En medio del proceso de negociación salarial con el ministerio de Hacienda, la mesa del sector público anunció movilizaciones para esta semana luego de la contrapropuesta de reajuste de 2,5 por ciento. Las partes seguirán negociando y el Ejecutivo espera que los trabajadores respondan a su oferta, mientras, en el sector privado miran con atención el precedente salarial que podría surgir de esta negociación.

Esta semana comienza la etapa más compleja de la negociación entre el gobierno y la mesa del sector público por el reajuste salarial de los empleados fiscales.

Para este lunes, a las cinco de la tarde, quedó programada la próxima reunión en el gabinete del ministerio de Hacienda, oportunidad en que se abordarán otros temas en discusión como los bonos de vacaciones y aguinaldos de Fiestas Patrias y Navidad.

El gobierno pidió a los trabajadores responder en esta reunión la contraoferta de 2,5%, insistiendo en que no es la intención de Hacienda cerrar en una cifra cercana a la demanda de los gremios.

Los funcionarios estatales piden un reajuste de 8 por ciento y de 10 por ciento para los sueldos bajo 800 mil pesos mensuales, además del congelamiento de los salarios que estén entre los rangos más elevados de la administración pública.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de la Puente, dijo que los gremios acordaron la realización de movilizaciones para esta semana, en señal de disconformidad con la primera propuesta del gobierno.

"Es una cifra inaceptable, nosotros jamás vamos a permitir que ése sea el reajuste para el sector público, por lo tanto, vamos a continuar las negociaciones con el gobierno, pero también vamos a iniciar movilizaciones para sensibilizar al gobierno, porque este no es un reajuste que esperamos. Ningún funcionario público podría aceptar recibir un reajuste de un 2, 5 por ciento", subrayó de la Puente.

En el sector privado miran con atención el precedente que podría surgir de esta negociación. El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrés Concha, calificó como razonable la contrapropuesta de 2,5 por ciento de reajuste para el sector público.

"Creo que tenemos que tener tranquilidad, paciencia, que las cosas van a asalir adelante, pero no debiéramos precipitarnos, tratando de materializar aspiraciones. El minuto que estamos viviendo a lo mejor no permite poderlo hacer. A nosotros nos parece bien un reajuste de un 2, 5 por ciento", afirmó Concha.

Respecto del proceso de movilización que, según el acuerdo de los dirigentes, se extendería por 48 horas, la ministra del Trabajo, Claudia Serrano, dijo que esta convocatoria no contribuye al diálogo entre las partes.

"No puedo celebrar que el sector público llame a paro  ni  haga paros de advetencias. Estamos en plena negociación me parece que no corresponde en la mitad de una negociación, iniciándose además, con una actitud dialogante, no contribuye", señaló Serrano.

En esa línea, el máximo representante gremial del empresariado, Rafael Guilisasti, dijo que de acuerdo a la legislación del Estatuto Administrativo los empleados públicos no deberían plegarse a una paralización.

"Lo más importante en esto de las negociaciones es que se respete el ordenamiento jurídico. Tengo entendido que el sistema de los  empleados fiscales no tienen derecho a huelga y deberían mantener las negociaciones en el marco de lo que son las negociaciones", sostuvo Guilsasti.

Según explicaron los dirigentes que representan a los gremios del sector público, el ministro Velasco dio como razón del incremento propuesto la inflación negativa que se proyecta para los próximos meses.