Una compleja tramitación enfrenta el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en la comisión de Hacienda del Senado.
Mientras continúan los despidos de trabajadores en la empresa multinacional Marine Harvest, en Puerto Montt, los parlamentarios todavía no logran consenso respecto de las indicaciones aprobadas en la comisión de Pesca de la Cámara Alta.
La pérdida de las concesiones que sufrirían las empresas que hayan incurrido en prácticas antisindicales y los 25 años de duración de los permisos de explotación con posibilidad de renovarse sólo si cumplen el 50 por ciento de sus informes ambientales, son los puntos divergentes de la discusión y que han generado duras críticas por parte del empresariado.
Desde la sociedad civil ven con mucha preocupación que el proyecto se entrampe en el Congreso, pues lo consideran un factor clave para que se recupere la salmonicultura, afectada desde mediados de 2007 por el brote del virus ISA.
El presidente de la Confederación de Trabajadores de la Industria del Salmón, Javier Ugarte, se mostró partidario de incorporar dentro de la regulación pesquera el cumplimiento de las normativas laborales.
“Es un tema que tiene que ser así. Aquí tiene que haber un organismo que regule lo laboral para que las empresas no vuelvan a cometer los mismos errores con los trabajadores. Nos vamos a enfocar en ese proceso para que se cumplan los reglamentos sobre la aprobación de estas indicaciones”, indicó el dirigente.
El director de la Fundación Oceana, Alex Muñoz, si bien considera un avance el que haya una nueva legislación en la industria, advierte que en el vigente proyecto no se resguardan las condiciones medioambientales.
“Concuerdo en que se requiere un nuevo marco regulatorio para la salmonicultura en Chile. Tuvimos una industria que creció durante veinte años y por los malos comportamientos sanitarios y ambientales colapsó y ha caído en un 70 por ciento su producción. Se requiere urgentemente de medidas que suban los estándares en esos sentidos para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir y lo que nos preocupa, es que la nueva ley de acuicultura tiene pocas mejoras en esa línea”, comentó Muñoz.
La industria del salmón tiene una deuda con la banca del orden de dos mil 400 millones de dólares y se le ha permitido repactarla a cambio que se entreguen en hipoteca las concesiones.
Consciente de esta situación, el presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, se mostró preocupado por el estancamiento legislativo de la ley de pesca.
“Estamos en presencia de una industria absolutamente viable. Chile tiene todas las posibilidades de ser como fue, es decir, un gran productor y no podemos farriarnos esas oportunidades porque una ley, que es fundacional en materia de crear las condiciones sanitarias para la industria, no se despache. Se han introducido algunos elementos que son propios de la legislación laboral, lo que, a mi juicio, postergó la discusión”, dijo el empresario.
Por otra parte, algunos parlamentarios de la Alianza han manifestado sus aprensiones respecto de la constitucionalidad de las disposiciones normativas, pues podrían significar un tratamiento discriminatorio de esta industria en relación a otro tipo de empresas.
Una compleja tramitación enfrenta el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en la comisión de Hacienda del Senado.
Mientras continúan los despidos de trabajadores en la empresa multinacional Marine Harvest, en Puerto Montt, los parlamentarios todavía no logran consenso respecto de las indicaciones aprobadas en la comisión de Pesca de la Cámara Alta.
La pérdida de las concesiones que sufrirían las empresas que hayan incurrido en prácticas antisindicales y los 25 años de duración de los permisos de explotación con posibilidad de renovarse sólo si cumplen el 50 por ciento de sus informes ambientales, son los puntos divergentes de la discusión y que han generado duras críticas por parte del empresariado.
Desde la sociedad civil ven con mucha preocupación que el proyecto se entrampe en el Congreso, pues lo consideran un factor clave para que se recupere la salmonicultura, afectada desde mediados de 2007 por el brote del virus ISA.
El presidente de la Confederación de Trabajadores de la Industria del Salmón, Javier Ugarte, se mostró partidario de incorporar dentro de la regulación pesquera el cumplimiento de las normativas laborales.
“Es un tema que tiene que ser así. Aquí tiene que haber un organismo que regule lo laboral para que las empresas no vuelvan a cometer los mismos errores con los trabajadores. Nos vamos a enfocar en ese proceso para que se cumplan los reglamentos sobre la aprobación de estas indicaciones”, indicó el dirigente.
El director de la Fundación Oceana, Alex Muñoz, si bien considera un avance el que haya una nueva legislación en la industria, advierte que en el vigente proyecto no se resguardan las condiciones medioambientales.
“Concuerdo en que se requiere un nuevo marco regulatorio para la salmonicultura en Chile. Tuvimos una industria que creció durante veinte años y por los malos comportamientos sanitarios y ambientales colapsó y ha caído en un 70 por ciento su producción. Se requiere urgentemente de medidas que suban los estándares en esos sentidos para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir y lo que nos preocupa, es que la nueva ley de acuicultura tiene pocas mejoras en esa línea”, comentó Muñoz.
La industria del salmón tiene una deuda con la banca del orden de dos mil 400 millones de dólares y se le ha permitido repactarla a cambio que se entreguen en hipoteca las concesiones.
Consciente de esta situación, el presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, se mostró preocupado por el estancamiento legislativo de la ley de pesca.
“Estamos en presencia de una industria absolutamente viable. Chile tiene todas las posibilidades de ser como fue, es decir, un gran productor y no podemos farriarnos esas oportunidades porque una ley, que es fundacional en materia de crear las condiciones sanitarias para la industria, no se despache. Se han introducido algunos elementos que son propios de la legislación laboral, lo que, a mi juicio, postergó la discusión”, dijo el empresario.
Por otra parte, algunos parlamentarios de la Alianza han manifestado sus aprensiones respecto de la constitucionalidad de las disposiciones normativas, pues podrían significar un tratamiento discriminatorio de esta industria en relación a otro tipo de empresas.
Una compleja tramitación enfrenta el proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en la comisión de Hacienda del Senado.
Mientras continúan los despidos de trabajadores en la empresa multinacional Marine Harvest, en Puerto Montt, los parlamentarios todavía no logran consenso respecto de las indicaciones aprobadas en la comisión de Pesca de la Cámara Alta.
La pérdida de las concesiones que sufrirían las empresas que hayan incurrido en prácticas antisindicales y los 25 años de duración de los permisos de explotación con posibilidad de renovarse sólo si cumplen el 50 por ciento de sus informes ambientales, son los puntos divergentes de la discusión y que han generado duras críticas por parte del empresariado.
Desde la sociedad civil ven con mucha preocupación que el proyecto se entrampe en el Congreso, pues lo consideran un factor clave para que se recupere la salmonicultura, afectada desde mediados de 2007 por el brote del virus ISA.
El presidente de la Confederación de Trabajadores de la Industria del Salmón, Javier Ugarte, se mostró partidario de incorporar dentro de la regulación pesquera el cumplimiento de las normativas laborales.
“Es un tema que tiene que ser así. Aquí tiene que haber un organismo que regule lo laboral para que las empresas no vuelvan a cometer los mismos errores con los trabajadores. Nos vamos a enfocar en ese proceso para que se cumplan los reglamentos sobre la aprobación de estas indicaciones”, indicó el dirigente.
El director de la Fundación Oceana, Alex Muñoz, si bien considera un avance el que haya una nueva legislación en la industria, advierte que en el vigente proyecto no se resguardan las condiciones medioambientales.
“Concuerdo en que se requiere un nuevo marco regulatorio para la salmonicultura en Chile. Tuvimos una industria que creció durante veinte años y por los malos comportamientos sanitarios y ambientales colapsó y ha caído en un 70 por ciento su producción. Se requiere urgentemente de medidas que suban los estándares en esos sentidos para evitar que estas situaciones se vuelvan a repetir y lo que nos preocupa, es que la nueva ley de acuicultura tiene pocas mejoras en esa línea”, comentó Muñoz.
La industria del salmón tiene una deuda con la banca del orden de dos mil 400 millones de dólares y se le ha permitido repactarla a cambio que se entreguen en hipoteca las concesiones.
Consciente de esta situación, el presidente de la Asociación de Bancos, Hernán Somerville, se mostró preocupado por el estancamiento legislativo de la ley de pesca.
“Estamos en presencia de una industria absolutamente viable. Chile tiene todas las posibilidades de ser como fue, es decir, un gran productor y no podemos farriarnos esas oportunidades porque una ley, que es fundacional en materia de crear las condiciones sanitarias para la industria, no se despache. Se han introducido algunos elementos que son propios de la legislación laboral, lo que, a mi juicio, postergó la discusión”, dijo el empresario.
Por otra parte, algunos parlamentarios de la Alianza han manifestado sus aprensiones respecto de la constitucionalidad de las disposiciones normativas, pues podrían significar un tratamiento discriminatorio de esta industria en relación a otro tipo de empresas.
