La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el delito de tormentos o rigor innecesario, causando lesiones graves (torturas), en perjuicio de 17 prisioneros de la Academia de Guerra Aérea (AGA), entre el 11 de septiembre de 1973 y enero de 1975.
En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal rechazaron el recurso de casación presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció penas de tres años y un día a los coroneles (r) Edgar Cevallos y Ramón Cáceres, a quienes se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
El fallo determina por primera vez que las torturas son crímenes de lesa humanidad, al igual que los delitos de secuestros y homicidios calificados.
La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el delito de tormentos o rigor innecesario, causando lesiones graves (torturas), en perjuicio de 17 prisioneros de la Academia de Guerra Aérea (AGA), entre el 11 de septiembre de 1973 y enero de 1975.
En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal rechazaron el recurso de casación presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció penas de tres años y un día a los coroneles (r) Edgar Cevallos y Ramón Cáceres, a quienes se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
El fallo determina por primera vez que las torturas son crímenes de lesa humanidad, al igual que los delitos de secuestros y homicidios calificados.
La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por el delito de tormentos o rigor innecesario, causando lesiones graves (torturas), en perjuicio de 17 prisioneros de la Academia de Guerra Aérea (AGA), entre el 11 de septiembre de 1973 y enero de 1975.
En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal rechazaron el recurso de casación presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que estableció penas de tres años y un día a los coroneles (r) Edgar Cevallos y Ramón Cáceres, a quienes se les concedió el beneficio de la libertad vigilada.
El fallo determina por primera vez que las torturas son crímenes de lesa humanidad, al igual que los delitos de secuestros y homicidios calificados.
