Manuel Zelaya se dice dispuesto a negociar cambios en la propuesta sobre su reinstalación, Micheletti evalúa la petición de que sea la Corte Suprema de Justicia la que dirima el asunto. Los militares avizoran el fin del conflicto pero sopesan riesgos de las propuestas de arreglo.
El Presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, parece tranquilo y con ganas de seguir discutiendo mientras que el Mandatario de facto, Roberto Micheletti, niega que se haya concluido un acuerdo y evalúa la petición "de que la justicia zanje sobre la restitución".
El punto que sigue obstaculizando el Acuerdo de San José, propuesto por el Presidente de Costa Rica Oscar Arias, es el retorno de Zelaya al poder, antes de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el 29 de noviembre.
Hasta ahora los delegados de ambos bandos se han puesto de acuerdo en siete de los ocho puntos del pacto, con el que se pretende poner fin a la crisis desatada tras el golpe de Estado del 28 de junio.
En lo que las comitivas están de acuerdo es: en el rechazo a una amnistía, no adelantar las elecciones, traspasar el mando de los militares a un tribunal electoral, un mes antes de los comicios, pedir a la comunidad internacional que levante las medidas de retorsión impuestas a Honduras, que Zelaya renuncie a convocar una Asamblea Constituyente y formar un gobierno de unidad nacional.
Las negociaciones en Tegucigalpa son intensas pues a la medianoche de este jueves se cumple el plazo que dio Zelaya para llegar a un pacto completo. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, afirmó que tenía esperanzas en que se desemboque en una solución.
Los negociadores de Zelaya reiteraron que aunque ya estén firmados los siete puntos del plan, el acuerdo sólo será firme cuando se resuelva el asunto de la restitución.
Ayer, centenares de manifestantes se congregaron fuera del hotel (donde se llevan a cabo las negociaciones), para hacer presión y exigir la restitución de Zelaya. La muchedumbre era vigilada de cerca por contingentes antimotines. El decreto, que entró en vigor hace dos semanas, por el que se suprimen las libertades civiles sigue vigente.
Los militares, que han sido clave en esta crisis, avizoran el fin del conflicto pero están evaluando los riesgos de las propuestas de arreglo, afirmó el máximo jefe militar del país, general Romeo Vázquez.