La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Poder Judicial garantiza una "impunidad soterrada" a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
La presidenta del organismo, Lorena Pizarro, expresó esta preocupación en una de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se celebra en Washington hasta el próximo viernes.
Según Pizarro, los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos mientras gobernó la dictadura de Augusto Pinochet han visto avanzar a las autoridades "en temas simbólicos y de memoria", pero "no en el enjuiciamiento y la cárcel para los culpables".
Pizarro aseguró que, en las últimas dos décadas, los distintos gobiernos "han buscado formas de instalar una impunidad disfrazada y soterrada en el poder judicial".
En tanto, Karina Fernández, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, aseguró que la Corte Suprema "está vulnerando acuerdos internacionales en nombre del Estado de Chile".
Además, la abogada de la Federación Internacional de Derechos Humanos Naomi Roth-Arriaza recordó que la aplicación de la media prescripción en casos de crímenes de lesa humanidad viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y pidió a este organismo que interceda para que se desarrolle una legislación al respecto.
El representante del Estado en la audiencia, Alejandro Salinas, aseguró que el Gobierno "no desconoce" los hechos denunciados, pero a la vez afirmó que el ejecutivo impulsó una medida para incorporar al Código Penal la no prescripción de estos crímenes, que ha quedado en manos del Congreso.
Salinas subrayó que los casos de prescripción de delitos deben interpretarse como "circunstancias propias de un proceso de transición complejo", y que las decisiones de la Corte Suprema "no reflejan un marco de impunidad total", puesto que la tendencia de los tribunales se dirige "siempre a la sanción de los crímenes".
Las peticionarias de la audiencia solicitaron a la Comisión Interamericana que lleve a cabo un estudio especial del tema y, si fuera necesario, una visita a Chile, para exigir al Estado información sobre la persistencia del decreto ley de amnistía y pedir que se regule la aplicación de la prescripción.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Poder Judicial garantiza una "impunidad soterrada" a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
La presidenta del organismo, Lorena Pizarro, expresó esta preocupación en una de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se celebra en Washington hasta el próximo viernes.
Según Pizarro, los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos mientras gobernó la dictadura de Augusto Pinochet han visto avanzar a las autoridades "en temas simbólicos y de memoria", pero "no en el enjuiciamiento y la cárcel para los culpables".
Pizarro aseguró que, en las últimas dos décadas, los distintos gobiernos "han buscado formas de instalar una impunidad disfrazada y soterrada en el poder judicial".
En tanto, Karina Fernández, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, aseguró que la Corte Suprema "está vulnerando acuerdos internacionales en nombre del Estado de Chile".
Además, la abogada de la Federación Internacional de Derechos Humanos Naomi Roth-Arriaza recordó que la aplicación de la media prescripción en casos de crímenes de lesa humanidad viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y pidió a este organismo que interceda para que se desarrolle una legislación al respecto.
El representante del Estado en la audiencia, Alejandro Salinas, aseguró que el Gobierno "no desconoce" los hechos denunciados, pero a la vez afirmó que el ejecutivo impulsó una medida para incorporar al Código Penal la no prescripción de estos crímenes, que ha quedado en manos del Congreso.
Salinas subrayó que los casos de prescripción de delitos deben interpretarse como "circunstancias propias de un proceso de transición complejo", y que las decisiones de la Corte Suprema "no reflejan un marco de impunidad total", puesto que la tendencia de los tribunales se dirige "siempre a la sanción de los crímenes".
Las peticionarias de la audiencia solicitaron a la Comisión Interamericana que lleve a cabo un estudio especial del tema y, si fuera necesario, una visita a Chile, para exigir al Estado información sobre la persistencia del decreto ley de amnistía y pedir que se regule la aplicación de la prescripción.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el Poder Judicial garantiza una "impunidad soterrada" a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura militar.
La presidenta del organismo, Lorena Pizarro, expresó esta preocupación en una de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se celebra en Washington hasta el próximo viernes.
Según Pizarro, los familiares de las víctimas de los crímenes cometidos mientras gobernó la dictadura de Augusto Pinochet han visto avanzar a las autoridades "en temas simbólicos y de memoria", pero "no en el enjuiciamiento y la cárcel para los culpables".
Pizarro aseguró que, en las últimas dos décadas, los distintos gobiernos "han buscado formas de instalar una impunidad disfrazada y soterrada en el poder judicial".
En tanto, Karina Fernández, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, aseguró que la Corte Suprema "está vulnerando acuerdos internacionales en nombre del Estado de Chile".
Además, la abogada de la Federación Internacional de Derechos Humanos Naomi Roth-Arriaza recordó que la aplicación de la media prescripción en casos de crímenes de lesa humanidad viola la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y pidió a este organismo que interceda para que se desarrolle una legislación al respecto.
El representante del Estado en la audiencia, Alejandro Salinas, aseguró que el Gobierno "no desconoce" los hechos denunciados, pero a la vez afirmó que el ejecutivo impulsó una medida para incorporar al Código Penal la no prescripción de estos crímenes, que ha quedado en manos del Congreso.
Salinas subrayó que los casos de prescripción de delitos deben interpretarse como "circunstancias propias de un proceso de transición complejo", y que las decisiones de la Corte Suprema "no reflejan un marco de impunidad total", puesto que la tendencia de los tribunales se dirige "siempre a la sanción de los crímenes".
Las peticionarias de la audiencia solicitaron a la Comisión Interamericana que lleve a cabo un estudio especial del tema y, si fuera necesario, una visita a Chile, para exigir al Estado información sobre la persistencia del decreto ley de amnistía y pedir que se regule la aplicación de la prescripción.
