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Año XVI, 25 de abril de 2024


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Cámara aprueba proyecto de acuerdo y emplaza a la Presidenta a reconocer deuda con los profesores

Un nuevo respaldo de los parlamentarios a las demandas del Magisterio se produjo hoy en el Congreso, cuando los diputados por unanimidad solicitaron al Ejecutivo reconocer los compromisos pendientes con los docentes y aplicar las fórmulas de pago que ellos propusieron anteriomente.

Editora Diario Electrónico

  Martes 27 de octubre 2009 18:09 hrs. 
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Un nuevo respaldo de los parlamentarios a las demandas del Magisterio se produjo hoy en el Congreso, cuando los diputados por unanimidad solicitaron al Ejecutivo reconocer los compromisos pendientes con los docentes y aplicar las fórmulas de pago que ellos propusieron anteriormente.

 

Por unanimidad la Cámara de Diputados aprobó hoy un proyecto de acuerdo en el que piden a la Presidenta Michelle Bachelet que reconozca la deuda histórica con los profesores, tal como lo estableció el informe que la comisión parlamentaria especial entregó al gobierno, y que aplique las propuestas de pago contenidas en él.

El documento, aprobado por 78 votos, ninguno en contra ni abstenciones, señala además la necesidad de hacer efectivos los compromisos que los distintos poderes del Estado y los municipios han hecho con el Magisterio en este sentido.

“Nos encontramos con que la obligación existe y que se ha transformado en un problema moral del Estado de Chile, al cual no se ha logrado dar una solución y que mantiene por ello efectos negativos de naturaleza económica, previsional y social”, señala el proyecto.

El 15 de octubre, al filo de vencerse el plazo, el ministro de Hacienda y la ministra de Educación, rechazaron la propuesta del informe de la comisión especial de Deuda Histórica donde se establecía un pago escalonado a los más de ochenta mil profesores acreedores del Estado, oficio que se adjunta en este nuevo pronunciamiento de los diputados.

El proyecto de acuerdo recuerda nuevamente el incumplimiento de la Ley 3.551, de 1980, que otorgaba un mejoramiento salarial en cuatro tramos sucesivos entre 1981 y 1984, que se dejó de pagar por el traspaso de las escuelas y liceos a los municipios y empresarios privados regidos por la ley 3.166.

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