En un documento firmado por el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Víctor Montiglio, el magistrado asegura al  general Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, que “del mérito de los antecedentes hasta ahora reunidos, no aparecen presunciones fundadas para estimar que el inculpado haya tenido participación como autor, cómplice o encubridor” en el episodio Calama de la Caravana de la Muerte.
     
Además del privilegio de contar con este documento especial, el alto oficial recibió el respaldo de la Concertación, cuyo personeros salieron apoyaron el nombramiento hecho por Michelle Bachelet.
     
“Los presidentes de partidos de la Concertación intercambiamos posturas en esta materia y tenemos una opinión común en el sentido de respetar el ejercicio de las atribuciones constitucionales de la Presidenta de la República. El total de la información que tiene la mandataria nos lleva a hacer esa afirmación. Nos parece que si hubieran temas pendientes, Bachelet no habría tomado esa decisión”, señaló el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona.    

En la misma línea se expresó el presidente de la Democracia Cristiana, Juan Carlos Latorre, respecto al nombre de Fuente-Alba, quien a partir del próximo 10 de marzo ocupará el máximo cargo de la institución por los próximos cuatro años. 

Pero la defensa más férrea fue la que hizo la abogada Carmen Hertz, destacada por representar casos sobre violaciones a los derechos humanos, quien afirmó no le cabe ninguna duda  sobre la no participación de Fuente-Alba en los hechos que se le imputan, donde además fue muerto su esposo, el periodista y abogado Carlos Berger.
     
 “Creo que no es bueno ser livianos y poco rigurosos en estos temas y hacerse cargo de patrañas que son urdidas al interior de Punta Peuco o en el penal Cordillera por los perpetradores de crímenes para salpicar e involucrar a aquellos oficiales que no respaldan su accionar criminal como ellos pretenden que así sea”, sentenció Hertz.
     
Pero hay situaciones que simplemente no cuadran en la coartada con que el alto oficial designado por Bachelet se ha defendido para quedar al margen de las acusaciones por el caso Caravana de la Muerte.
     
Y es que ante el tribunal, Fuente-Alba ha insistido que al momento de los fusilamientos en el Regimiento Topáter de Calama estaba en Chuquicamata, distante a poco más de ocho kilómetros, aunque existe contradicción en los testimonios, como precisó uno de los abogados que presentará la petición de su procesamiento, Hiram Villagra.
     
“Lejos de explicar cuál fue su error y contribuir a esclarecer los hechos para saber qué pasó cuando llegó la Caravana a Calama, Fuente -Alba dice que estaba en Chuquicamata cuidando un hijo enfermo cuando habían testimonios fuertes, como el del chofer que lo lleva, el del hijo del coronel Lapóstol, que era oficial allá y que señala que tiene la mejor opinión de Fuente- Alba, pero que lo apoyó cuando Moren Brito lo enrostró”, dijo el jurista.  

Este martes se ingresará la petición en los tribunales para que el ministro en visita de la causa, Víctor Montiglio, procese a Fuente-Alba por su presunta participación en la muerte de 26 militantes de izquierda en Calama al paso de la Caravana de la Muerte. 

Mientras, Bachelet ha reiterado que su decisión la tomó sólo después de chequear la información con representantes de organismos humanitarios, aunque en estas entidades no parecen estar de acuerdo con la determinación que dio a conocer la tarde del viernes recién pasado.