“Estoy trabajando igual que siempre”, con estas palabras, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, se refirió a los cambios que prepara en la normativa que le impide investigar las actividades de los ministros de Estado.
Todo ocurre luego de la denuncia presentada ante este organismo, por el comando de Sebastián Piñera, en torno a las actuaciones de ocho ministros de Estado: Marigen Hornkohl, Carolina Tohá, Sergio Bitar, Mónica Jiménez, Mariano Fernández y José Antonio Viera-Gallo.
Fue este último quien encendió la polémica, luego que el miércoles planteara que sería grave que “en un régimen presidencial, el contralor empezara a ir más allá de sus atribuciones”.
Palabras que tuvieron eco en los miembros de la Coalición por el Cambio, quienes calificaron las opiniones del secretario de Estado como una presión indebida.
El senador y vocero de la candidatura de Sebastián Piñera, Andrés Allamand, dijo que Viera Gallo “se ha pasado de la raya” al presionar públicamente al Contralor Mendoza.
“ No sólo pretende seguir presionando a los funcionarios públicos para que realicen actividades electorales, lo que ya le ha costado a la Concertación la renuncia de dos de sus intendentes, si no que ahora ha dado un paso adicional, incurriendo en una práctica que la democracia chilena había dejado atrás hace mucho tiempo que es presionar públicamente al órgano Contralor en relación a un dictamen que se le ha solicitado en el uso de sus facultades”, afirmó Allamand.
Opinión que es compartida por el presidente del Senado y militante de la UDI, Jovino Novoa, quién señaló que “me parece una presión indebida de que antes de que salga la resolución el ministro Viera Gallo le advierta que no se pase de sus atribuciones. Si el Contralor dicta una resolución que se estime que está en contra de la ley o del marco legal hay mecanismos para objetar esa resolución, pero sin amenazas”.
El cambio que prepara la Contraloría se fundamentaría en una nueva interpretación de la Ley de administración del Estado.
Según la visión del Gobierno, los ministros no son funcionarios públicos, si no cargos de confianza presidencial, por lo que sólo responden desde el punto de vista político y no administrativo y por ello no pueden ser sumariados por el organismo fiscalizador, pero sí a través de la Cámara de Diputados.
El nuevo criterio que aplicaría el organismo fiscalizador es que todo lo que no sea motivo de una acusación constitucional puede ser investigado por dicha entidad.
Pero en medio de toda la polémica el Contralor, Ramiro Mendoza, aseguró que “no tengo nada de que defenderme. No he sentido ninguna presión y estamos trabajando igual de tranquilos que siempre”.
Uno de los que defendió el actuar de los ministros de Estado durante las campañas políticas fue el ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
“El gobierno y los ministros somos todos militantes de los partidos de la Concertación, conglomerado que tiene un candidato. Tenemos pleno derecho de emitir nuestras opiniones. Me parece que así lo va a ratificar el organismo contralor cuando emita un pronunciamiento sobre una denuncia que, precisamente, hicieron personeros de la UDI. Me parece que son estrategias políticas de ellos de tratar de acallar la opinión política de los secretarios de Estado y todos saben que estamos haciendo un trabajo que queremos que se continúe en el futuro”, comentó Maldonado.
A través de Twitter, el ministro Viera-Gallo afirmó que “el gobierno es respetuoso de las atribuciones de la Contraloría General de la República. La polémica es con la oposición, a la que acusó de pretender “usar indebidamente a la Contraloría”.
“Estoy trabajando igual que siempre”, con estas palabras, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, se refirió a los cambios que prepara en la normativa que le impide investigar las actividades de los ministros de Estado.
Todo ocurre luego de la denuncia presentada ante este organismo, por el comando de Sebastián Piñera, en torno a las actuaciones de ocho ministros de Estado: Marigen Hornkohl, Carolina Tohá, Sergio Bitar, Mónica Jiménez, Mariano Fernández y José Antonio Viera-Gallo.
Fue este último quien encendió la polémica, luego que el miércoles planteara que sería grave que “en un régimen presidencial, el contralor empezara a ir más allá de sus atribuciones”.
Palabras que tuvieron eco en los miembros de la Coalición por el Cambio, quienes calificaron las opiniones del secretario de Estado como una presión indebida.
El senador y vocero de la candidatura de Sebastián Piñera, Andrés Allamand, dijo que Viera Gallo “se ha pasado de la raya” al presionar públicamente al Contralor Mendoza.
“ No sólo pretende seguir presionando a los funcionarios públicos para que realicen actividades electorales, lo que ya le ha costado a la Concertación la renuncia de dos de sus intendentes, si no que ahora ha dado un paso adicional, incurriendo en una práctica que la democracia chilena había dejado atrás hace mucho tiempo que es presionar públicamente al órgano Contralor en relación a un dictamen que se le ha solicitado en el uso de sus facultades”, afirmó Allamand.
Opinión que es compartida por el presidente del Senado y militante de la UDI, Jovino Novoa, quién señaló que “me parece una presión indebida de que antes de que salga la resolución el ministro Viera Gallo le advierta que no se pase de sus atribuciones. Si el Contralor dicta una resolución que se estime que está en contra de la ley o del marco legal hay mecanismos para objetar esa resolución, pero sin amenazas”.
El cambio que prepara la Contraloría se fundamentaría en una nueva interpretación de la Ley de administración del Estado.
Según la visión del Gobierno, los ministros no son funcionarios públicos, si no cargos de confianza presidencial, por lo que sólo responden desde el punto de vista político y no administrativo y por ello no pueden ser sumariados por el organismo fiscalizador, pero sí a través de la Cámara de Diputados.
El nuevo criterio que aplicaría el organismo fiscalizador es que todo lo que no sea motivo de una acusación constitucional puede ser investigado por dicha entidad.
Pero en medio de toda la polémica el Contralor, Ramiro Mendoza, aseguró que “no tengo nada de que defenderme. No he sentido ninguna presión y estamos trabajando igual de tranquilos que siempre”.
Uno de los que defendió el actuar de los ministros de Estado durante las campañas políticas fue el ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
“El gobierno y los ministros somos todos militantes de los partidos de la Concertación, conglomerado que tiene un candidato. Tenemos pleno derecho de emitir nuestras opiniones. Me parece que así lo va a ratificar el organismo contralor cuando emita un pronunciamiento sobre una denuncia que, precisamente, hicieron personeros de la UDI. Me parece que son estrategias políticas de ellos de tratar de acallar la opinión política de los secretarios de Estado y todos saben que estamos haciendo un trabajo que queremos que se continúe en el futuro”, comentó Maldonado.
A través de Twitter, el ministro Viera-Gallo afirmó que “el gobierno es respetuoso de las atribuciones de la Contraloría General de la República. La polémica es con la oposición, a la que acusó de pretender “usar indebidamente a la Contraloría”.
“Estoy trabajando igual que siempre”, con estas palabras, el Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, se refirió a los cambios que prepara en la normativa que le impide investigar las actividades de los ministros de Estado.
Todo ocurre luego de la denuncia presentada ante este organismo, por el comando de Sebastián Piñera, en torno a las actuaciones de ocho ministros de Estado: Marigen Hornkohl, Carolina Tohá, Sergio Bitar, Mónica Jiménez, Mariano Fernández y José Antonio Viera-Gallo.
Fue este último quien encendió la polémica, luego que el miércoles planteara que sería grave que “en un régimen presidencial, el contralor empezara a ir más allá de sus atribuciones”.
Palabras que tuvieron eco en los miembros de la Coalición por el Cambio, quienes calificaron las opiniones del secretario de Estado como una presión indebida.
El senador y vocero de la candidatura de Sebastián Piñera, Andrés Allamand, dijo que Viera Gallo “se ha pasado de la raya” al presionar públicamente al Contralor Mendoza.
“ No sólo pretende seguir presionando a los funcionarios públicos para que realicen actividades electorales, lo que ya le ha costado a la Concertación la renuncia de dos de sus intendentes, si no que ahora ha dado un paso adicional, incurriendo en una práctica que la democracia chilena había dejado atrás hace mucho tiempo que es presionar públicamente al órgano Contralor en relación a un dictamen que se le ha solicitado en el uso de sus facultades”, afirmó Allamand.
Opinión que es compartida por el presidente del Senado y militante de la UDI, Jovino Novoa, quién señaló que “me parece una presión indebida de que antes de que salga la resolución el ministro Viera Gallo le advierta que no se pase de sus atribuciones. Si el Contralor dicta una resolución que se estime que está en contra de la ley o del marco legal hay mecanismos para objetar esa resolución, pero sin amenazas”.
El cambio que prepara la Contraloría se fundamentaría en una nueva interpretación de la Ley de administración del Estado.
Según la visión del Gobierno, los ministros no son funcionarios públicos, si no cargos de confianza presidencial, por lo que sólo responden desde el punto de vista político y no administrativo y por ello no pueden ser sumariados por el organismo fiscalizador, pero sí a través de la Cámara de Diputados.
El nuevo criterio que aplicaría el organismo fiscalizador es que todo lo que no sea motivo de una acusación constitucional puede ser investigado por dicha entidad.
Pero en medio de toda la polémica el Contralor, Ramiro Mendoza, aseguró que “no tengo nada de que defenderme. No he sentido ninguna presión y estamos trabajando igual de tranquilos que siempre”.
Uno de los que defendió el actuar de los ministros de Estado durante las campañas políticas fue el ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
“El gobierno y los ministros somos todos militantes de los partidos de la Concertación, conglomerado que tiene un candidato. Tenemos pleno derecho de emitir nuestras opiniones. Me parece que así lo va a ratificar el organismo contralor cuando emita un pronunciamiento sobre una denuncia que, precisamente, hicieron personeros de la UDI. Me parece que son estrategias políticas de ellos de tratar de acallar la opinión política de los secretarios de Estado y todos saben que estamos haciendo un trabajo que queremos que se continúe en el futuro”, comentó Maldonado.
A través de Twitter, el ministro Viera-Gallo afirmó que “el gobierno es respetuoso de las atribuciones de la Contraloría General de la República. La polémica es con la oposición, a la que acusó de pretender “usar indebidamente a la Contraloría”.
