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Exigen pronunciamiento del gobierno

Aumenta presión del Congreso por deuda histórica

Diputados oficialistas exigen respuestas concretas y plantean rechazar el presupuesto de Educación para el 2010, interpelaciones a la ministra e incluso una acusación constitucional si no se respetan los acuerdos alcanzados.

Ricardo Salazar y Daniela Ruiz

  Miércoles 14 de octubre 2009 16:38 hrs. 
Radio-Uchile

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Diputados oficialistas exigen respuestas concretas y plantean rechazar el presupuesto de Educación para el 2010, interpelaciones a la ministra e incluso una acusación constitucional si no se respetan los acuerdos alcanzados.

El 12 de agosto la Cámara de Diputados aprobó un informe que establece una fórmula de pago para la deuda histórica de los profesores. Sin embargo, ya se cumplió el plazo formal de sesenta días para obtener el pronunciamiento del Ejecutivo y todavía no hay respuestas.

Desde el ministerio de Educación señalaron que sólo mañana  se va a conocer una propuesta formal y concreta en relación a este tema, al que el gobierno se comprometió en la discusión presupuestaria del año pasado.

Ante este  silencio, que motivó el paro nacional del martes, hay voces en el Parlamento que amenazaron con rechazar los dineros de la partida correspondiente al ministerio de Educación para el 2010.

“Vamos a dejar en mil pesos el presupuesto de educación hasta que no haya una solución permanente al tema de la deuda histórica de los profesores y los asistentes de la educación”, afirmó Rodrigo González  del PPD.

No obstante, para otros diputados, como el DC Gabriel Silber, miembro de la comisión de Educación, no debe mezclarse la discusión presupuestaria con el tema de la deuda histórica, pues existen herramientas constitucionales para exigir al Ejecutivo que cumpla con sus compromisos, señalando que, por ejemplo, si no hay respuestas concretas pronto podría acusarse constitucionalmente a la ministra de Educación, Mónica Jiménez.

“Existen otros mecanismos constitucionales. Está la acusación constitucional, está la interpelación, está el que nosotros citemos derechamente dentro de las próximas horas, si no hay una respuesta concreta, a la ministra de Educación. Y  en ese orden de ideas, prefiero avanzar y perseverar en lo primero antes que hacer amenazas con desechar una ley que es tan importante para el país”, afirmó.

Carlos Montes del PS, miembro de la comisión de Educación y Hacienda y quien fuera presidente de la comisión de Deudas Históricas, planteó que si existe un pronunciamiento del Ejecutivo, éste debe ser respetando los términos señalados por el Congreso.

“¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el ministro de Hacienda? No tengo idea. Lo único que pido es respeto al Congreso, no sólo a los profes, sino también al Congreso, que por unanimidad les hizo un planteamiento. Por definición todas las deudas históricas están preescritas, pero eso no significa que no sean legítimas, que no tengan un fundamento”, señaló.

El informe del Congreso señala que el gobierno se debe pronunciar sobre las deudas históricas que afectan a los profesores y también a gendarmería y a los deudores habitacionales.

El documento plantea además un recorte de los ingresos por ley reservada del cobre y establecer un bono, que pueda alcanzar cerca de un 30 por ciento de lo que sería una deuda histórica. Asimismo, establece la posibilidad de implementar impuestos a las grandes fortunas o al tabaco y al alcohol, de manera extraordinaria, para poder financiar una reparación.

Hasta el momento, todos los parlamentarios han coincido en que la deuda histórica planteada por los profesores es legítima en su cobro y que Estado debe hacerse cargo. Además, plantean que el informe entregado al gobierno estipula que la deuda puede financiarse, por lo que exigen una pronta respuesta del ministerio de Educación.

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