La Corte Suprema finalizó con las audiencias de alegatos por el Caso Chusmiza en el que dos comunidades Aymaras del norte de nuestro país reclaman derechos ancestrales de agua que fueron inscritos por una empresa de agua mineral en 1996.

La decisión está en manos de Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia, pero lo cierto es que son casi 14 años de lucha por parte de las comunidades Aymaras de Chusmiza y Usmagama.

Es la historia de dos pueblos originarios cordilleranos situados a más de tres mil 300 metros de altura y a 150 kilómetros al noreste de Iquique que, desde tiempos ancestrales, se abastecieron de agua a través de una vertiente proveniente del Volcán Isluga.

En su momento de mayor apogeo, ambas comunidades llegaron a tener cerca de quinientos habitantes, pero hoy en los desérticos terrenos del Norte Grande, apenas quedan cerca de 40 personas tratando de sobrevivir con un estanque que les provee de un poco de agua.

Esto, porque desde la década de 1920, en las vertientes se instaló una embotelladora de agua mineral, propiedad de Natalio Papic y Jorge Ostoic, que en 1996 y, luego de una sucesión hereditaria, formó una sociedad con Juan Villarzú Rode, ex vicepresidente de Codelco Chile, quienes inscribieron como suyos los derechos de aguas que siempre fueron de las comunidades.

Incluso, cuando la Conadi quiso inscribir los derechos ancestrales de agua ante la Dirección General de Aguas, se encontró con la oposición de la empresa embotelladora y se declaró incompetente, por lo que el litigio quedó en manos de la justicia.

La causa, conocida como Caso Chusmiza, tuvo la jornada final de alegatos, con una audiencia en que se presentaron los argumentos de la defensa de los pueblos originarios a cargo del abogado Jorge Curilem.

“Los derechos ancestrales de la comunidad vienen desde antes de la formación de la República, incluso antes de la existencia de los estados nacionales y se encuentran amparados por la ley indígena y hemos llegado hasta la Corte Suprema porque precisamente tenemos la convicción de que el derecho está de su parte. Las presiones pueden existir siempre, pero no estamos preocupados por ellas”, afirmó el jurista.        

Por estos días, la embotelladora Chusmiza no está en funcionamiento por problemas económicos, pero el abogado Gonzalo Arévalo, representante de la empresa, aseguró que la planta de aguas minerales seguirá en ejercicio, descartando la idea de compartir la fuente de agua con las comunidades.

“Agua Mineral Chusmiza dedujo un recurso de casación en la forma y en el fondo con el objeto de revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique, que dio lugar a la regularización de la comunidad indígena. En estos momentos se está haciendo uso de parte de esos derechos de agua en atención a que, por ocasión a los juicios de la comunidad indígena, dedujo en contra de la compañía, la empresa está con problemas financieros, pero seguir explotando los derechos  de agua”, indicó Arévalo.

Los pueblos dudan, pues temen que los derechos de agua puedan ser vendidos a empresas mineras para la explotación en la zona, lo que terminaría por matar a estos poblados aislados, según indicó Luis Carvajal, vocero de las comunidades Chusmiza y Usmagama.

“Aparte de que los pueblos del interior están bajando a las ciudades, Chusmiza quedaría abandonado completamente y ese sería el daño que nos harían. Hoy se está sembrando la tercera parte o incluso menos y esto es por culpa del juicio. Aquí estamos luchando con gente muy poderosa. Mi pueblo ha sufrido catorce años pero, según la presentación que hizo nuestro abogado, pensamos que vamos a recuperar nuestras aguas”, aseveró el dirigente indígena

Con este último trámite legal, las partes esperan que no haya más citaciones a la Corte Suprema, puesto que en los últimos dos meses, recibieron siete citas que no se concretaron.