La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que crea el Ministerio del Medioambiente. Las principales enmiendas de la iniciativa se relacionaban con la participación ciudadana en distintos procesos de evaluación ambiental, esto provocó molestia en el oficialismo.
El proyecto en lo básico, crea el Ministerio del Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medioambiente
El Senado en segundo trámite estableció que en la etapa de diseño de los proyectos de evaluación, se deberá integrar a otros órganos de la administración del Estado, además en la aprobación se deberán considerar criterios de desarrollo regional.
Si bien el proyecto logró su aprobación y despacho a ley, generó molestia en la Concertación el hecho que no se consideraran una serie de normas que buscaban fortalecer la participación ciudadana dentro de la institucionalidad ambiental. Esto argumentando un acuerdo por un acuerdo político suscrito en el Senado entre gobierno y Alianza.
El diputado PS Alfonso de Urresti, lamentó el resultado final del texto, ya que las indiciaciones hechas por el Senado restan participación a la ciudadanía y llamó a los senadores a pensar el país a largo plazo.
“Creíamos que las indicaciones que había hecho el Senado restaba participación, eso es lo que buscábamos, reforzar esa línea, reforzar esa capacidad a la altura de un país como Chile, que enfrenta el siglo XXI con mucha presión sobre sus recursos naturales. Lo que les pediría es que los senadores proyecten mucho más al futuro el país que estamos construyendo, no sólo con una visión de corto plazo”, señaló Urresti.
Si bien existen normas que establecen posibilidades de hacer observaciones y presentar recursos de reclamación, estos no son vinculantes respecto de las resoluciones ambientales.
La ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, señaló que lejos de estas aprehensiones, hay que valorar la fundación de la nueva institucionalidad ambiental.
“El cien por ciento de unanimidad en todos los aspectos de un proyecto tan complejo como este, pueden resultar imposible. Sin embargo, no hay un solo parlamentario de la República que esté en condiciones de buena fe de dejar de reconocer que tener un Ministerio de medio ambiente para Chile es elevar el estatus jurídico, el estatus institucional y también político del tema ambiental”, recalcó Uriarte.
Otro de los factores resistidos es el hecho que los Intendentes no serán excluidos de las resoluciones ambientales, lo que genera las sospechas de su rol, dado su alto poder ejecutivo regional.
Con este resultado el proyecto queda despachado a ley y será promulgado por la Presidenta de la República. Se estima que el próximo año debería estar implementado en su totalidad la nueva secretaría de Estado
La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que crea el Ministerio del Medioambiente. Las principales enmiendas de la iniciativa se relacionaban con la participación ciudadana en distintos procesos de evaluación ambiental, esto provocó molestia en el oficialismo.
El proyecto en lo básico, crea el Ministerio del Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medioambiente
El Senado en segundo trámite estableció que en la etapa de diseño de los proyectos de evaluación, se deberá integrar a otros órganos de la administración del Estado, además en la aprobación se deberán considerar criterios de desarrollo regional.
Si bien el proyecto logró su aprobación y despacho a ley, generó molestia en la Concertación el hecho que no se consideraran una serie de normas que buscaban fortalecer la participación ciudadana dentro de la institucionalidad ambiental. Esto argumentando un acuerdo por un acuerdo político suscrito en el Senado entre gobierno y Alianza.
El diputado PS Alfonso de Urresti, lamentó el resultado final del texto, ya que las indiciaciones hechas por el Senado restan participación a la ciudadanía y llamó a los senadores a pensar el país a largo plazo.
“Creíamos que las indicaciones que había hecho el Senado restaba participación, eso es lo que buscábamos, reforzar esa línea, reforzar esa capacidad a la altura de un país como Chile, que enfrenta el siglo XXI con mucha presión sobre sus recursos naturales. Lo que les pediría es que los senadores proyecten mucho más al futuro el país que estamos construyendo, no sólo con una visión de corto plazo”, señaló Urresti.
Si bien existen normas que establecen posibilidades de hacer observaciones y presentar recursos de reclamación, estos no son vinculantes respecto de las resoluciones ambientales.
La ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, señaló que lejos de estas aprehensiones, hay que valorar la fundación de la nueva institucionalidad ambiental.
“El cien por ciento de unanimidad en todos los aspectos de un proyecto tan complejo como este, pueden resultar imposible. Sin embargo, no hay un solo parlamentario de la República que esté en condiciones de buena fe de dejar de reconocer que tener un Ministerio de medio ambiente para Chile es elevar el estatus jurídico, el estatus institucional y también político del tema ambiental”, recalcó Uriarte.
Otro de los factores resistidos es el hecho que los Intendentes no serán excluidos de las resoluciones ambientales, lo que genera las sospechas de su rol, dado su alto poder ejecutivo regional.
Con este resultado el proyecto queda despachado a ley y será promulgado por la Presidenta de la República. Se estima que el próximo año debería estar implementado en su totalidad la nueva secretaría de Estado
La Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que crea el Ministerio del Medioambiente. Las principales enmiendas de la iniciativa se relacionaban con la participación ciudadana en distintos procesos de evaluación ambiental, esto provocó molestia en el oficialismo.
El proyecto en lo básico, crea el Ministerio del Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medioambiente
El Senado en segundo trámite estableció que en la etapa de diseño de los proyectos de evaluación, se deberá integrar a otros órganos de la administración del Estado, además en la aprobación se deberán considerar criterios de desarrollo regional.
Si bien el proyecto logró su aprobación y despacho a ley, generó molestia en la Concertación el hecho que no se consideraran una serie de normas que buscaban fortalecer la participación ciudadana dentro de la institucionalidad ambiental. Esto argumentando un acuerdo por un acuerdo político suscrito en el Senado entre gobierno y Alianza.
El diputado PS Alfonso de Urresti, lamentó el resultado final del texto, ya que las indiciaciones hechas por el Senado restan participación a la ciudadanía y llamó a los senadores a pensar el país a largo plazo.
“Creíamos que las indicaciones que había hecho el Senado restaba participación, eso es lo que buscábamos, reforzar esa línea, reforzar esa capacidad a la altura de un país como Chile, que enfrenta el siglo XXI con mucha presión sobre sus recursos naturales. Lo que les pediría es que los senadores proyecten mucho más al futuro el país que estamos construyendo, no sólo con una visión de corto plazo”, señaló Urresti.
Si bien existen normas que establecen posibilidades de hacer observaciones y presentar recursos de reclamación, estos no son vinculantes respecto de las resoluciones ambientales.
La ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, señaló que lejos de estas aprehensiones, hay que valorar la fundación de la nueva institucionalidad ambiental.
“El cien por ciento de unanimidad en todos los aspectos de un proyecto tan complejo como este, pueden resultar imposible. Sin embargo, no hay un solo parlamentario de la República que esté en condiciones de buena fe de dejar de reconocer que tener un Ministerio de medio ambiente para Chile es elevar el estatus jurídico, el estatus institucional y también político del tema ambiental”, recalcó Uriarte.
Otro de los factores resistidos es el hecho que los Intendentes no serán excluidos de las resoluciones ambientales, lo que genera las sospechas de su rol, dado su alto poder ejecutivo regional.
Con este resultado el proyecto queda despachado a ley y será promulgado por la Presidenta de la República. Se estima que el próximo año debería estar implementado en su totalidad la nueva secretaría de Estado
