El Congreso de Honduras decidió consultar a otras instancias públicas que apoyaron el golpe de Estado sobre la posibilidad de restituir al depuesto Presidente Manuel Zelaya, sin fijar un plazo para abordar ese tema considerado el más difícil y urgente de cumplir en el acuerdo alcanzado para resolver la crisis política del país.
Los miembros de la junta directiva del Congreso Nacional analizaron el Acuerdo Tegucigalpa/San José que las comisiones de diálogo de Zelaya y del régimen de facto que encabeza Roberto Micheletti suscribieron el 30 de octubre, con la mediación de una misión de Estados Unidos encabezada por el subsecretario de Estado para América Latina, Thomas Shannon.
La junta directiva del Congreso acordó solicitar también informes al Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que junto a la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento apoyaron el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya el 28 de junio.
Ayer llegó al país la Comisión de Verificación internacional, coordinada por la OEA, que velará por el cumplimiento del acuerdo firmado el viernes. La instancia está conformada por el ex Presidente chileno Ricardo Lagos; la secretaria de Trabajo de EEUU, Hilda Soliz, y los hondureños, Jorge Arturo Reina en representación de Zelaya y Arturo Corrales, por el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
El Congreso de Honduras decidió consultar a otras instancias públicas que apoyaron el golpe de Estado sobre la posibilidad de restituir al depuesto Presidente Manuel Zelaya, sin fijar un plazo para abordar ese tema considerado el más difícil y urgente de cumplir en el acuerdo alcanzado para resolver la crisis política del país.
Los miembros de la junta directiva del Congreso Nacional analizaron el Acuerdo Tegucigalpa/San José que las comisiones de diálogo de Zelaya y del régimen de facto que encabeza Roberto Micheletti suscribieron el 30 de octubre, con la mediación de una misión de Estados Unidos encabezada por el subsecretario de Estado para América Latina, Thomas Shannon.
La junta directiva del Congreso acordó solicitar también informes al Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que junto a la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento apoyaron el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya el 28 de junio.
Ayer llegó al país la Comisión de Verificación internacional, coordinada por la OEA, que velará por el cumplimiento del acuerdo firmado el viernes. La instancia está conformada por el ex Presidente chileno Ricardo Lagos; la secretaria de Trabajo de EEUU, Hilda Soliz, y los hondureños, Jorge Arturo Reina en representación de Zelaya y Arturo Corrales, por el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
El Congreso de Honduras decidió consultar a otras instancias públicas que apoyaron el golpe de Estado sobre la posibilidad de restituir al depuesto Presidente Manuel Zelaya, sin fijar un plazo para abordar ese tema considerado el más difícil y urgente de cumplir en el acuerdo alcanzado para resolver la crisis política del país.
Los miembros de la junta directiva del Congreso Nacional analizaron el Acuerdo Tegucigalpa/San José que las comisiones de diálogo de Zelaya y del régimen de facto que encabeza Roberto Micheletti suscribieron el 30 de octubre, con la mediación de una misión de Estados Unidos encabezada por el subsecretario de Estado para América Latina, Thomas Shannon.
La junta directiva del Congreso acordó solicitar también informes al Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que junto a la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento apoyaron el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya el 28 de junio.
Ayer llegó al país la Comisión de Verificación internacional, coordinada por la OEA, que velará por el cumplimiento del acuerdo firmado el viernes. La instancia está conformada por el ex Presidente chileno Ricardo Lagos; la secretaria de Trabajo de EEUU, Hilda Soliz, y los hondureños, Jorge Arturo Reina en representación de Zelaya y Arturo Corrales, por el gobierno de facto de Roberto Micheletti.
