A instancias internacionales podría llegar la demanda de la revista Punto Final en contra del Estado Chileno por la discriminación a que está sometida la prensa independiente en la distribución de la publicidad fiscal.
El hecho se remonta hace aproximadamente tres años cuando se presentó una denuncia por la concentración del avisaje del Estado en los dos grandes consorcios periodísticos, El Mercurio y Copesa (La Tercera )a la Fiscalía Nacional económica, instancia que fue rechazada después de largo tiempo de investigación. Luego recurrieron al Tribunal de la Libre competencia (TDLC), que también rechazó el pasado 12 de noviembre la demanda de la revista Punto Final.
El director de la publicación, Manuel Cabieses, reconoció que nunca esperaron un fallo distinto del TDLC. Además anunció que apelará a la Corte Suprema, para lo cual se dispone de un plazo de diez días y no descartó recurrir a instancias internacionales.
“Había que pasar por este conducto para generar la condición que permita alegar ante tribunales superiores nuestra causa. Y es lo que vamos a hacer porque en ningún momento imaginamos que el TDLC iba a fallar a favor nuestro y a enjuiciar al Estado del cual es parte de estar cometiendo una arbitrariedad en materia de publicidad”, indicó Cabieses.
Por su parte, el abogado querellante, Alberto Espinoza, declaró que “las implicancias que tiene la concentración del avisaje publicitario en lo que llamamos el duopolio de la prensa sobrepasa el ámbito netamente mercantil, puesto que los alcances que tienen los medios de comunicación afectan el derecho a la información, lo que es sustantivo para la configuración del sistema democrático desde todo punto de vista”.
Mismos aspectos se revisaron en el XIII Congreso Nacional Ordinario, organizado por el Colegio de Periodistas de Chile, donde se debatió sobre el duopolio en la prensa escrita y un oligopolio en la audiovisual y radial.
En este sentido, el director para América Latina de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, comentó que es irrisorio pensar en libertad de prensa si no existe una legislación fuerte que prohíba la concentración de los medios de comunicación.
“En esta materia hace falta no sólo debatir sino que legislar para ir impidiendo o combatiendo la existencia de monopolios que controlan todo un mercado, que es de información e ideas y que tiene que contar con alguna regulación”, dijo.
Las denuncias realizadas tanto por Vivanco como por Cabieses son compartidas por diversos actores periodísticos como el presidente del gremio, Abraham Santibáñez y la premio Nacional de Periodismo 2009, María Olivia Mönckeberg, quienes acusan a los empresarios de ser culpables de la falta de motivación de los jóvenes, ya que aseguran que la concentración de los medios estanca el debate y la participación juvenil.
A instancias internacionales podría llegar la demanda de la revista Punto Final en contra del Estado Chileno por la discriminación a que está sometida la prensa independiente en la distribución de la publicidad fiscal.
El hecho se remonta hace aproximadamente tres años cuando se presentó una denuncia por la concentración del avisaje del Estado en los dos grandes consorcios periodísticos, El Mercurio y Copesa (La Tercera )a la Fiscalía Nacional económica, instancia que fue rechazada después de largo tiempo de investigación. Luego recurrieron al Tribunal de la Libre competencia (TDLC), que también rechazó el pasado 12 de noviembre la demanda de la revista Punto Final.
El director de la publicación, Manuel Cabieses, reconoció que nunca esperaron un fallo distinto del TDLC. Además anunció que apelará a la Corte Suprema, para lo cual se dispone de un plazo de diez días y no descartó recurrir a instancias internacionales.
“Había que pasar por este conducto para generar la condición que permita alegar ante tribunales superiores nuestra causa. Y es lo que vamos a hacer porque en ningún momento imaginamos que el TDLC iba a fallar a favor nuestro y a enjuiciar al Estado del cual es parte de estar cometiendo una arbitrariedad en materia de publicidad”, indicó Cabieses.
Por su parte, el abogado querellante, Alberto Espinoza, declaró que “las implicancias que tiene la concentración del avisaje publicitario en lo que llamamos el duopolio de la prensa sobrepasa el ámbito netamente mercantil, puesto que los alcances que tienen los medios de comunicación afectan el derecho a la información, lo que es sustantivo para la configuración del sistema democrático desde todo punto de vista”.
Mismos aspectos se revisaron en el XIII Congreso Nacional Ordinario, organizado por el Colegio de Periodistas de Chile, donde se debatió sobre el duopolio en la prensa escrita y un oligopolio en la audiovisual y radial.
En este sentido, el director para América Latina de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, comentó que es irrisorio pensar en libertad de prensa si no existe una legislación fuerte que prohíba la concentración de los medios de comunicación.
“En esta materia hace falta no sólo debatir sino que legislar para ir impidiendo o combatiendo la existencia de monopolios que controlan todo un mercado, que es de información e ideas y que tiene que contar con alguna regulación”, dijo.
Las denuncias realizadas tanto por Vivanco como por Cabieses son compartidas por diversos actores periodísticos como el presidente del gremio, Abraham Santibáñez y la premio Nacional de Periodismo 2009, María Olivia Mönckeberg, quienes acusan a los empresarios de ser culpables de la falta de motivación de los jóvenes, ya que aseguran que la concentración de los medios estanca el debate y la participación juvenil.
A instancias internacionales podría llegar la demanda de la revista Punto Final en contra del Estado Chileno por la discriminación a que está sometida la prensa independiente en la distribución de la publicidad fiscal.
El hecho se remonta hace aproximadamente tres años cuando se presentó una denuncia por la concentración del avisaje del Estado en los dos grandes consorcios periodísticos, El Mercurio y Copesa (La Tercera )a la Fiscalía Nacional económica, instancia que fue rechazada después de largo tiempo de investigación. Luego recurrieron al Tribunal de la Libre competencia (TDLC), que también rechazó el pasado 12 de noviembre la demanda de la revista Punto Final.
El director de la publicación, Manuel Cabieses, reconoció que nunca esperaron un fallo distinto del TDLC. Además anunció que apelará a la Corte Suprema, para lo cual se dispone de un plazo de diez días y no descartó recurrir a instancias internacionales.
“Había que pasar por este conducto para generar la condición que permita alegar ante tribunales superiores nuestra causa. Y es lo que vamos a hacer porque en ningún momento imaginamos que el TDLC iba a fallar a favor nuestro y a enjuiciar al Estado del cual es parte de estar cometiendo una arbitrariedad en materia de publicidad”, indicó Cabieses.
Por su parte, el abogado querellante, Alberto Espinoza, declaró que “las implicancias que tiene la concentración del avisaje publicitario en lo que llamamos el duopolio de la prensa sobrepasa el ámbito netamente mercantil, puesto que los alcances que tienen los medios de comunicación afectan el derecho a la información, lo que es sustantivo para la configuración del sistema democrático desde todo punto de vista”.
Mismos aspectos se revisaron en el XIII Congreso Nacional Ordinario, organizado por el Colegio de Periodistas de Chile, donde se debatió sobre el duopolio en la prensa escrita y un oligopolio en la audiovisual y radial.
En este sentido, el director para América Latina de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, comentó que es irrisorio pensar en libertad de prensa si no existe una legislación fuerte que prohíba la concentración de los medios de comunicación.
“En esta materia hace falta no sólo debatir sino que legislar para ir impidiendo o combatiendo la existencia de monopolios que controlan todo un mercado, que es de información e ideas y que tiene que contar con alguna regulación”, dijo.
Las denuncias realizadas tanto por Vivanco como por Cabieses son compartidas por diversos actores periodísticos como el presidente del gremio, Abraham Santibáñez y la premio Nacional de Periodismo 2009, María Olivia Mönckeberg, quienes acusan a los empresarios de ser culpables de la falta de motivación de los jóvenes, ya que aseguran que la concentración de los medios estanca el debate y la participación juvenil.
