Después de haber sido detenido, el niño de 14 años de iniciales FPM fue subido a un helicóptero y amenazado con ser lanzado al vacío por efectivos de carabineros, hechos que fueron relatados en el documento que es la base de la querella que su padre junto a un abogado del Observatorio Ciudadano presentaron la semana pasada en los tribunales de Temuco.
 
El 5 de octubre, mientras en Santiago el gobierno celebraba 21 años del triunfo del No en el plebiscito de 1988, la vida de este menor mapuche cambió radicalmente, como explicó su padre, José Painevilo, quien dijo que “ después de eso vive asustado, no duerme bien… está complicado”.

Esta situación claramente de violencia es parte de la realidad que deben enfrentar los niños mapuches que integran las comunidades que hoy reclaman la restitución de las tierras que pertenecieron a sus antepasados.
 
Todo el ambiente alrededor de los niños de la zona está cruzado por la carga del conflicto, lo que compromete su proceso de enseñanza,  pero muy especialmente en su capacidad para generar vínculos con un país que, sencillamente, responde de manera agresiva a sus reclamos.
 
Para el doctor en educación y académico de la Universidad de la Frontera, Guillermo Willamson, la situación es preocupante porque se ha comprobado además la inclinación de los niños por crear juegos que retratan la violencia en la que viven y que se grafica en sus propios dibujos.
 
“El tema no es si hay heridos o no. Cuando tu ves a los chicos debajo de las mesas de la escuela producto de las manifestaciones que hay afuera, no importa que no hayan heridos, porque evidentemente son episodios fuertes”, precisó Willamson.
 
Por eso el docente insiste en que hay que resguardar los espacios públicos, como los colegios, para evitar las eventuales consecuencias que puedan tener a futuro.
 
Por su parte, el director de Amnistía Internacional en Chile, Hernán Vergara, es tajante al afirmar que lo que se registra en la Araucanía es una violación flagrante a los derechos humanos, a lo que se suma el atropello permanente a los derechos más básicos que están contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, a la que Chile está suscrita.

“Hemos llegado a niveles insostenibles de violencia que ahora afecta a quienes no debería haberles llegado nunca, como es el caso de los menores de edad y en general a aquellas personas que son totalmente inocentes de lo que está pasando en La Araucanía.  Nosotros vemos con preocupación que en esta escalada de violencia, el Estado de Chile no tome las medidas que obliga la ley para asegurar la paz social de todos los individuos de esta nación”, sentenció Vergara.
 
Si bien,  en la actualidad, Chile como Estado es parte de la dirección del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, gracias a la  ratificación de los convenios internacionales y por las señales que proyecta hacia el exterior, estos atropellos, en especial a los niños mapuches, puede costarle que su condición le sea quitada de no haber un cambio en sus políticas.

Embestida internacional

La situación que viven los menores en la Araucanía, que están en el centro del conflicto, es motivo de preocupación de organismos internacionales como la UNICEF, cuyo representante para Chile, Gary Stahl, se reunirá este lunes con tres ministros en La Moneda para abordar estos hechos luego de realizar una visita el fin de semana a la región y verificar en terreno las denuncias que, hasta ahora, el gobierno no ha querido reconocer.

Misma posición adquirió  La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que pidió al Gobierno de Chile que ponga fin a la violencia policial contra la comunidad indígena mapuche.
La FIDH indicó que "éstos hechos se inscriben en una serie de graves abusos cometidos en contra de las comunidades Mapuche", como los registrados en todos los allanamientos de Carabineros a las comunidades.

Así consta en algunos testimonios como el del del Werken de Temocuicui, Mijael Carbone, quien señaló que la fuerza policial “nos maltrató muchísimo. Nos golpearon tanto que dejaron a mi lonko con fracturas en el cuello, nos hicieron llaves como le llaman ellos, nos dejaron esposados de diferentes formas y hoy la Fiscalía Militar nos procesa por maltrato a Carabineros”.

Es por eso que la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, (Codepu), organismo representante en Chile de la FIDH, solicitó que Chile readecue el procedimiento de los allanamientos.
“Lo que se está pidiendo es que Chile acelere una serie de cambios normativos y de procedimientos que tienen que ver con el control y readecuación del procedimiento policial cuando se hacen estos operativos”, precisó el presidente de la organización, José Araya.

Araya cuestionó además el uso indiscriminado de la Ley Antiterrorista y la Justicia Militar, lo que a su juicio involucra procesos engorrosos, no transparentes y poco profesionales.

El especialista en materias indígenas indicó  que antes de que la FIDH se pronunciara al respecto, Codepu ya había advertido al gobierno sobre los maltratos ocurridos en la zona mapuche solicitando una investigación que no se ha efectuado.

“El 19 de octubre hicimos una presentación oficial al ministro del Interior, pidiendo una investigación administrativa en relación a los hechos ocurridos en Temucuicui. Lo que la FIDH hace es hacerse parte de esta petición y hacer esta alegación directamente ante el gobierno de Chile y presentar estos antecedentes ante los órganos internacionales”, indicó Araya.

En mayo pasado el comité Contra la Tortura de la ONU en Ginebra solicitó a Chile generar una señal clara respecto de la lucha contra esta materia en nuestro país. Instancia en la que el Ejecutivo negó que la Policía disparase a niños mapuches, como denunciaron algunas comunidades indígenas, con base en informes médicos que sustentaban las acusaciones. 

Por otra parte, en un plazo de veinte días, la Cruz Roja Internacional auxiliará a mapuches heridos en la Araucanía.  La ayuda se realizará mediante un equipo de médicos y especialistas que atenderán a los miembros de comunidades heridos durante los allanamientos que a diario realiza Carabineros en la zona de conflicto.

Por lo mismo,  el coordinador del programa Pueblos Originarios de la Organización, Amnistía  Internacional, Patricio Quevedo, aseguró que lo más importante es generar un diálogo permanente con el gobierno para que se puedan condenar los hechos de violencia.

“Hemos instado al gobierno a generar un diálogo efectivo porque nosotros creemos que es la única forma que la situación, el tan mal llamado conflicto en la región de la Araucanía, pueda llegar a su fin. La violencia policial nos ha impactado porque han ocurrido hechos que son absolutamente condenables”, afirmó Quevedo.

Ya existen varias campañas de apoyo a los pueblos originarios y de repudio  a la violencia, como Alto Ahí, lanzada el 2008, además de la iniciativa Exige Dignidad, en la que se  abordan temas como el impacto de las industrias extractivas en zonas naturales donde la población vive de los recursos naturales.

La idea es elaborar informes de casos sobre la situación del conflicto mapuche para darlo a conocer  a las autoridades chilenas, para lograr que  tomen conciencia sobre este  tema.