no pueden realizar libremente su trabajo”, enfatizó.

 Además señaló que las recomendaciones no aceptadas, relativas al aborto y a la regulación de fertilidad, demuestran una grave violación a los derechos humanos de las mujeres.

“Todas las instituciones están vigilando de lo que hace el Estado chileno en relación al EPU; consideramos que esto es una grave violación de los derechos humanos de las mujeres, porque Chile rechazó revisar la legislación que penaliza el aborto en toda circunstancia”, indicó.

Países miembros de la ONU observaron que nuestra legislación no permite el aborto terapéutico, ni siquiera cuando está en riesgo la vida de la madre.
Pero también se discutió sobre políticas de fertilidad, el uso de la anticoncepción de emergencia en casos de violación e incesto, y el poco margen de libertad que les queda a las mujeres ante las leyes.

La impunidad continúa

Existe una institucionalización de la impunidad en el país en materia de violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura y que se refleja en el hecho de que a pocas semanas del fin del gobierno de Michelle Bachelet no se hayan cumplido los compromisos que contrajo en este tema poco después de asumir el gobierno.

Así lo expresaron en una reunión con la ministra vocera de gobierno Carolina Tohá, las dirigentas de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, encabezadas por su presidenta, Lorena Pizarro, quienes le recordaron el encuentro que sostuvieron con la Presidenta Bachelet el 25 de mayo de 2006.

 “Nosotros tenemos aquí el mismo documento que le entregamos a la presidenta Bachelet, documento que ella dijo hacer suyo para desarrollarlo durante su gobierno.  Nos sorprende que de los puntos aquí señalados se han cumplido dos, por lo tanto, lo que estamos observando es una nula voluntad política por parte del Ejecutivo para avanzar en verdad total y justicia plena”, recordó Pizarro.

Desde el retorno a la democracia que se ha presentado sucesivas veces el petitorio a cada Presidente de la República, pero hasta ahora no se ha avanzado en materia de verdad, justicia, reparación y memoria, subrayó la dirigenta.

Pizarro agregó que no se puede comprender cómo el gobierno en la voz del ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, asegure que se han dado pasos sustantivos en políticas de derechos humanos, cuando la realidad a su juicio es que en Chile no hay interés por terminar con la impunidad.

“¿No es impunidad que el ministro de Defensa haya dicho que presumía la inocencia de agentes siniestros que estaban prestando servicios? ¿No es impunidad que el ministro Viera Gallo solicitara que no se creara una comisión investigadora en la Cámara? ¿No es impunidad que en este país no se tenga voluntad política para anular el decreto de amnistía? Eso es impunidad”

De esta forma, la dirigente sostuvo que los gobiernos de la Concertación se hacen cómplices de la tortura, la muerte y la desaparición de personas que practicó sistemáticamente la dictadura.