El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió excluir a los principales operadores del rubro portuario, al fijar las condiciones de licitación de infraestructura y servicios en Valparaíso.
La resolución, emanada de un informe en derecho, surgió de una solicitud de la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), acerca de fijar las condiciones para modernizar el Sector Portuario Estatal y estableció, en particular, los términos de la licitación del Frente de Atraque Nº 2 del Puerto de Valparaíso bajo un esquema mono operador.
El informe del tribunal impuso restricciones a la integración vertical y horizontal del concesionario, en restricción vertical impide a usuarios tener más del 60 por ciento de la licitación del Frente de Atraque Nº 2 de Valparaíso, mientras en la restricción horizontal, impide al concesionario participar directa o indirectamente en otra licitación.
Con esto, las principales firmas del sector portuario, como el grupo Von Appen y Claro, que controlan actualmente casi el 87 por ciento de las operaciones, quedan fuera de parte importante de los procesos de licitación de infraestructura pública.
El presidente de la Confederación de Gente del Mar (Congemar), Jorge Bustos, valoró el impacto de la resolución: “Echó abajo las pretensiones de Empresa Portuaria y del Terminal Pacífico Sur de adueñarse del Puerto de Valparaíso. Del 2007 que venimos denunciando la gran concentración en la industria portuaria, por parte de los exportadores ya había habido denuncias por abuso monopólico con respecto a la salida de las cargas fruteras. Todo lo que hemos hecho, la denuncia al Tribunal de la Libre Competencia, han dado resultados”, resaltó.
La estatal Empresa Portuaria de Valparaíso está en un proceso de reformulación para las licitaciones que debían efectuar el año 2007 y que demuestra un retraso de dos años, respecto de su planificación original.
El presidente de la portuaria estatal, Germán Correa, señaló que este escenario era esperado y reconoció tanto los retrasos producidos, como su molestia por ello.
“El calendario ya se atrasó porque nosotros habíamos pensado llamar a licitación el 2007, pero esta consulta llevó once meses, más la primera que nosotros hicimos. Si no hubiese requerimientos ante los tribunales de justicia, de parte de algún interesado en anteponer algún recurso, ya se abriría un aspecto más de este proceso y nos dejaría en condiciones de tomar la decisión de cuándo se llama a licitación”, dijo.
Esto no sólo afecta a la Empresa Portuaria de Valparaíso, que debía licitar los servicios portuarios correspondientes a los terminales de administración estatal, sino además a las empresas privadas que operan actualmente en la bahía, afectadas además por la crisis financiera internacional.
Roberto Ziguerello, gerente general de Terminal Pacífico Sur Valparaíso, señaló que actualmente en el rubro han bajado en casi un 25 por ciento la actividad, producto de la crisis financiera internacional.
“El año pasado el puerto de Valparaíso bordeamos los 6oo mil containers entre exportaciones e importaciones y este año yo creo que vamos a cerrar el en cifras no superiores a los 450 mil”, señaló.
En este informe también se establecieron condiciones para resguardar la competencia, como el deber de la portuaria estatal de utilizar como criterio de adjudicación el menor índice promedio de tarifas por los servicios básicos, y establecer criterios para la determinación del monto de los pagos que deba efectuar el concesionario a EPV.
La resolución determinará además los procesos de licitaciones en los puertos de Coquimbo y San Antonio, que están consideradas por parte de las portuarias estatales, que son parte del Sistema de Empresas Públicas.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió excluir a los principales operadores del rubro portuario, al fijar las condiciones de licitación de infraestructura y servicios en Valparaíso.
La resolución, emanada de un informe en derecho, surgió de una solicitud de la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), acerca de fijar las condiciones para modernizar el Sector Portuario Estatal y estableció, en particular, los términos de la licitación del Frente de Atraque Nº 2 del Puerto de Valparaíso bajo un esquema mono operador.
El informe del tribunal impuso restricciones a la integración vertical y horizontal del concesionario, en restricción vertical impide a usuarios tener más del 60 por ciento de la licitación del Frente de Atraque Nº 2 de Valparaíso, mientras en la restricción horizontal, impide al concesionario participar directa o indirectamente en otra licitación.
Con esto, las principales firmas del sector portuario, como el grupo Von Appen y Claro, que controlan actualmente casi el 87 por ciento de las operaciones, quedan fuera de parte importante de los procesos de licitación de infraestructura pública.
El presidente de la Confederación de Gente del Mar (Congemar), Jorge Bustos, valoró el impacto de la resolución: “Echó abajo las pretensiones de Empresa Portuaria y del Terminal Pacífico Sur de adueñarse del Puerto de Valparaíso. Del 2007 que venimos denunciando la gran concentración en la industria portuaria, por parte de los exportadores ya había habido denuncias por abuso monopólico con respecto a la salida de las cargas fruteras. Todo lo que hemos hecho, la denuncia al Tribunal de la Libre Competencia, han dado resultados”, resaltó.
La estatal Empresa Portuaria de Valparaíso está en un proceso de reformulación para las licitaciones que debían efectuar el año 2007 y que demuestra un retraso de dos años, respecto de su planificación original.
El presidente de la portuaria estatal, Germán Correa, señaló que este escenario era esperado y reconoció tanto los retrasos producidos, como su molestia por ello.
“El calendario ya se atrasó porque nosotros habíamos pensado llamar a licitación el 2007, pero esta consulta llevó once meses, más la primera que nosotros hicimos. Si no hubiese requerimientos ante los tribunales de justicia, de parte de algún interesado en anteponer algún recurso, ya se abriría un aspecto más de este proceso y nos dejaría en condiciones de tomar la decisión de cuándo se llama a licitación”, dijo.
Esto no sólo afecta a la Empresa Portuaria de Valparaíso, que debía licitar los servicios portuarios correspondientes a los terminales de administración estatal, sino además a las empresas privadas que operan actualmente en la bahía, afectadas además por la crisis financiera internacional.
Roberto Ziguerello, gerente general de Terminal Pacífico Sur Valparaíso, señaló que actualmente en el rubro han bajado en casi un 25 por ciento la actividad, producto de la crisis financiera internacional.
“El año pasado el puerto de Valparaíso bordeamos los 6oo mil containers entre exportaciones e importaciones y este año yo creo que vamos a cerrar el en cifras no superiores a los 450 mil”, señaló.
En este informe también se establecieron condiciones para resguardar la competencia, como el deber de la portuaria estatal de utilizar como criterio de adjudicación el menor índice promedio de tarifas por los servicios básicos, y establecer criterios para la determinación del monto de los pagos que deba efectuar el concesionario a EPV.
La resolución determinará además los procesos de licitaciones en los puertos de Coquimbo y San Antonio, que están consideradas por parte de las portuarias estatales, que son parte del Sistema de Empresas Públicas.
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió excluir a los principales operadores del rubro portuario, al fijar las condiciones de licitación de infraestructura y servicios en Valparaíso.
La resolución, emanada de un informe en derecho, surgió de una solicitud de la estatal Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), acerca de fijar las condiciones para modernizar el Sector Portuario Estatal y estableció, en particular, los términos de la licitación del Frente de Atraque Nº 2 del Puerto de Valparaíso bajo un esquema mono operador.
El informe del tribunal impuso restricciones a la integración vertical y horizontal del concesionario, en restricción vertical impide a usuarios tener más del 60 por ciento de la licitación del Frente de Atraque Nº 2 de Valparaíso, mientras en la restricción horizontal, impide al concesionario participar directa o indirectamente en otra licitación.
Con esto, las principales firmas del sector portuario, como el grupo Von Appen y Claro, que controlan actualmente casi el 87 por ciento de las operaciones, quedan fuera de parte importante de los procesos de licitación de infraestructura pública.
El presidente de la Confederación de Gente del Mar (Congemar), Jorge Bustos, valoró el impacto de la resolución: “Echó abajo las pretensiones de Empresa Portuaria y del Terminal Pacífico Sur de adueñarse del Puerto de Valparaíso. Del 2007 que venimos denunciando la gran concentración en la industria portuaria, por parte de los exportadores ya había habido denuncias por abuso monopólico con respecto a la salida de las cargas fruteras. Todo lo que hemos hecho, la denuncia al Tribunal de la Libre Competencia, han dado resultados”, resaltó.
La estatal Empresa Portuaria de Valparaíso está en un proceso de reformulación para las licitaciones que debían efectuar el año 2007 y que demuestra un retraso de dos años, respecto de su planificación original.
El presidente de la portuaria estatal, Germán Correa, señaló que este escenario era esperado y reconoció tanto los retrasos producidos, como su molestia por ello.
“El calendario ya se atrasó porque nosotros habíamos pensado llamar a licitación el 2007, pero esta consulta llevó once meses, más la primera que nosotros hicimos. Si no hubiese requerimientos ante los tribunales de justicia, de parte de algún interesado en anteponer algún recurso, ya se abriría un aspecto más de este proceso y nos dejaría en condiciones de tomar la decisión de cuándo se llama a licitación”, dijo.
Esto no sólo afecta a la Empresa Portuaria de Valparaíso, que debía licitar los servicios portuarios correspondientes a los terminales de administración estatal, sino además a las empresas privadas que operan actualmente en la bahía, afectadas además por la crisis financiera internacional.
Roberto Ziguerello, gerente general de Terminal Pacífico Sur Valparaíso, señaló que actualmente en el rubro han bajado en casi un 25 por ciento la actividad, producto de la crisis financiera internacional.
“El año pasado el puerto de Valparaíso bordeamos los 6oo mil containers entre exportaciones e importaciones y este año yo creo que vamos a cerrar el en cifras no superiores a los 450 mil”, señaló.
En este informe también se establecieron condiciones para resguardar la competencia, como el deber de la portuaria estatal de utilizar como criterio de adjudicación el menor índice promedio de tarifas por los servicios básicos, y establecer criterios para la determinación del monto de los pagos que deba efectuar el concesionario a EPV.
La resolución determinará además los procesos de licitaciones en los puertos de Coquimbo y San Antonio, que están consideradas por parte de las portuarias estatales, que son parte del Sistema de Empresas Públicas.
