Edgardo Riveros, subsecretario de la Presidencia, reafirmó la credibilidad del gobierno en la ONG y volvió a poner el foco en los hechos que se le imputan a Sebastián Piñera. También señaló que TVN está en su derecho de apelar para no dar a conocer las remuneraciones que paga la estación televisiva.

El gobierno insistió en la validez de Transparencia Internacional como entidad y del trabajo que desarrolla en todo el mundo para dar cuenta de la corrupción con informes anuales.

Así lo precisó el subsecretario de la Presidencia, Edgardo Riveros, a pesar de las críticas de consejeros del propio organismo del capítulo Chile, respecto a la información que menciona a Sebastián Piñera y fue utilizado en el debate presidencial por Eduardo Frei.

“Es una instancia prestigiada, es una instancia internacional, es un informe que además contiene un capítulo chileno, lo que quiere decir que hay capítulos de todos los países. Lo importante en estas materias es si acaso en un momento determinado hechos que se plantean son ciertos o no, son efectivos o no son efectivos. Ése es el tema de fondo en  este plano y al final todo queda al escrutinio de la opinión pública”, precisó el subsecretario.

Las palabras de Riveros fueron dadas a conocer luego de presentar dos nuevos portales en el marco de la Ley de Transparencia, que buscan acercar la información de los organismos de gobierno y sobre la propia normativa a la ciudadanía.

Consultado por la decisión del directorio de Televisión Nacional de apelar a una solicitud para conocer las remuneraciones que se pagan en la estación estatal, Riveros indicó que está dentro del marco de las facultades que tienen estas instituciones, por cuanto son empresas del Estado y no organismos públicos.

“Estamos sujetos a la interpretación que los diversos actores den a esa tipo de normativa y es legítimo y no hay que mirar con ningún dramatismo el hecho de que en un momento determinado, frente a una determinación específica se estime que la ley no obliga a entregar cierta y determinada información y eso, en definitiva, será resuelto por los propios procedimientos que la ley establece”, concluyó.
Sin embargo otros problemas ha acarreado también la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia que rige hace ya cinco meses, entre ellos la exigencia de algunos sectores por conocer las remuneraciones en las Fuerzas Armadas, que también se mantienen en secreto.

También hace algunos días surgió la inquietud de la Alta Dirección Pública luego que se le emplazara a dar a conocer los resultados de las evaluaciones de los postulantes a altos cargos dentro de la administración pública.