El ministro del Interior, Edmundo Pérez, solicitó que los culpables de los ataques contra transportistas sean procesados por la Ley Antiterrorista y agregó que las comunidades que los protejan no tendrán posibilidad de negociar con el gobierno por futura entrega de territorios. En tanto, líderes mapuches sostienen que medidas represivas buscan evitar diálogo.
El gobierno pidió que se procese por la Ley Antiterrorista a quienes resulten responsables del incendio de dos camiones en la madrugada de hoy, al igual que a los cinco comuneros de Temocuicui Autónomo que permanecen detenidos en las cárceles de Temuco y Angol, como determinó el tribunal de la ciudad de Victoria.
La solicitud la hizo públicamente el ministro del Interior, Edmundo Pérez, quien señaló que los individuos integrantes de este grupo son parte del que atacó a otros dos vehículos de transporte y asaltó hace casi dos semanas un peaje. El jefe de gabinete señaló, además, que en caso de que las comunidades amparen a delincuentes no tendrán posibilidad de acceder a la devolución de tierras que impulsa el gobierno.
“Las responsabilidades penales son responsabilidades individuales. Sin embargo, si nosotros o los fiscales logran determinar que hay comunidades que están amparando o protegiendo a este tipo de delincuentes, esas comunidades no tendrán ninguna posibilidad de tener conversaciones con la autoridad para posible entrega de tierras”, subrayó.
Pérez Yoma agregó que el jueves se reunirá con los dirigentes de los camioneros para analizar la situación, aunque sostuvo que el camino no es armarse para hacer frente a los ataques ocurridos en los últimos días, ya que sólo provocará más violencia de un grupo de desesperados, recalcó.
La respuesta al conflicto, a través de la represión es la fórmula para no propiciar el diálogo y llegar a un acuerdo ante propuestas concretas que tienen los mapuches, señaló por su parte Antonio Cadín, esposo de la lonko Juana Calfunao, quien está en prisión desde el 2006 en la cárcel de Temuco.
“Lo que quiere el gobierno es provocar un amedrentamiento con las comunidades mapuches en virtud que se ha formado una nueva alianza territorial de autoridades del mapuches. Ellos están respondiendo de esa forma para evitar el diálogo que nosotros estamos proponiendo al gobierno para darles territorios desde Bío Bío al sur, de acuerdo al tratado de Tapihue de 1925, el único tratado que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche”, señaló.
El machi de la comunidad Juan Paillalef y padre de Relmutray Cadin, quien solicitó asilo político a Suiza, agregó que de continuar la violencia por parte del Estado, el único camino que queda es defender sus demandas por autonomía y reconocimiento.
Antonio Cadin agregó que solicitarán en el caso de su mujer, la lonko Juana Calfunao, se estudie su libertad condicional, pero esta vez desde la Corte de Apelaciones de Temuco, en vista que cumplió la mitad de la condena por la que está en prisión, acusada por graves desórdenes y amenazas a Carabineros.
“Vamos a interponer un recurso de apelación en la Corte, para que se haga parte también y pida la carpeta de Juana Calfunao y pueda revisar la carpeta para ver ellos el tema de la libertad y no Gendarmería, porque Gendarmería ha argumentado de que Juana Calfunao no tiene muy buena conducta. En ese sentido nosotros vamos a invocar el Convenio 169 en su artículo 10, la Ley Indígena y los tratados internacionales que tienen que ver con los pueblos indígenas”, informó.
Precisamente, el artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que cuando se impongan sanciones penales se deberá tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, además de darse preferencia a sanciones distintas del encarcelamiento.
El ministro del Interior, Edmundo Pérez, solicitó que los culpables de los ataques contra transportistas sean procesados por la Ley Antiterrorista y agregó que las comunidades que los protejan no tendrán posibilidad de negociar con el gobierno por futura entrega de territorios. En tanto, líderes mapuches sostienen que medidas represivas buscan evitar diálogo.
El gobierno pidió que se procese por la Ley Antiterrorista a quienes resulten responsables del incendio de dos camiones en la madrugada de hoy, al igual que a los cinco comuneros de Temocuicui Autónomo que permanecen detenidos en las cárceles de Temuco y Angol, como determinó el tribunal de la ciudad de Victoria.
La solicitud la hizo públicamente el ministro del Interior, Edmundo Pérez, quien señaló que los individuos integrantes de este grupo son parte del que atacó a otros dos vehículos de transporte y asaltó hace casi dos semanas un peaje. El jefe de gabinete señaló, además, que en caso de que las comunidades amparen a delincuentes no tendrán posibilidad de acceder a la devolución de tierras que impulsa el gobierno.
“Las responsabilidades penales son responsabilidades individuales. Sin embargo, si nosotros o los fiscales logran determinar que hay comunidades que están amparando o protegiendo a este tipo de delincuentes, esas comunidades no tendrán ninguna posibilidad de tener conversaciones con la autoridad para posible entrega de tierras”, subrayó.
Pérez Yoma agregó que el jueves se reunirá con los dirigentes de los camioneros para analizar la situación, aunque sostuvo que el camino no es armarse para hacer frente a los ataques ocurridos en los últimos días, ya que sólo provocará más violencia de un grupo de desesperados, recalcó.
La respuesta al conflicto, a través de la represión es la fórmula para no propiciar el diálogo y llegar a un acuerdo ante propuestas concretas que tienen los mapuches, señaló por su parte Antonio Cadín, esposo de la lonko Juana Calfunao, quien está en prisión desde el 2006 en la cárcel de Temuco.
“Lo que quiere el gobierno es provocar un amedrentamiento con las comunidades mapuches en virtud que se ha formado una nueva alianza territorial de autoridades del mapuches. Ellos están respondiendo de esa forma para evitar el diálogo que nosotros estamos proponiendo al gobierno para darles territorios desde Bío Bío al sur, de acuerdo al tratado de Tapihue de 1925, el único tratado que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche”, señaló.
El machi de la comunidad Juan Paillalef y padre de Relmutray Cadin, quien solicitó asilo político a Suiza, agregó que de continuar la violencia por parte del Estado, el único camino que queda es defender sus demandas por autonomía y reconocimiento.
Antonio Cadin agregó que solicitarán en el caso de su mujer, la lonko Juana Calfunao, se estudie su libertad condicional, pero esta vez desde la Corte de Apelaciones de Temuco, en vista que cumplió la mitad de la condena por la que está en prisión, acusada por graves desórdenes y amenazas a Carabineros.
“Vamos a interponer un recurso de apelación en la Corte, para que se haga parte también y pida la carpeta de Juana Calfunao y pueda revisar la carpeta para ver ellos el tema de la libertad y no Gendarmería, porque Gendarmería ha argumentado de que Juana Calfunao no tiene muy buena conducta. En ese sentido nosotros vamos a invocar el Convenio 169 en su artículo 10, la Ley Indígena y los tratados internacionales que tienen que ver con los pueblos indígenas”, informó.
Precisamente, el artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que cuando se impongan sanciones penales se deberá tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, además de darse preferencia a sanciones distintas del encarcelamiento.
El ministro del Interior, Edmundo Pérez, solicitó que los culpables de los ataques contra transportistas sean procesados por la Ley Antiterrorista y agregó que las comunidades que los protejan no tendrán posibilidad de negociar con el gobierno por futura entrega de territorios. En tanto, líderes mapuches sostienen que medidas represivas buscan evitar diálogo.
El gobierno pidió que se procese por la Ley Antiterrorista a quienes resulten responsables del incendio de dos camiones en la madrugada de hoy, al igual que a los cinco comuneros de Temocuicui Autónomo que permanecen detenidos en las cárceles de Temuco y Angol, como determinó el tribunal de la ciudad de Victoria.
La solicitud la hizo públicamente el ministro del Interior, Edmundo Pérez, quien señaló que los individuos integrantes de este grupo son parte del que atacó a otros dos vehículos de transporte y asaltó hace casi dos semanas un peaje. El jefe de gabinete señaló, además, que en caso de que las comunidades amparen a delincuentes no tendrán posibilidad de acceder a la devolución de tierras que impulsa el gobierno.
“Las responsabilidades penales son responsabilidades individuales. Sin embargo, si nosotros o los fiscales logran determinar que hay comunidades que están amparando o protegiendo a este tipo de delincuentes, esas comunidades no tendrán ninguna posibilidad de tener conversaciones con la autoridad para posible entrega de tierras”, subrayó.
Pérez Yoma agregó que el jueves se reunirá con los dirigentes de los camioneros para analizar la situación, aunque sostuvo que el camino no es armarse para hacer frente a los ataques ocurridos en los últimos días, ya que sólo provocará más violencia de un grupo de desesperados, recalcó.
La respuesta al conflicto, a través de la represión es la fórmula para no propiciar el diálogo y llegar a un acuerdo ante propuestas concretas que tienen los mapuches, señaló por su parte Antonio Cadín, esposo de la lonko Juana Calfunao, quien está en prisión desde el 2006 en la cárcel de Temuco.
“Lo que quiere el gobierno es provocar un amedrentamiento con las comunidades mapuches en virtud que se ha formado una nueva alianza territorial de autoridades del mapuches. Ellos están respondiendo de esa forma para evitar el diálogo que nosotros estamos proponiendo al gobierno para darles territorios desde Bío Bío al sur, de acuerdo al tratado de Tapihue de 1925, el único tratado que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche”, señaló.
El machi de la comunidad Juan Paillalef y padre de Relmutray Cadin, quien solicitó asilo político a Suiza, agregó que de continuar la violencia por parte del Estado, el único camino que queda es defender sus demandas por autonomía y reconocimiento.
Antonio Cadin agregó que solicitarán en el caso de su mujer, la lonko Juana Calfunao, se estudie su libertad condicional, pero esta vez desde la Corte de Apelaciones de Temuco, en vista que cumplió la mitad de la condena por la que está en prisión, acusada por graves desórdenes y amenazas a Carabineros.
“Vamos a interponer un recurso de apelación en la Corte, para que se haga parte también y pida la carpeta de Juana Calfunao y pueda revisar la carpeta para ver ellos el tema de la libertad y no Gendarmería, porque Gendarmería ha argumentado de que Juana Calfunao no tiene muy buena conducta. En ese sentido nosotros vamos a invocar el Convenio 169 en su artículo 10, la Ley Indígena y los tratados internacionales que tienen que ver con los pueblos indígenas”, informó.
Precisamente, el artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que cuando se impongan sanciones penales se deberá tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, además de darse preferencia a sanciones distintas del encarcelamiento.
