No hubo paro, negociación o presión de cualquier tipo que doblara la mano al gobierno para acercar al ocho por ciento la propuesta de reajuste salarial para los empleados fiscales.

Luego de una intensa jornada de diálogo, que comenzó al mediodía del lunes y que se extendió por varias horas, el Ejecutivo subió la cifra inicial de  2,5 a 3,5 por ciento, lo que fue rechazado por los gremios presentes en la mesa. De esta manera, la decisión final pasó a manos del Congreso Nacional donde, en los próximos días, se deberá zanjar definitivamente el tema.

En este sentido, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Raúl de La Puente, una de las organizaciones que convocó a las movilizaciones, aseguró que no depondrán el paro hasta que el gobierno entregue una cifra de reajuste cercana a su demanda.

El dirigente sindical, asimismo, responsabilizó de la ejecución de la medida de presión al ministro de Hacienda, Andrés Velasco quien “ha tomado una postura bastante intransigente en el marco de esta negociación”.

“El gobierno ha ofrecido un 2,5 de reajuste, se ha mantenido ahí. Nosotros nos hemos mantenido en el ocho, por lo tanto, no ha habido avance y es por esa razón que hoy estamos de paralización. El paro está, en este momento, indefinido hasta encontrar alguna solución al tema del reajuste. Nosotros estamos paralizados hoy, mañana y solamente vamos a suspender cuando exista una solución al tema de reajuste y al tema del empleo”, dijo De la Puente.

La movilización la jornada del lunes, convocada por los gremios que componen la mesa del sector público y a la que se unieron los funcionarios de la salud, se da en un momento crucial en las negociaciones, pues el gobierno dijo que durante el martes enviará al Congreso, con o sin acuerdo, el proyecto de ley de reajuste de la administración pública.

En este contexto, el diputado de la bancada laboral de la Cámara de Diputados Tucapel Jiménez, dio su respaldo a la propuesta que han planteado los gremios del sector público y reiteró su crítica al ministro de Hacienda, pues en estos momentos se estaría dando el mismo escenario que el año pasado, cuando los empleados paralizaron casi toda una semana en demanda de un reajuste, consiguiendo el 10 por ciento.

“Nosotros le hemos dicho en todos los tonos, con todas sus palabras, al ministro, que no queríamos repetir el escenario que se dio el año pasado, lamentablemente estamos volviendo a lo mismo. Le hemos pedido al ministro que ponga cifras reales sobre la mesa, los empleados públicos merecen un reajuste digno, es la única manera que los países crezcan y progresen con reajustes reales. Nos parece lamentable, entendemos que hay un malestar de los usuarios, pero esto no es creado empleados públicos”, enfatizó Jiménez.

Empresarios critican paro indefinido del sector público

Por su parte, con suspicacia mira el sector privado el devenir de la negociación por el aumento de remuneraciones de los empleados fiscales. Esto porque el paro nacional convocado por los gremios aún no tiene fecha de término.
Ante  este escenario, este lunes durante una actividad con el Servicio de Impuestos Internos (SII) los empresarios dijeron estar preocupados por los efectos que estaría generando en la actividad económica, principalmente en el comercio exterior, la huelga de los funcionarios públicos.

Alfredo Ovalle, presidente de Sociedad Nacional de Minería, consideró como desmedida la demanda de los empleados públicos, que solicitan un reajuste de ocho por ciento y agregó que esta negociación, y el reajuste que se consiga, claramente fijará un precedente para los procesos del sector privado.

“Se fija un piso y eso afecta a todas las negociaciones. Hemos pasado por una crisis y hay que tomar conciencia quees un mal que todavía no termina. Hay que pensar bien las cosas, ser responsables y no perturbar el orden público cuando hay veces que es imposible dar más de lo que ha ofrecido el ministro de Hacienda”, afirmó Ovalle.

En esa misma línea, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrés Concha, lamentó que ocurran este tipo de movimientos y afirmó que estas paralizaciones afectan la imagen país.  

“De alguna forma ponen en tela de juicio la fortaleza de nuestro país como un proveedor absolutamente confiable. Obviamente que se afecta la imagen de Chile”, dijo el empresario.

En tanto, el Servicio de Impuestos Internos informó que no se aplicarán multas para aquellos contribuyentes afectados por las movilizaciones de los funcionarios estatales.