Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no tienen posibilidad de ser amnistiados según la legislación internacional que Chile ha hecho propia ratificando diferentes cuerpos legales y convenios internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma.
Así lo explicaron en el gobierno al criticar la afirmación del candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera quien, en una reunión con la agrupación “Chile mi patria” conformada por ex militares del Ejército, dijo que en un eventual gobierno no eternizaría los juicios por causas de violaciones a los derechos humanos.
Sobre las expresiones de Piñera el vicepresidente, Edmundo Pérez, señaló que no entiende la profundidad del planteamiento, ya que para las intenciones del candidato se necesitaría una Ley de Punto Final, cuestión que no dejó clara el presidenciable.
“Yo no sé cuál es la profundidad de ese planteamiento, pues la verdad de las cosas para que los juicios no fueran eternos habría que dictar alguna legislación de punto final, que yo no sé si esa es la intención”, afirmó Pérez.
En la misma línea, la vocera del Ejecutivo, Carolina Tohá, comentó que para terminar con los juicios se requiere que se establezca una ley de punto final, por lo que emplazó a Piñera a precisar si sus dichos apuntan en ese sentido.
Respecto de la idea, también expresada por Piñera, que en el Museo de la Memoria se integre a militares que murieron durante la dictadura, Tohá subrayó que el objetivo de este espacio es mostrar los sucesos de una época en donde fue una política de Estado la violación a los derechos humanos cometidas por las instituciones armadas y policiales, además de agentes organizados en torno a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y luego en la Central Nacional de Informaciones (CNI).
En la reunión con los ex miembros del ejército, Piñera se explayó sobre el debido proceso, la presunción de inocencia y "la aplicación correcta del principio de prescripción de los delitos” y dijo que en su gobierno se velaría para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos, incluyendo a quienes están en servicio activo o en retiro, “sin arbitrariedades y en forma oportuna”.
Ante las propuestas de Piñera, el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, recordó que en Chile existe el debido proceso.
“Yo creo que en Chile se asegura a todos los ciudadanos el debido proceso y si alguien estima que ello no se produce debiera señalar caso por caso situación particular en qué ejemplo él ve que no se ha respectad. Creo que eso en Chile se respeta bastante bien”, recalcó Juica.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro afirmó que con esta acción, Piñera asumió el compromiso de instalar la impunidad frente a las violaciones a los Derechos Humanos.
Cabe destacar que esta organización se reunió con los candidatos presidenciales Jorge Arrate y Marco Enríquez- Ominami. En esa ocasión afirmó que se extendió una invitación similar a Sebastián Piñera, pero que nunca hubo confirmación ni respuesta a la invitación. Ayer, Piñera declinó referirse al tema.
Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no tienen posibilidad de ser amnistiados según la legislación internacional que Chile ha hecho propia ratificando diferentes cuerpos legales y convenios internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma.
Así lo explicaron en el gobierno al criticar la afirmación del candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera quien, en una reunión con la agrupación “Chile mi patria” conformada por ex militares del Ejército, dijo que en un eventual gobierno no eternizaría los juicios por causas de violaciones a los derechos humanos.
Sobre las expresiones de Piñera el vicepresidente, Edmundo Pérez, señaló que no entiende la profundidad del planteamiento, ya que para las intenciones del candidato se necesitaría una Ley de Punto Final, cuestión que no dejó clara el presidenciable.
“Yo no sé cuál es la profundidad de ese planteamiento, pues la verdad de las cosas para que los juicios no fueran eternos habría que dictar alguna legislación de punto final, que yo no sé si esa es la intención”, afirmó Pérez.
En la misma línea, la vocera del Ejecutivo, Carolina Tohá, comentó que para terminar con los juicios se requiere que se establezca una ley de punto final, por lo que emplazó a Piñera a precisar si sus dichos apuntan en ese sentido.
Respecto de la idea, también expresada por Piñera, que en el Museo de la Memoria se integre a militares que murieron durante la dictadura, Tohá subrayó que el objetivo de este espacio es mostrar los sucesos de una época en donde fue una política de Estado la violación a los derechos humanos cometidas por las instituciones armadas y policiales, además de agentes organizados en torno a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y luego en la Central Nacional de Informaciones (CNI).
En la reunión con los ex miembros del ejército, Piñera se explayó sobre el debido proceso, la presunción de inocencia y "la aplicación correcta del principio de prescripción de los delitos” y dijo que en su gobierno se velaría para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos, incluyendo a quienes están en servicio activo o en retiro, “sin arbitrariedades y en forma oportuna”.
Ante las propuestas de Piñera, el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, recordó que en Chile existe el debido proceso.
“Yo creo que en Chile se asegura a todos los ciudadanos el debido proceso y si alguien estima que ello no se produce debiera señalar caso por caso situación particular en qué ejemplo él ve que no se ha respectad. Creo que eso en Chile se respeta bastante bien”, recalcó Juica.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro afirmó que con esta acción, Piñera asumió el compromiso de instalar la impunidad frente a las violaciones a los Derechos Humanos.
Cabe destacar que esta organización se reunió con los candidatos presidenciales Jorge Arrate y Marco Enríquez- Ominami. En esa ocasión afirmó que se extendió una invitación similar a Sebastián Piñera, pero que nunca hubo confirmación ni respuesta a la invitación. Ayer, Piñera declinó referirse al tema.
Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y no tienen posibilidad de ser amnistiados según la legislación internacional que Chile ha hecho propia ratificando diferentes cuerpos legales y convenios internacionales, entre ellos el Estatuto de Roma.
Así lo explicaron en el gobierno al criticar la afirmación del candidato presidencial de la Coalición por el Cambio, Sebastián Piñera quien, en una reunión con la agrupación “Chile mi patria” conformada por ex militares del Ejército, dijo que en un eventual gobierno no eternizaría los juicios por causas de violaciones a los derechos humanos.
Sobre las expresiones de Piñera el vicepresidente, Edmundo Pérez, señaló que no entiende la profundidad del planteamiento, ya que para las intenciones del candidato se necesitaría una Ley de Punto Final, cuestión que no dejó clara el presidenciable.
“Yo no sé cuál es la profundidad de ese planteamiento, pues la verdad de las cosas para que los juicios no fueran eternos habría que dictar alguna legislación de punto final, que yo no sé si esa es la intención”, afirmó Pérez.
En la misma línea, la vocera del Ejecutivo, Carolina Tohá, comentó que para terminar con los juicios se requiere que se establezca una ley de punto final, por lo que emplazó a Piñera a precisar si sus dichos apuntan en ese sentido.
Respecto de la idea, también expresada por Piñera, que en el Museo de la Memoria se integre a militares que murieron durante la dictadura, Tohá subrayó que el objetivo de este espacio es mostrar los sucesos de una época en donde fue una política de Estado la violación a los derechos humanos cometidas por las instituciones armadas y policiales, además de agentes organizados en torno a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y luego en la Central Nacional de Informaciones (CNI).
En la reunión con los ex miembros del ejército, Piñera se explayó sobre el debido proceso, la presunción de inocencia y "la aplicación correcta del principio de prescripción de los delitos” y dijo que en su gobierno se velaría para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos, incluyendo a quienes están en servicio activo o en retiro, “sin arbitrariedades y en forma oportuna”.
Ante las propuestas de Piñera, el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, recordó que en Chile existe el debido proceso.
“Yo creo que en Chile se asegura a todos los ciudadanos el debido proceso y si alguien estima que ello no se produce debiera señalar caso por caso situación particular en qué ejemplo él ve que no se ha respectad. Creo que eso en Chile se respeta bastante bien”, recalcó Juica.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro afirmó que con esta acción, Piñera asumió el compromiso de instalar la impunidad frente a las violaciones a los Derechos Humanos.
Cabe destacar que esta organización se reunió con los candidatos presidenciales Jorge Arrate y Marco Enríquez- Ominami. En esa ocasión afirmó que se extendió una invitación similar a Sebastián Piñera, pero que nunca hubo confirmación ni respuesta a la invitación. Ayer, Piñera declinó referirse al tema.
