Mientras la salida a la crisis política parece estancada, detractores del gobierno de facto entregan impactantes testimonios de las violaciones a sus garantías fundamentales, declaraciones que hasta el 7 de noviembre recolectará una comitiva de la ONU.
Al más puro estilo de las antiguas dictaduras latinoamericanas se está volviendo la situación en Honduras. Los detractores del gobierno de facto de Roberto Michelleti han denunciado que son víctimas de una serie de violaciones a los derechos humanos de parte de los agentes de la policía y los partidarios del golpista.
Radio Progreso transmitió una de esas graves acusaciones. El sobrecogedor testimonio de una mujer que fue ultrajada por la policía.
“Yo me quedé en la paila de la patrulla. No sé qué rumbo tomaron porque el policía me llevaba boca abajo, encachada, con un pie en mi espalda. Me llevaron a un lugar muy terroso y me bajaron y me dijeron ‘ya vas a ver cabrona lo que te va a suceder por andar en cosas que no te convienen’. Me violaron cuatro policía, luego me ultrajaron, me violaron con la cosa negra con que pega la policía. Me dejaron tirada en la intemperie. Yo les rogaba, por favor no me hagan daño, tengo niños pequeños, se los suplico”, relató la mujer entre sollozos.
Declaraciones tan impactantes como esta son las que están recogiendo en Honduras una comitiva de tres miembros de las Naciones Unidas enviados por el Consejo de Derechos Humanos, que se quedará hasta el 7 de noviembre en ese país para preparar un informe sobre las violaciones a las garantías fundamentales perpetradas desde el golpe.
En tanto, las negociaciones entre los delegados del régimen de facto de Honduras y del derrocado Presidente Manuel Zelaya están estancadas por la definición del árbitro que debe decidir la restitución del mandatario.
A través del diálogo, iniciado hace catorce días con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ambos bandos lograron firmar siete de los ocho puntos claves del Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Sin embargo, las negociaciones se suspendieron al no aceptar la comisión de Zelaya una nueva propuesta de los representantes del régimen de facto.
Esa propuesta de los golpistas pretende que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional presenten a las comisiones de diálogo un informe sobre los antecedentes del golpe de Estado, el cual serviría de base para decidir sobre la restitución del gobernante constitucional.
La declaración solicitó al Consejo Permanente de la OEA, que se reunirá en Washington mañana miércoles, que se "pronuncie sobre el actual estado de obstrucción en que se encuentra el proceso del diálogo".
La situación se complica al acercarse las elecciones del 29 de noviembre, a las que apuesta el gobernante de facto Roberto Micheletti para liquidar el conflicto. El problema es que los comicios no serán reconocidos por la comunidad internacional si Zelaya no regresa a la Casa Presidencial.
En medio de la convulsión, aparecieron algunas señales alentadoras. La Radio Globo, cerrada el 28 de septiembre por Micheletti por apoyar a Zelaya, volvió al aire este lunes al entrar en vigencia un decreto que restituyó las garantías constitucionales.
Mientras la salida a la crisis política parece estancada, detractores del gobierno de facto entregan impactantes testimonios de las violaciones a sus garantías fundamentales, declaraciones que hasta el 7 de noviembre recolectará una comitiva de la ONU.
Al más puro estilo de las antiguas dictaduras latinoamericanas se está volviendo la situación en Honduras. Los detractores del gobierno de facto de Roberto Michelleti han denunciado que son víctimas de una serie de violaciones a los derechos humanos de parte de los agentes de la policía y los partidarios del golpista.
Radio Progreso transmitió una de esas graves acusaciones. El sobrecogedor testimonio de una mujer que fue ultrajada por la policía.
“Yo me quedé en la paila de la patrulla. No sé qué rumbo tomaron porque el policía me llevaba boca abajo, encachada, con un pie en mi espalda. Me llevaron a un lugar muy terroso y me bajaron y me dijeron ‘ya vas a ver cabrona lo que te va a suceder por andar en cosas que no te convienen’. Me violaron cuatro policía, luego me ultrajaron, me violaron con la cosa negra con que pega la policía. Me dejaron tirada en la intemperie. Yo les rogaba, por favor no me hagan daño, tengo niños pequeños, se los suplico”, relató la mujer entre sollozos.
Declaraciones tan impactantes como esta son las que están recogiendo en Honduras una comitiva de tres miembros de las Naciones Unidas enviados por el Consejo de Derechos Humanos, que se quedará hasta el 7 de noviembre en ese país para preparar un informe sobre las violaciones a las garantías fundamentales perpetradas desde el golpe.
En tanto, las negociaciones entre los delegados del régimen de facto de Honduras y del derrocado Presidente Manuel Zelaya están estancadas por la definición del árbitro que debe decidir la restitución del mandatario.
A través del diálogo, iniciado hace catorce días con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ambos bandos lograron firmar siete de los ocho puntos claves del Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Sin embargo, las negociaciones se suspendieron al no aceptar la comisión de Zelaya una nueva propuesta de los representantes del régimen de facto.
Esa propuesta de los golpistas pretende que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional presenten a las comisiones de diálogo un informe sobre los antecedentes del golpe de Estado, el cual serviría de base para decidir sobre la restitución del gobernante constitucional.
La declaración solicitó al Consejo Permanente de la OEA, que se reunirá en Washington mañana miércoles, que se "pronuncie sobre el actual estado de obstrucción en que se encuentra el proceso del diálogo".
La situación se complica al acercarse las elecciones del 29 de noviembre, a las que apuesta el gobernante de facto Roberto Micheletti para liquidar el conflicto. El problema es que los comicios no serán reconocidos por la comunidad internacional si Zelaya no regresa a la Casa Presidencial.
En medio de la convulsión, aparecieron algunas señales alentadoras. La Radio Globo, cerrada el 28 de septiembre por Micheletti por apoyar a Zelaya, volvió al aire este lunes al entrar en vigencia un decreto que restituyó las garantías constitucionales.
Mientras la salida a la crisis política parece estancada, detractores del gobierno de facto entregan impactantes testimonios de las violaciones a sus garantías fundamentales, declaraciones que hasta el 7 de noviembre recolectará una comitiva de la ONU.
Al más puro estilo de las antiguas dictaduras latinoamericanas se está volviendo la situación en Honduras. Los detractores del gobierno de facto de Roberto Michelleti han denunciado que son víctimas de una serie de violaciones a los derechos humanos de parte de los agentes de la policía y los partidarios del golpista.
Radio Progreso transmitió una de esas graves acusaciones. El sobrecogedor testimonio de una mujer que fue ultrajada por la policía.
“Yo me quedé en la paila de la patrulla. No sé qué rumbo tomaron porque el policía me llevaba boca abajo, encachada, con un pie en mi espalda. Me llevaron a un lugar muy terroso y me bajaron y me dijeron ‘ya vas a ver cabrona lo que te va a suceder por andar en cosas que no te convienen’. Me violaron cuatro policía, luego me ultrajaron, me violaron con la cosa negra con que pega la policía. Me dejaron tirada en la intemperie. Yo les rogaba, por favor no me hagan daño, tengo niños pequeños, se los suplico”, relató la mujer entre sollozos.
Declaraciones tan impactantes como esta son las que están recogiendo en Honduras una comitiva de tres miembros de las Naciones Unidas enviados por el Consejo de Derechos Humanos, que se quedará hasta el 7 de noviembre en ese país para preparar un informe sobre las violaciones a las garantías fundamentales perpetradas desde el golpe.
En tanto, las negociaciones entre los delegados del régimen de facto de Honduras y del derrocado Presidente Manuel Zelaya están estancadas por la definición del árbitro que debe decidir la restitución del mandatario.
A través del diálogo, iniciado hace catorce días con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), ambos bandos lograron firmar siete de los ocho puntos claves del Acuerdo de San José, propuesto por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Sin embargo, las negociaciones se suspendieron al no aceptar la comisión de Zelaya una nueva propuesta de los representantes del régimen de facto.
Esa propuesta de los golpistas pretende que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional presenten a las comisiones de diálogo un informe sobre los antecedentes del golpe de Estado, el cual serviría de base para decidir sobre la restitución del gobernante constitucional.
La declaración solicitó al Consejo Permanente de la OEA, que se reunirá en Washington mañana miércoles, que se "pronuncie sobre el actual estado de obstrucción en que se encuentra el proceso del diálogo".
La situación se complica al acercarse las elecciones del 29 de noviembre, a las que apuesta el gobernante de facto Roberto Micheletti para liquidar el conflicto. El problema es que los comicios no serán reconocidos por la comunidad internacional si Zelaya no regresa a la Casa Presidencial.
En medio de la convulsión, aparecieron algunas señales alentadoras. La Radio Globo, cerrada el 28 de septiembre por Micheletti por apoyar a Zelaya, volvió al aire este lunes al entrar en vigencia un decreto que restituyó las garantías constitucionales.
