"No tiene ningún fundamento jurídico, tal vez tiene un fundamento político para llamar la atención, pero no tiene ninguna base sólida", respondió el ministro ante la acción judicial interpuesta por las comunidades originarias por la creación de la institucionalidad de de Asuntos Indígenas sin consulta a los afectados, como lo establece el convenio 169 de la OIT.
Los dirigentes mapuche que presentaron el recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago, están absolutamente equivocados al plantear que se ha contravenido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al no consultar el envío del proyecto que crea una nueva institucionalidad en materia indígena, así lo aseveró el coordinador en estas materias y además uno de los acusados en el libelo presentado ayer por Aucán Huilcamán, werkén del Consejo de Todas las Tierras, el ministro José Antonio Viera Gallo.
El secretario de Estado precisó que el decreto presidencial sobre el reglamento que regula las consultas a los pueblos originarios establece que se pueden realizar antes o después del envío de un proyecto de ley.
“Primero vamos a consultar el reglamento y después consultaremos el proyecto del ministerio, entendiendo que hay un plazo de la discusión parlamentaria suficiente para que ello ocurra. Por tanto, ese recurso de protección no tiene ningún fundamento jurídico, tal vez tiene un fundamento político para llamar la atención, pero no tiene ninguna base sólida", enfatizó el ministro.
Este tipo de situaciones que se establecen en el decreto que fue visado por la Contraloría son las que critican los expertos, incluso, de entidades en el seno de las Naciones Unidas, ya que el Convenio 169 de la OIT señala que la consulta a los pueblos originarios se deben efectuar antes, durante y después de una presentación que involucre a las etnias.
Por otra parte, Viera Gallo adelantó que este jueves se realizará la reunión del equipo de ministros involucrados en el tema indígena, el que estudiará el avance de los compromisos de restitución de tierras, además del informe que preparó la Universidad de Concepción para cuantificar la magnitud de los terrenos que deben ser restituidos a las comunidades mapuches en el sur del país.