Continúa la tensión entre el Poder Judicial y el Ministerio Público por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender hasta nuevo aviso las audiencias de preparación de juicio oral contra María del Pilar Pérez, alias la “Quintrala”, y el sicario José Mario Ruz.
El martes, la instancia constitucional paralizó el proceso que lleva a cabo la fiscalía contra la mujer por la decisión del juez de garantía, Daniel Aravena, que inhabilitó y citó a declarar como testigo a uno de los fiscales del caso, Patricio Caroca.
La presidenta del capítulo regional de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, cuestionó el accionar del fiscal metropolitano de la zona oriente, Javier Armendáriz, que impugnó la inclusión de Caroca como testigo de los imputados en esta polémica causa.
“Con la acción de la fiscalía regional hoy tenemos paralizada una causa que es de un tremendo interés público. No sabemos hasta cuándo va a estar paralizada. ¿Qué es lo que realmente nos interesa? ¿Nos interesa llevar a juicio la causa en las mejores condiciones de legitimidad o no es eso lo que realmente nos interesa? Y yo no voy a dar la respuestas, la ciudadanía es la que tendrá que juzgar”, afirmó Zapata.
Así mismo, el presidente subrogante de la Corte Suprema, Milton Juica, sostuvo que nadie puede tener temor de prestar declaración ante los tribunales.
“La obligación de declarar en un tribunal es una carga pública que le afecta a todos los tribunales de la República. Son muy escasas las situaciones en que una persona está impedida de declarar, la ley establece cuando una persona puede eximirse, por ejemplo el secreto profesional es uno de esos casos, y a veces hay fórmulas para mitigar el tema de la declaración, porque la ley también consulta que se puede hacer por medio de oficio, etc. En Chile nadie puede tener temor de prestar una declaración porque es una exigencia que establece la misma ley”, recalcó Juica.
En el Ministerio Público señalan que no están preocupados por la citación del fiscal Caroca a declarar como testigo en el caso, sino por la decisión del juez de inhabilitarlo. Según el fiscal Javier Armendáriz, esto representa una invasión de atribuciones, pues las inhabilidades las debe resolver la propia fiscalía.
En paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite la queja disciplinaria contra el juez de garantía que tramita este proceso. De esta manera, los acusados y las víctimas deberán esperar hasta marzo o abril de 2010 para que se reinicie el proceso y se abra este juicio oral.
Continúa la tensión entre el Poder Judicial y el Ministerio Público por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender hasta nuevo aviso las audiencias de preparación de juicio oral contra María del Pilar Pérez, alias la “Quintrala”, y el sicario José Mario Ruz.
El martes, la instancia constitucional paralizó el proceso que lleva a cabo la fiscalía contra la mujer por la decisión del juez de garantía, Daniel Aravena, que inhabilitó y citó a declarar como testigo a uno de los fiscales del caso, Patricio Caroca.
La presidenta del capítulo regional de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, cuestionó el accionar del fiscal metropolitano de la zona oriente, Javier Armendáriz, que impugnó la inclusión de Caroca como testigo de los imputados en esta polémica causa.
“Con la acción de la fiscalía regional hoy tenemos paralizada una causa que es de un tremendo interés público. No sabemos hasta cuándo va a estar paralizada. ¿Qué es lo que realmente nos interesa? ¿Nos interesa llevar a juicio la causa en las mejores condiciones de legitimidad o no es eso lo que realmente nos interesa? Y yo no voy a dar la respuestas, la ciudadanía es la que tendrá que juzgar”, afirmó Zapata.
Así mismo, el presidente subrogante de la Corte Suprema, Milton Juica, sostuvo que nadie puede tener temor de prestar declaración ante los tribunales.
“La obligación de declarar en un tribunal es una carga pública que le afecta a todos los tribunales de la República. Son muy escasas las situaciones en que una persona está impedida de declarar, la ley establece cuando una persona puede eximirse, por ejemplo el secreto profesional es uno de esos casos, y a veces hay fórmulas para mitigar el tema de la declaración, porque la ley también consulta que se puede hacer por medio de oficio, etc. En Chile nadie puede tener temor de prestar una declaración porque es una exigencia que establece la misma ley”, recalcó Juica.
En el Ministerio Público señalan que no están preocupados por la citación del fiscal Caroca a declarar como testigo en el caso, sino por la decisión del juez de inhabilitarlo. Según el fiscal Javier Armendáriz, esto representa una invasión de atribuciones, pues las inhabilidades las debe resolver la propia fiscalía.
En paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite la queja disciplinaria contra el juez de garantía que tramita este proceso. De esta manera, los acusados y las víctimas deberán esperar hasta marzo o abril de 2010 para que se reinicie el proceso y se abra este juicio oral.
Continúa la tensión entre el Poder Judicial y el Ministerio Público por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender hasta nuevo aviso las audiencias de preparación de juicio oral contra María del Pilar Pérez, alias la “Quintrala”, y el sicario José Mario Ruz.
El martes, la instancia constitucional paralizó el proceso que lleva a cabo la fiscalía contra la mujer por la decisión del juez de garantía, Daniel Aravena, que inhabilitó y citó a declarar como testigo a uno de los fiscales del caso, Patricio Caroca.
La presidenta del capítulo regional de la Asociación de Magistrados, Francisca Zapata, cuestionó el accionar del fiscal metropolitano de la zona oriente, Javier Armendáriz, que impugnó la inclusión de Caroca como testigo de los imputados en esta polémica causa.
“Con la acción de la fiscalía regional hoy tenemos paralizada una causa que es de un tremendo interés público. No sabemos hasta cuándo va a estar paralizada. ¿Qué es lo que realmente nos interesa? ¿Nos interesa llevar a juicio la causa en las mejores condiciones de legitimidad o no es eso lo que realmente nos interesa? Y yo no voy a dar la respuestas, la ciudadanía es la que tendrá que juzgar”, afirmó Zapata.
Así mismo, el presidente subrogante de la Corte Suprema, Milton Juica, sostuvo que nadie puede tener temor de prestar declaración ante los tribunales.
“La obligación de declarar en un tribunal es una carga pública que le afecta a todos los tribunales de la República. Son muy escasas las situaciones en que una persona está impedida de declarar, la ley establece cuando una persona puede eximirse, por ejemplo el secreto profesional es uno de esos casos, y a veces hay fórmulas para mitigar el tema de la declaración, porque la ley también consulta que se puede hacer por medio de oficio, etc. En Chile nadie puede tener temor de prestar una declaración porque es una exigencia que establece la misma ley”, recalcó Juica.
En el Ministerio Público señalan que no están preocupados por la citación del fiscal Caroca a declarar como testigo en el caso, sino por la decisión del juez de inhabilitarlo. Según el fiscal Javier Armendáriz, esto representa una invasión de atribuciones, pues las inhabilidades las debe resolver la propia fiscalía.
En paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite la queja disciplinaria contra el juez de garantía que tramita este proceso. De esta manera, los acusados y las víctimas deberán esperar hasta marzo o abril de 2010 para que se reinicie el proceso y se abra este juicio oral.
