¿Qué hay que hacer, dónde se deberían poner los acentos para acelerar las decisiones en el dominio de la educación superior?, son las interrogantes que intentó responder el Consejo de Rectores ante los cambios que exige el sistema de educación superior.
Por lo mismo, en el lanzamiento del libro “El Consejo de Rectores ante los desafíos de las Universidades Chilenas en el Bicentenario” se puso sobre la mesa varios de los puntos para abordar estas inquietudes.
En los últimos años esta entidad ha trabajado para elaborar las propuestas que cumplan con las transformaciones que se esperan.
Por lo mismo la instancia de rectores participó activamente en el Consejo Asesor Presidencial para la educación superior el año 2007 y al finalizar esas sesiones se hizo cargo de responder al mandato de la Presidenta de la república, Michelle Bachelet, de continuar y profundizar este debate.
El Consejo convocó durante los años 2008 y 2009, tanto a sus integrantes, como a grupos académicos a abordar este desafío, quienes después de un arduo análisis sellaron en este texto sus conclusiones.
El vicepresidente Ejecutivo del Consejo y rector de la Universidad de Chile, Víctor Perez, explicó uno de los puntos principales de la propuesta que se refiere a la formación que implica que “las carreras tengan mayor flexibilidad y que sean más breves en el caso de que los estándares de calidad así lo permitan y siempre centrada en lo que los jóvenes profesionales deben saber y hacer”.
La máxima autoridad de la U agregó además que “queremos un pregrado articulado con la formación técnica profesional y con los postgrados, con la consecuencia que eso va a significar que las familias van a gastar menos en la educación de sus hijos y el país se beneficiará por el trabajo de los que ingresan a su mundo laboral”.
Otros tópicos estaban referidos al mejoramiento del área científica e investigación, corregir desequilibrios regionales, la necesidad de un Programa de Becas Chile, pero dentro del país y acreditaciones obligatorias para todas las universidades y carreras.
En el tema de la institucionalidad, se propone crear una subsecretaría de educación superior, ciencia y tecnología.
Respecto al financiamiento, en Chile se destina el 2,1 por ciento del Producto Geográfico Bruto o PGB a la educación superior; el 1,8 por ciento corresponde a aporte privado y sólo el 0.3 por ciento viene del Estado, pero los rectores proponen aumentar ese aporte en uno por ciento, es decir, que sea del 1, 3 del PGB de aquí al 2015, lo que implica mil 700 millones de dólares más para este sector.
El abogado y académico, Agustin Squella, comentó el documento y concluyó que existe una lucha entre el optimismo y la desazón ante este tema, pero aseguró que la iniciativa de los rectores refleja un acuerdo más allá de las particularidades que puede integrar más aristas, como el cambio de los estatutos internos.
“Por cuerpos normativos dictados por un gobierno militar, que junto con crear a la mayoría de las instituciones estatales de educación superior, las intervino. Como era de esperar en un régimen de ese tipo concentró excesivas atribuciones en autoridades unipersonales de las instituciones, especialmente los rectores en desmedro de instancias razonablemente colegiadas. Destaco la inclusión del capítulo de este documento del rol que le corresponde a las casas de estudio en el desarrollo de las artes y las humanidades”, precisó el quien es premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009.
En este camino, distintos llamados han realizado las universidades como la política del “Nuevo Trato” del Estado con estas instituciones como ha informado en reiteradas ocasiones Víctor Pérez.
“Los estudios y las evidencias están sobre la mesa, hay un amplio consenso al respecto y es el momento de adoptar definiciones y hacerlas realidad”, concluyó el rector de la Universidad de Chile.
¿Qué hay que hacer, dónde se deberían poner los acentos para acelerar las decisiones en el dominio de la educación superior?, son las interrogantes que intentó responder el Consejo de Rectores ante los cambios que exige el sistema de educación superior.
Por lo mismo, en el lanzamiento del libro “El Consejo de Rectores ante los desafíos de las Universidades Chilenas en el Bicentenario” se puso sobre la mesa varios de los puntos para abordar estas inquietudes.
En los últimos años esta entidad ha trabajado para elaborar las propuestas que cumplan con las transformaciones que se esperan.
Por lo mismo la instancia de rectores participó activamente en el Consejo Asesor Presidencial para la educación superior el año 2007 y al finalizar esas sesiones se hizo cargo de responder al mandato de la Presidenta de la república, Michelle Bachelet, de continuar y profundizar este debate.
El Consejo convocó durante los años 2008 y 2009, tanto a sus integrantes, como a grupos académicos a abordar este desafío, quienes después de un arduo análisis sellaron en este texto sus conclusiones.
El vicepresidente Ejecutivo del Consejo y rector de la Universidad de Chile, Víctor Perez, explicó uno de los puntos principales de la propuesta que se refiere a la formación que implica que “las carreras tengan mayor flexibilidad y que sean más breves en el caso de que los estándares de calidad así lo permitan y siempre centrada en lo que los jóvenes profesionales deben saber y hacer”.
La máxima autoridad de la U agregó además que “queremos un pregrado articulado con la formación técnica profesional y con los postgrados, con la consecuencia que eso va a significar que las familias van a gastar menos en la educación de sus hijos y el país se beneficiará por el trabajo de los que ingresan a su mundo laboral”.
Otros tópicos estaban referidos al mejoramiento del área científica e investigación, corregir desequilibrios regionales, la necesidad de un Programa de Becas Chile, pero dentro del país y acreditaciones obligatorias para todas las universidades y carreras.
En el tema de la institucionalidad, se propone crear una subsecretaría de educación superior, ciencia y tecnología.
Respecto al financiamiento, en Chile se destina el 2,1 por ciento del Producto Geográfico Bruto o PGB a la educación superior; el 1,8 por ciento corresponde a aporte privado y sólo el 0.3 por ciento viene del Estado, pero los rectores proponen aumentar ese aporte en uno por ciento, es decir, que sea del 1, 3 del PGB de aquí al 2015, lo que implica mil 700 millones de dólares más para este sector.
El abogado y académico, Agustin Squella, comentó el documento y concluyó que existe una lucha entre el optimismo y la desazón ante este tema, pero aseguró que la iniciativa de los rectores refleja un acuerdo más allá de las particularidades que puede integrar más aristas, como el cambio de los estatutos internos.
“Por cuerpos normativos dictados por un gobierno militar, que junto con crear a la mayoría de las instituciones estatales de educación superior, las intervino. Como era de esperar en un régimen de ese tipo concentró excesivas atribuciones en autoridades unipersonales de las instituciones, especialmente los rectores en desmedro de instancias razonablemente colegiadas. Destaco la inclusión del capítulo de este documento del rol que le corresponde a las casas de estudio en el desarrollo de las artes y las humanidades”, precisó el quien es premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009.
En este camino, distintos llamados han realizado las universidades como la política del “Nuevo Trato” del Estado con estas instituciones como ha informado en reiteradas ocasiones Víctor Pérez.
“Los estudios y las evidencias están sobre la mesa, hay un amplio consenso al respecto y es el momento de adoptar definiciones y hacerlas realidad”, concluyó el rector de la Universidad de Chile.
¿Qué hay que hacer, dónde se deberían poner los acentos para acelerar las decisiones en el dominio de la educación superior?, son las interrogantes que intentó responder el Consejo de Rectores ante los cambios que exige el sistema de educación superior.
Por lo mismo, en el lanzamiento del libro “El Consejo de Rectores ante los desafíos de las Universidades Chilenas en el Bicentenario” se puso sobre la mesa varios de los puntos para abordar estas inquietudes.
En los últimos años esta entidad ha trabajado para elaborar las propuestas que cumplan con las transformaciones que se esperan.
Por lo mismo la instancia de rectores participó activamente en el Consejo Asesor Presidencial para la educación superior el año 2007 y al finalizar esas sesiones se hizo cargo de responder al mandato de la Presidenta de la república, Michelle Bachelet, de continuar y profundizar este debate.
El Consejo convocó durante los años 2008 y 2009, tanto a sus integrantes, como a grupos académicos a abordar este desafío, quienes después de un arduo análisis sellaron en este texto sus conclusiones.
El vicepresidente Ejecutivo del Consejo y rector de la Universidad de Chile, Víctor Perez, explicó uno de los puntos principales de la propuesta que se refiere a la formación que implica que “las carreras tengan mayor flexibilidad y que sean más breves en el caso de que los estándares de calidad así lo permitan y siempre centrada en lo que los jóvenes profesionales deben saber y hacer”.
La máxima autoridad de la U agregó además que “queremos un pregrado articulado con la formación técnica profesional y con los postgrados, con la consecuencia que eso va a significar que las familias van a gastar menos en la educación de sus hijos y el país se beneficiará por el trabajo de los que ingresan a su mundo laboral”.
Otros tópicos estaban referidos al mejoramiento del área científica e investigación, corregir desequilibrios regionales, la necesidad de un Programa de Becas Chile, pero dentro del país y acreditaciones obligatorias para todas las universidades y carreras.
En el tema de la institucionalidad, se propone crear una subsecretaría de educación superior, ciencia y tecnología.
Respecto al financiamiento, en Chile se destina el 2,1 por ciento del Producto Geográfico Bruto o PGB a la educación superior; el 1,8 por ciento corresponde a aporte privado y sólo el 0.3 por ciento viene del Estado, pero los rectores proponen aumentar ese aporte en uno por ciento, es decir, que sea del 1, 3 del PGB de aquí al 2015, lo que implica mil 700 millones de dólares más para este sector.
El abogado y académico, Agustin Squella, comentó el documento y concluyó que existe una lucha entre el optimismo y la desazón ante este tema, pero aseguró que la iniciativa de los rectores refleja un acuerdo más allá de las particularidades que puede integrar más aristas, como el cambio de los estatutos internos.
“Por cuerpos normativos dictados por un gobierno militar, que junto con crear a la mayoría de las instituciones estatales de educación superior, las intervino. Como era de esperar en un régimen de ese tipo concentró excesivas atribuciones en autoridades unipersonales de las instituciones, especialmente los rectores en desmedro de instancias razonablemente colegiadas. Destaco la inclusión del capítulo de este documento del rol que le corresponde a las casas de estudio en el desarrollo de las artes y las humanidades”, precisó el quien es premio nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2009.
En este camino, distintos llamados han realizado las universidades como la política del “Nuevo Trato” del Estado con estas instituciones como ha informado en reiteradas ocasiones Víctor Pérez.
“Los estudios y las evidencias están sobre la mesa, hay un amplio consenso al respecto y es el momento de adoptar definiciones y hacerlas realidad”, concluyó el rector de la Universidad de Chile.
