El proyecto de rescate salmonero consiste en la implementación de un sistema de créditos por 450 millones de dólares, aportados por el Fisco pero administrados por los bancos, para la recuperación de la industria, fuertemente golpeada por el virus Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) y el piojo de mar.
El proyecto cumplió su primer trámite en la Cámara de Diputados, y fue despachado por la comisión de Pesca del Senado, pero no ha sido despachado por la comisión de Hacienda, retrasando su aprobación.
El texto establece una serie de regulaciones laborales, que incluso contemplan la caducidad de las concesiones acuícolas si es que una firma ha cometido una serie de violaciones a los derechos laborales.
El Senador RN Antonio Horvath, presidente de la comisión de Pesca del Senado, señala que esta norma es resistida y de ahí su poca velocidad de tramitación.
“El gobierno no le ha dado la urgencia que merece este proyecto. He conversado con cada uno de los integrantes de la comisión de Hacienda, ellos han recibido mensajes en el sentido que generar una caducidad por razones laborales genera problemas”, afirmó Horvath.
Mientras tanto, el senador PS Camilo Escalona, argumenta que las regulaciones laborales y sindicales que establece el proyecto de rescate de la industria son aplicadas después de conocerse todas las ilegalidades que cometen las salmoneras.
Escalona, integrante de la comisión de Pesca y Hacienda del Senado, considera ilegítimo que las firmas empiecen a poner reparos a la iniciativa de ley, después de lo ocurrido, además del mismo hecho de retrasar la tramitación del texto.
“Introdujeron causales de caducidad por prácticas antisindicales. Si hubieran escuchado a los trabajadores, la catástrofe ecológica no hubiese ocurrido por condiciones sanitarias y por impacto medioambiental. Ninguna de esas condiciones de caducidad les gusta esa gente. Además, como antes tenían concesiones perpetuas indefinidas, y ahora quedan a 25 años, tampoco eso les gusta. Pero claramente la voluntad del gremio salmonero es interrumpir el trámite legislativo”, denunció Escalona.
En el gobierno, el Ministerio de Economía analiza que no logrará aprobar el proyecto antes de las elecciones de diciembre, tampoco bastando la segunda vuelta como fecha para conseguir su despacho a ley, argumentando las campañas electorales y el receso de la Cámara de Dipuatdos como factores.
Respecto de los contenidos de las normas ambientales y laborales, el ministro de Economía, Hugo Lavados prefirió señalar que se tramitarán como cualquier otro artículo de la ley, para conseguir su aprobación definitiva.
“Hay mejor ánimo para seguir trabajando en temas legislativos, pero aquellos más complejos van a tener, necesariamente, una cierta demora. Hay muchas disposiciones que pueden haber sacado más rápido o más lento el proyecto. Aquí hay que conjugar los puntos de vista, las opiniones de muchos actores y perspectivas diferentes y eso es lo que ha sido necesario y que vamos continuar haciendo, si eso es la tarea y lo que tenemos que hacer es que las cosas funcionen, tenemos que hacer que los temas avancen y que logremos salir adelante”, sostuvo Lavados.
El proyecto tiene modificaciones, si se aprueban por la sala del Senado deberá ir a tercer trámite el texto a la Cámara de Diputados.
Un factor a considerar es que el texto modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, permitiendo entregar en hipoteca a los bancos las concesiones acuícolas, lo que para diversas organizaciones sociales es interpretado como una privatización del mar chileno.
El proyecto de rescate salmonero consiste en la implementación de un sistema de créditos por 450 millones de dólares, aportados por el Fisco pero administrados por los bancos, para la recuperación de la industria, fuertemente golpeada por el virus Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) y el piojo de mar.
El proyecto cumplió su primer trámite en la Cámara de Diputados, y fue despachado por la comisión de Pesca del Senado, pero no ha sido despachado por la comisión de Hacienda, retrasando su aprobación.
El texto establece una serie de regulaciones laborales, que incluso contemplan la caducidad de las concesiones acuícolas si es que una firma ha cometido una serie de violaciones a los derechos laborales.
El Senador RN Antonio Horvath, presidente de la comisión de Pesca del Senado, señala que esta norma es resistida y de ahí su poca velocidad de tramitación.
“El gobierno no le ha dado la urgencia que merece este proyecto. He conversado con cada uno de los integrantes de la comisión de Hacienda, ellos han recibido mensajes en el sentido que generar una caducidad por razones laborales genera problemas”, afirmó Horvath.
Mientras tanto, el senador PS Camilo Escalona, argumenta que las regulaciones laborales y sindicales que establece el proyecto de rescate de la industria son aplicadas después de conocerse todas las ilegalidades que cometen las salmoneras.
Escalona, integrante de la comisión de Pesca y Hacienda del Senado, considera ilegítimo que las firmas empiecen a poner reparos a la iniciativa de ley, después de lo ocurrido, además del mismo hecho de retrasar la tramitación del texto.
“Introdujeron causales de caducidad por prácticas antisindicales. Si hubieran escuchado a los trabajadores, la catástrofe ecológica no hubiese ocurrido por condiciones sanitarias y por impacto medioambiental. Ninguna de esas condiciones de caducidad les gusta esa gente. Además, como antes tenían concesiones perpetuas indefinidas, y ahora quedan a 25 años, tampoco eso les gusta. Pero claramente la voluntad del gremio salmonero es interrumpir el trámite legislativo”, denunció Escalona.
En el gobierno, el Ministerio de Economía analiza que no logrará aprobar el proyecto antes de las elecciones de diciembre, tampoco bastando la segunda vuelta como fecha para conseguir su despacho a ley, argumentando las campañas electorales y el receso de la Cámara de Dipuatdos como factores.
Respecto de los contenidos de las normas ambientales y laborales, el ministro de Economía, Hugo Lavados prefirió señalar que se tramitarán como cualquier otro artículo de la ley, para conseguir su aprobación definitiva.
“Hay mejor ánimo para seguir trabajando en temas legislativos, pero aquellos más complejos van a tener, necesariamente, una cierta demora. Hay muchas disposiciones que pueden haber sacado más rápido o más lento el proyecto. Aquí hay que conjugar los puntos de vista, las opiniones de muchos actores y perspectivas diferentes y eso es lo que ha sido necesario y que vamos continuar haciendo, si eso es la tarea y lo que tenemos que hacer es que las cosas funcionen, tenemos que hacer que los temas avancen y que logremos salir adelante”, sostuvo Lavados.
El proyecto tiene modificaciones, si se aprueban por la sala del Senado deberá ir a tercer trámite el texto a la Cámara de Diputados.
Un factor a considerar es que el texto modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, permitiendo entregar en hipoteca a los bancos las concesiones acuícolas, lo que para diversas organizaciones sociales es interpretado como una privatización del mar chileno.
El proyecto de rescate salmonero consiste en la implementación de un sistema de créditos por 450 millones de dólares, aportados por el Fisco pero administrados por los bancos, para la recuperación de la industria, fuertemente golpeada por el virus Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) y el piojo de mar.
El proyecto cumplió su primer trámite en la Cámara de Diputados, y fue despachado por la comisión de Pesca del Senado, pero no ha sido despachado por la comisión de Hacienda, retrasando su aprobación.
El texto establece una serie de regulaciones laborales, que incluso contemplan la caducidad de las concesiones acuícolas si es que una firma ha cometido una serie de violaciones a los derechos laborales.
El Senador RN Antonio Horvath, presidente de la comisión de Pesca del Senado, señala que esta norma es resistida y de ahí su poca velocidad de tramitación.
“El gobierno no le ha dado la urgencia que merece este proyecto. He conversado con cada uno de los integrantes de la comisión de Hacienda, ellos han recibido mensajes en el sentido que generar una caducidad por razones laborales genera problemas”, afirmó Horvath.
Mientras tanto, el senador PS Camilo Escalona, argumenta que las regulaciones laborales y sindicales que establece el proyecto de rescate de la industria son aplicadas después de conocerse todas las ilegalidades que cometen las salmoneras.
Escalona, integrante de la comisión de Pesca y Hacienda del Senado, considera ilegítimo que las firmas empiecen a poner reparos a la iniciativa de ley, después de lo ocurrido, además del mismo hecho de retrasar la tramitación del texto.
“Introdujeron causales de caducidad por prácticas antisindicales. Si hubieran escuchado a los trabajadores, la catástrofe ecológica no hubiese ocurrido por condiciones sanitarias y por impacto medioambiental. Ninguna de esas condiciones de caducidad les gusta esa gente. Además, como antes tenían concesiones perpetuas indefinidas, y ahora quedan a 25 años, tampoco eso les gusta. Pero claramente la voluntad del gremio salmonero es interrumpir el trámite legislativo”, denunció Escalona.
En el gobierno, el Ministerio de Economía analiza que no logrará aprobar el proyecto antes de las elecciones de diciembre, tampoco bastando la segunda vuelta como fecha para conseguir su despacho a ley, argumentando las campañas electorales y el receso de la Cámara de Dipuatdos como factores.
Respecto de los contenidos de las normas ambientales y laborales, el ministro de Economía, Hugo Lavados prefirió señalar que se tramitarán como cualquier otro artículo de la ley, para conseguir su aprobación definitiva.
“Hay mejor ánimo para seguir trabajando en temas legislativos, pero aquellos más complejos van a tener, necesariamente, una cierta demora. Hay muchas disposiciones que pueden haber sacado más rápido o más lento el proyecto. Aquí hay que conjugar los puntos de vista, las opiniones de muchos actores y perspectivas diferentes y eso es lo que ha sido necesario y que vamos continuar haciendo, si eso es la tarea y lo que tenemos que hacer es que las cosas funcionen, tenemos que hacer que los temas avancen y que logremos salir adelante”, sostuvo Lavados.
El proyecto tiene modificaciones, si se aprueban por la sala del Senado deberá ir a tercer trámite el texto a la Cámara de Diputados.
Un factor a considerar es que el texto modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, permitiendo entregar en hipoteca a los bancos las concesiones acuícolas, lo que para diversas organizaciones sociales es interpretado como una privatización del mar chileno.
