El Decreto Supremo 124 que reglamenta el artículo 34 de la Ley Indígena es fuertemente rechazado por los pueblos originarios, ya que afirman que restringe las garantías del Convenio 169 de la OIT. Dirigentes de las comunidades, señalaron que irán a la OIT para plantear sus preocupaciones.
El Decreto Supremo N° 124 que reglamenta el artículo 34 de la Ley Indígena 19.253 mantiene el rechazo de las comunidades originarias.
El pasado 25 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial en medio de numerosas críticas que acusan a este documento de limitar el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta y participación de los pueblos indígenas.
Por unanimidad, los dirigentes indígenas pertenecientes a la Mesa Regional de Arica y Parinacota y del Área de Desarrollo Indígena de la región (ADI), rechazaron el decreto y plantearon que el gobierno debe sustentarlo en los artículos 6 y 7 del Convenio 169, ratificado por Chile y que se encuentra en plena vigencia desde 15 de septiembre de este año.
Francisco Rivera, consejero Nacional del Pueblo Aymara, manifestó que los procedimientos de “consulta” no responden a los estándares internacionales.
“Ha sido un decreto que se hizo en cuatro paredes, no se nos consultó nunca a las comunidades. Como está sustentado en el artículo 34 de la Ley Indígena, a nosotros nos parece que la ley indígena es irrelevante, porque solamente genera la participación de las comunidades y las asociaciones reconocidas por ley y no todo el mundo, no todo el movimiento indígena está en este tipo de organizaciones. Nosotros seguimos diciendo que el convenio 169 es una herramienta importante, pero el decreto donde hay que darle administración a este convenio, no nos sirve, no nos ayuda”, señaló Rivera.
Según el artículo 6 del Convenio, los Estados deberán consultar a los pueblos indígenas “mediante procedimientos apropiados”, a través de instituciones representativas, y deberán ser llevadas a cabo “de buena fe" con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Los dirigentes se comprometieron a trabajar por un nuevo decreto, en un escenario complejo porque el ministerio de la Secretaria General de la Presidencia comenzó este mes, y continuará en diciembre, un proceso de participación sobre el diseño del plan de consulta. Por medio de mesas regionales, el gobierno pretendería buscar opiniones sobre el tema.
Rivera aseguró que esta medida induce a validar el irregular "reglamento provisional sobre consultas", mientras Aucan Huilcamán del Consejo de Todas las Tierras, aseguró que continúa el proceso de desconfianza a este tipo de formas de participación, más aún si es sobre documentos que sólo restringen las herramientas del Convenio 169.
“Todo tiene por objeto restringir y diluir el Convenio 169. El gobierno está haciendo todo un esfuerzo para eliminar la utilidad del Convenio 169, y es lamentable. Nosotros vamos a recurrir prontamente a la OIT para plantear estas preocupaciones, debido a que se esta convirtiendo en letra muerta el convenio, que las organizaciones pensaban que era una oportunidad para el reconocimiento y protección de los derechos indígenas” afirmó Huilcamán.
El dirigente mapuche aseguró que este procedimiento es de “mala fe” y “a medias”, por esta razón reiteró que no existe una agenda común con el Ejecutivo, lo que agrava esta situación y tensiona las relaciones entre la autoridad y el llamado de las comunidades.
El Decreto Supremo 124 que reglamenta el artículo 34 de la Ley Indígena es fuertemente rechazado por los pueblos originarios, ya que afirman que restringe las garantías del Convenio 169 de la OIT. Dirigentes de las comunidades, señalaron que irán a la OIT para plantear sus preocupaciones.
El Decreto Supremo N° 124 que reglamenta el artículo 34 de la Ley Indígena 19.253 mantiene el rechazo de las comunidades originarias.
El pasado 25 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial en medio de numerosas críticas que acusan a este documento de limitar el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta y participación de los pueblos indígenas.
Por unanimidad, los dirigentes indígenas pertenecientes a la Mesa Regional de Arica y Parinacota y del Área de Desarrollo Indígena de la región (ADI), rechazaron el decreto y plantearon que el gobierno debe sustentarlo en los artículos 6 y 7 del Convenio 169, ratificado por Chile y que se encuentra en plena vigencia desde 15 de septiembre de este año.
Francisco Rivera, consejero Nacional del Pueblo Aymara, manifestó que los procedimientos de “consulta” no responden a los estándares internacionales.
“Ha sido un decreto que se hizo en cuatro paredes, no se nos consultó nunca a las comunidades. Como está sustentado en el artículo 34 de la Ley Indígena, a nosotros nos parece que la ley indígena es irrelevante, porque solamente genera la participación de las comunidades y las asociaciones reconocidas por ley y no todo el mundo, no todo el movimiento indígena está en este tipo de organizaciones. Nosotros seguimos diciendo que el convenio 169 es una herramienta importante, pero el decreto donde hay que darle administración a este convenio, no nos sirve, no nos ayuda”, señaló Rivera.
Según el artículo 6 del Convenio, los Estados deberán consultar a los pueblos indígenas “mediante procedimientos apropiados”, a través de instituciones representativas, y deberán ser llevadas a cabo “de buena fe" con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Los dirigentes se comprometieron a trabajar por un nuevo decreto, en un escenario complejo porque el ministerio de la Secretaria General de la Presidencia comenzó este mes, y continuará en diciembre, un proceso de participación sobre el diseño del plan de consulta. Por medio de mesas regionales, el gobierno pretendería buscar opiniones sobre el tema.
Rivera aseguró que esta medida induce a validar el irregular "reglamento provisional sobre consultas", mientras Aucan Huilcamán del Consejo de Todas las Tierras, aseguró que continúa el proceso de desconfianza a este tipo de formas de participación, más aún si es sobre documentos que sólo restringen las herramientas del Convenio 169.
“Todo tiene por objeto restringir y diluir el Convenio 169. El gobierno está haciendo todo un esfuerzo para eliminar la utilidad del Convenio 169, y es lamentable. Nosotros vamos a recurrir prontamente a la OIT para plantear estas preocupaciones, debido a que se esta convirtiendo en letra muerta el convenio, que las organizaciones pensaban que era una oportunidad para el reconocimiento y protección de los derechos indígenas” afirmó Huilcamán.
El dirigente mapuche aseguró que este procedimiento es de “mala fe” y “a medias”, por esta razón reiteró que no existe una agenda común con el Ejecutivo, lo que agrava esta situación y tensiona las relaciones entre la autoridad y el llamado de las comunidades.
El Decreto Supremo 124 que reglamenta el artículo 34 de la Ley Indígena es fuertemente rechazado por los pueblos originarios, ya que afirman que restringe las garantías del Convenio 169 de la OIT. Dirigentes de las comunidades, señalaron que irán a la OIT para plantear sus preocupaciones.
El Decreto Supremo N° 124 que reglamenta el artículo 34 de la Ley Indígena 19.253 mantiene el rechazo de las comunidades originarias.
El pasado 25 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial en medio de numerosas críticas que acusan a este documento de limitar el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la consulta y participación de los pueblos indígenas.
Por unanimidad, los dirigentes indígenas pertenecientes a la Mesa Regional de Arica y Parinacota y del Área de Desarrollo Indígena de la región (ADI), rechazaron el decreto y plantearon que el gobierno debe sustentarlo en los artículos 6 y 7 del Convenio 169, ratificado por Chile y que se encuentra en plena vigencia desde 15 de septiembre de este año.
Francisco Rivera, consejero Nacional del Pueblo Aymara, manifestó que los procedimientos de “consulta” no responden a los estándares internacionales.
“Ha sido un decreto que se hizo en cuatro paredes, no se nos consultó nunca a las comunidades. Como está sustentado en el artículo 34 de la Ley Indígena, a nosotros nos parece que la ley indígena es irrelevante, porque solamente genera la participación de las comunidades y las asociaciones reconocidas por ley y no todo el mundo, no todo el movimiento indígena está en este tipo de organizaciones. Nosotros seguimos diciendo que el convenio 169 es una herramienta importante, pero el decreto donde hay que darle administración a este convenio, no nos sirve, no nos ayuda”, señaló Rivera.
Según el artículo 6 del Convenio, los Estados deberán consultar a los pueblos indígenas “mediante procedimientos apropiados”, a través de instituciones representativas, y deberán ser llevadas a cabo “de buena fe" con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.
Los dirigentes se comprometieron a trabajar por un nuevo decreto, en un escenario complejo porque el ministerio de la Secretaria General de la Presidencia comenzó este mes, y continuará en diciembre, un proceso de participación sobre el diseño del plan de consulta. Por medio de mesas regionales, el gobierno pretendería buscar opiniones sobre el tema.
Rivera aseguró que esta medida induce a validar el irregular "reglamento provisional sobre consultas", mientras Aucan Huilcamán del Consejo de Todas las Tierras, aseguró que continúa el proceso de desconfianza a este tipo de formas de participación, más aún si es sobre documentos que sólo restringen las herramientas del Convenio 169.
“Todo tiene por objeto restringir y diluir el Convenio 169. El gobierno está haciendo todo un esfuerzo para eliminar la utilidad del Convenio 169, y es lamentable. Nosotros vamos a recurrir prontamente a la OIT para plantear estas preocupaciones, debido a que se esta convirtiendo en letra muerta el convenio, que las organizaciones pensaban que era una oportunidad para el reconocimiento y protección de los derechos indígenas” afirmó Huilcamán.
El dirigente mapuche aseguró que este procedimiento es de “mala fe” y “a medias”, por esta razón reiteró que no existe una agenda común con el Ejecutivo, lo que agrava esta situación y tensiona las relaciones entre la autoridad y el llamado de las comunidades.
