Virginia Marcell es una chilena pensionada de 57 años, a quien se le diagnosticó un cáncer metástico renal de carácter terminal que debe tratar con ocho dosis de 50 miligramos de un medicamento llamado Sutent.
La cantidad necesaria de fármaco para que Virginia alargue su vida en cinco años, cuesta tres millones 800 mil pesos, el total del tratamiento le cuesta más de 30 y su pensión sólo supera levemente los cien mil pesos.
Por eso, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual ordenó al Hospital San Juan de Dios a ofrecerle un tratamiento gratuito.
El argumento fue que “se vulnera el derecho a la vida”, pues “encontrándose a disposición de las autoridades de Salud los medios que contribuyan al tratamiento médico que se le prescribió, se le niegan por consideraciones que no aparecen debidamente fundamentadas ni concordantes con la tutela a la vida”.
Virginia no pierde las esperanzas y pidió a la Corte Suprema que acelere el trámite judicial y resuelva de manera urgente el recurso por razones humanitarias.
“De esto depende mi vida. En estos momentos, sólo me derivaron a los tratamientos paliativos para calmar el dolor. Me pueden dar un remedio o una inyección para detener las molestias, pero no así el cáncer”, comentó.
Sin embargo, las autoridades de la salud apelaron a este recurso. Ante esto, el senador Guido Girardi, quien asesora a la paciente en este litigio, calificó de inmoral la actitud y solicitó la renuncia de la directora del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Carolina Cerón.
“Apelo a este fallo porque viola el juramento Hipocrático que hacemos los médicos y las normas más básicas de convivencia en la sociedad. Esas personas no pueden estar dirigiendo ni hospitales, ni servicios de salud, ni ministerios”, sentenció el parlamentario.
La idea de la solicitud es que esta semana quede resuelto la resolución final de la justicia, sin embargo, el presidente de la Corte de Apelaciones, Jorge Dahm, manifestó que la decisión depende del máximo tribunal.
“El servicio de salud ha apelado a la resolución de esta Corte y no ha hecho más que hacer uso de un derecho que le confiere la ley, de tal modo que eso está dentro de los cánones normales y la velocidad en que sea acogido depende del tribunal supremo no de nosotros”, precisó el ministro.
Anteriormente, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente argumentó que Virginia solicitó acogerse al Fondo de Auxilio Extraordinario que concede el ministerio de Salud, puesto que el medicamento no está en existencia en el recinto hospitalario.
Ese fondo es de manejo discrecional de la cartera, pero la respuesta que le dieron a Virginia para denegarle el beneficio fue que ella es una paciente terminal, aunque ella asegura que luchará hasta las últimas instancias por seguir viviendo.
Virginia Marcell es una chilena pensionada de 57 años, a quien se le diagnosticó un cáncer metástico renal de carácter terminal que debe tratar con ocho dosis de 50 miligramos de un medicamento llamado Sutent.
La cantidad necesaria de fármaco para que Virginia alargue su vida en cinco años, cuesta tres millones 800 mil pesos, el total del tratamiento le cuesta más de 30 y su pensión sólo supera levemente los cien mil pesos.
Por eso, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual ordenó al Hospital San Juan de Dios a ofrecerle un tratamiento gratuito.
El argumento fue que “se vulnera el derecho a la vida”, pues “encontrándose a disposición de las autoridades de Salud los medios que contribuyan al tratamiento médico que se le prescribió, se le niegan por consideraciones que no aparecen debidamente fundamentadas ni concordantes con la tutela a la vida”.
Virginia no pierde las esperanzas y pidió a la Corte Suprema que acelere el trámite judicial y resuelva de manera urgente el recurso por razones humanitarias.
“De esto depende mi vida. En estos momentos, sólo me derivaron a los tratamientos paliativos para calmar el dolor. Me pueden dar un remedio o una inyección para detener las molestias, pero no así el cáncer”, comentó.
Sin embargo, las autoridades de la salud apelaron a este recurso. Ante esto, el senador Guido Girardi, quien asesora a la paciente en este litigio, calificó de inmoral la actitud y solicitó la renuncia de la directora del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Carolina Cerón.
“Apelo a este fallo porque viola el juramento Hipocrático que hacemos los médicos y las normas más básicas de convivencia en la sociedad. Esas personas no pueden estar dirigiendo ni hospitales, ni servicios de salud, ni ministerios”, sentenció el parlamentario.
La idea de la solicitud es que esta semana quede resuelto la resolución final de la justicia, sin embargo, el presidente de la Corte de Apelaciones, Jorge Dahm, manifestó que la decisión depende del máximo tribunal.
“El servicio de salud ha apelado a la resolución de esta Corte y no ha hecho más que hacer uso de un derecho que le confiere la ley, de tal modo que eso está dentro de los cánones normales y la velocidad en que sea acogido depende del tribunal supremo no de nosotros”, precisó el ministro.
Anteriormente, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente argumentó que Virginia solicitó acogerse al Fondo de Auxilio Extraordinario que concede el ministerio de Salud, puesto que el medicamento no está en existencia en el recinto hospitalario.
Ese fondo es de manejo discrecional de la cartera, pero la respuesta que le dieron a Virginia para denegarle el beneficio fue que ella es una paciente terminal, aunque ella asegura que luchará hasta las últimas instancias por seguir viviendo.
Virginia Marcell es una chilena pensionada de 57 años, a quien se le diagnosticó un cáncer metástico renal de carácter terminal que debe tratar con ocho dosis de 50 miligramos de un medicamento llamado Sutent.
La cantidad necesaria de fármaco para que Virginia alargue su vida en cinco años, cuesta tres millones 800 mil pesos, el total del tratamiento le cuesta más de 30 y su pensión sólo supera levemente los cien mil pesos.
Por eso, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la cual ordenó al Hospital San Juan de Dios a ofrecerle un tratamiento gratuito.
El argumento fue que “se vulnera el derecho a la vida”, pues “encontrándose a disposición de las autoridades de Salud los medios que contribuyan al tratamiento médico que se le prescribió, se le niegan por consideraciones que no aparecen debidamente fundamentadas ni concordantes con la tutela a la vida”.
Virginia no pierde las esperanzas y pidió a la Corte Suprema que acelere el trámite judicial y resuelva de manera urgente el recurso por razones humanitarias.
“De esto depende mi vida. En estos momentos, sólo me derivaron a los tratamientos paliativos para calmar el dolor. Me pueden dar un remedio o una inyección para detener las molestias, pero no así el cáncer”, comentó.
Sin embargo, las autoridades de la salud apelaron a este recurso. Ante esto, el senador Guido Girardi, quien asesora a la paciente en este litigio, calificó de inmoral la actitud y solicitó la renuncia de la directora del Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Carolina Cerón.
“Apelo a este fallo porque viola el juramento Hipocrático que hacemos los médicos y las normas más básicas de convivencia en la sociedad. Esas personas no pueden estar dirigiendo ni hospitales, ni servicios de salud, ni ministerios”, sentenció el parlamentario.
La idea de la solicitud es que esta semana quede resuelto la resolución final de la justicia, sin embargo, el presidente de la Corte de Apelaciones, Jorge Dahm, manifestó que la decisión depende del máximo tribunal.
“El servicio de salud ha apelado a la resolución de esta Corte y no ha hecho más que hacer uso de un derecho que le confiere la ley, de tal modo que eso está dentro de los cánones normales y la velocidad en que sea acogido depende del tribunal supremo no de nosotros”, precisó el ministro.
Anteriormente, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente argumentó que Virginia solicitó acogerse al Fondo de Auxilio Extraordinario que concede el ministerio de Salud, puesto que el medicamento no está en existencia en el recinto hospitalario.
Ese fondo es de manejo discrecional de la cartera, pero la respuesta que le dieron a Virginia para denegarle el beneficio fue que ella es una paciente terminal, aunque ella asegura que luchará hasta las últimas instancias por seguir viviendo.
